El lunes 2 y martes 3 de junio de 2025 está agendado el juicio oral por supuesto lavado de activos, en el cual está imputado el escribano Dardo Trossero; y los productores agropecuarios José María Rodríguez (h); Anabella y Cristian Haberkon. El debate será ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, que tiene prevista la declaración de cuatro testigos el primer día y seis testigos el segundo día.   

Rodríguez, los hermanos Haberkon y el escribano Trossero están imputados por el supuesto delito de lavado de activos, contemplado en el Artículo 303 del Código Penal. Es decir, se les achaca querer darle apariencia de licitud a bienes que provienen de un ilícito. Todos fueron denunciados en el Juzgado Federal de Paraná por Norma Rodríguez, con la representación de su abogado Bernardo Iturraspe, en el año 2017.    

José María Rodríguez es el sobrino de Norma Rodríguez. Es responsable, según la querella, de desprenderse de bienes del acervo hereditario de la familia y despojar a la mujer de su patrimonio. Para conseguirlo, echó mano de servicios de Escribanía y contactó con compradores que recibieron hectáreas de campo del departamento Paraná, que debieron estar inmovilizadas porque eran parte de un juicio sucesorio en el que Norma fue declarada heredera legítima.  

Para el debate se notificó al fiscal General José Ignacio Candioti; los defensores particulares de los imputados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik (en representación de los hermanos Haberkon); Emilio Fouces (como abogado del escribano Trossero) y Mercedes Maiztegui (como defensora del sobrino de Norma Rodríguez). Asistirá, además, el abogado Bernardo Iturraspe como querellante.

Ventas y trasferencias de bienes

El padre de Norma Rodríguez murió en 1987. Su madre, Isabel Amable Avataneo, falleció en 1995. Para ese momento, hacía años que Norma había perdido todo contacto con su familia biológica de Paraná. Desde sus 18 años se fue a estudiar a Buenos Aires, se recibió de socióloga y se dedicó toda la vida a su actividad profesional. El corte con sus vínculos de sangre ocurrió progresivamente, después de atravesar una dura historia personal de sometimiento y malos tratos. Cuando se jubiló, en 2011, Norma Rodríguez comenzó a averiguar a través de la Casa de Entre Ríos qué había sido de sus padres. Se enteró que los dos habían muerto hacía años, y que había un juicio universal abierto en la Justicia provincial desde el año 2000.

El 9 de abril de 2013, Norma Beatriz Rodríguez se presentó en el expediente sucesorio N° 16342, caratulado “Avataneo Isabel amable s/sucesión ab intestato” que se tramitaba en el Juzgado Civil y Comercial 3 de Paraná. Su hermano había omitido denunciarla como heredera, y fue declarado único y legítimo beneficiario de los bienes en 2001. El 6 de junio de 2013, la mujer consiguió interponer una medida cautelar para que no se muevan los bienes de la herencia.

El 7 de junio de 2013, su hermano vendió como único titular y a un precio de $3.500.000 “por debajo del avalúo fiscal, una fracción de campo de 242 hectáreas, identificada bajo número de partida de Catastro 159670, ubicada en el distrito Espinillo, centro rural de La Picada del Departamento Paraná”. El campo fue comprado por la empresa “Criluan S.R.L. representada por Cristian Javier Haberkon y Anabella María Haberkon, operatoria que fue formalizada mediante escritura N° 112 autorizada por el escribano Dardo José Trossero, titular del registro N° 10 con asiento en Diamante”.

El 9 de agosto de 2013, el hermano de Norma Rodríguez “simuló la venta de dos inmuebles” a su hijo, el sobrino de la mujer que “carecía de capacidad económica”. De ese modo, José María Rodríguez (p) le transfirió a José María Rodríguez (h) “una fracción de campo de 136 hectáreas, identificado bajo número de partida de Catastro 117.970 y una fracción de campo de 37 hectáreas, identificado bajo número de partida de Catastro 193.917, por la suma total de $3.500.000”. El traspaso se formalizó mediante “escritura N° 173”, autorizada por Trossero.  Para la compra, el sobrino de Norma “recibió un préstamo ficticio de $3.500.000 de la firma ‘Thraun S.R.L.’, lo cual fue materializado mediante Escritura N°174 de la misma fecha, del escribano Trossero, en cuya garantía se gravó con derecho real de hipoteca los inmuebles en cuestión”.

El 22 de junio de 2017, el sobrino de Norma “vendió a la Caja de Previsión Social para profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos, una fracción de campo de 37 hectáreas”. La porción de tierra fue identificada bajo número de “partida de Catastro 193.917, por la suma de U$S188.550 en efectivo, lo cual fue formalizado a través de la escritura N° 100 de la escribana Marta Graciela OndarÇuhu”.

El 4 de julio de 2017, el sobrino de Norma vendió otra porción de campo a la Caja de Previsión Social para profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos de “137 hectáreas, identificado bajo número de partida de Catastro 117.970, por la suma de U$S685.266, abonando la suma de U$S350.000 en efectivo el 22 de junio de 2017, y U$S335.266 en  efectivo el 4 de julio de 2017”. Todo fue formalizado “a través de la Escritura N° 108 de la escribana Marta Graciela OndarÇuhu”.

Pese a las denuncias y pedidos de investigación en la justicia civil y penal, en los tribunales provinciales siempre entendieron que se vencieron plazos, que no hubo delitos de acción pública, que todo ocurrió en un contexto de conflicto patrimonial entre particulares. En 2019 falleció el hermano de Norma Rodríguez. En 2021 hubo una sentencia de Cámara que estableció de modo definitivo que la mujer es heredera legítima de Isabel Amable Avataneo. Ni la actividad de los abogados que la acompañan desde hace años ni las discusiones sobre los plazos, ni el nuevo Código Civil y Comercial, sirvieron para que le reconozcan como propio parte del patrimonio que fue traspasado del hermano al sobrino de Norma, o vendido a terceras personas jurídicas.

Uno de los puntos defensivos principales tiene que ver con el encuadre penal de la situación. Los defensores sostienen que el “lavado de activos” corresponde a delitos del crimen organizado, contrabando, tráfico ilegal, asociaciones ilícitas, fraude, entre otros. Habrá que esperar al debate para escuchar el relato de la propia Norma, de los imputados y un puñado de testigos: productores agropecuarios, un corredor inmobiliario, una escribana, contadores, una funcionaria de Lavado de Activos de la Agencia de Recaudación (ex AFIP) y un inspector del mismo organismo, entre otros.

Análisis / Natalia Buiatti