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Rascacielos, crisis de vivienda y sospechas de lavado: El dinero argentino alimenta un boom de edificios de lujo en Paraguay
Publicado
hace 3 mesesel

Asunción vive un crecimiento exponencial de edificios de lujo y enfrenta desafíos por las sospechas sobre la proveniencia del capital que está detrás.
La esquina de Tacuarí y 25 de mayo, en Asunción, Paraguay, presenta una postal de esta ciudad: la vereda está tomada, no se puede circular y se extienden, a lo largo de casi dos cuadras, decenas de carpas precarias en las que viven familias completas. A 50 cuadras, la segunda postal: desde el Shopping Mariscal se ven decenas de edificios de lujo en construcción. ¿Qué futuro tendrán esos edificios? Posiblemente, el de la tercera postal, que muestra decenas de torres, construidas en los últimos años, que a la noche parecen fantasmas. Son departamentos apagados, vacíos, alrededor del Paseo La Galería, sobre la avenida Santa Teresa. Nadie vive allí. Una buena parte de la explicación está de nuestro lado de la frontera.
Paraguay se ha convertido, por condiciones fiscales y estabilidad económica, en “casi un paraíso fiscal”, como dijo en 2019 el expresidente Mario Abdo Benítez para tratar de atraer inversiones.
Distintas fuentes, desde el mercado inmobiliario hasta funcionarios del gobierno, sostienen que en los últimos 15 años gran parte de las inversiones fueron argentinas. Estiman que más de la mitad. Ese número necesita obtenerse así, a partir de fuentes conocedoras, porque una parte no se identifica como inversión extranjera directa, o se oculta detrás de mecanismos y sociedades combinadas con actores paraguayos.
Asunción pierde habitantes y agudiza una falta de disponibilidad de viviendas a precios razonables, mientras que se cocina lo que −para una parte del mercado− podría culminar en una burbuja inmobiliaria. Los proyectos que se terminaron en los últimos años, o que están en proceso de construcción, proveen servicios que muy pocos pueden pagar. Así se gesta una incoherencia entre la oferta y la demanda, por la que los precios de alquiler, por ejemplo, tienden a la baja. Pero muchas torres siguen desocupadas. Y, sin embargo, con nuevos capitales provenientes de Brasil, Chile, Rusia y Europa, entre otros, los edificios se siguen erigiendo.
En la capital, a unos 20 minutos de la postal del campamento en la vereda, se encuentra en proceso de construcción “Petra Imperiale”, un rascacielos que será el cuarto más alto de Sudamérica, totalmente residencial. Tendrá 73 pisos y 250 metros de altura, e incluirá tres niveles de exclusivos amenities, como un spa de lujo en el piso 61. Apunta al concepto de “resort living”, vivir en una suerte de hotel con atisbos de all inclusive. Tendrá, en el medio del proyecto, una plaza inspirada en Roma, con fuentes, empedrados, arcos que asemejen al ambiente del Trastevere, y callecitas arboladas, con un ristorante italiano y una gelatería. ¿Quién puede pagarlo?
El corredor de Santa Teresa, las torres Jade y el complejo del Palacio Los Patos, sobre la avenida Santísima Trinidad, son otros ejemplos. Este último, en particular, fue desarrollado por un grupo de argentinos con una inversión que superó los US$60 millones.

Alertas de lavado
A lo largo de los años, Paraguay ha recibido alertas de la Argentina por posibles casos de lavado, como fue el de Lázaro Báez. El empresario kirchnerista, en los dos años anteriores a su detención, viajó a Paraguay por lo menos 14 veces en avión privado y junto a empresarios y funcionarios paraguayos, entre los que estaban Guillermo Misiano, presidente de la empresa PTP Group; Diego José Nieves, gerente general de la misma; Lautaro Jason Ferrieri, gerente comercial regional; Leopoldo Sunino, gerente terminal portuario de Villeta; Manuel Misiano, Martín Joarist y Fernando Nicora López Moreira, exdiputado y presidente de puertos, y Hermann Weisensee Samson, asesor jurídico de la Administración Nacional de Navegación y Puertos paraguaya.
El fenómeno de Asunción se replica, con fuerte incidencia argentina, en Encarnación, la ciudad paraguaya del otro lado de Posadas, cruzando el Rio Paraná. Con un corto viaje de lancha llegan a sus propiedades argentinos de la tierra colorada, que tienen casa alrededor de Agua Vista.
El control y la lucha contra el lavado de dinero está a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Unidad de Información Financiera paraguaya. La encabeza la exfiscal Liliana Alcaraz, que dejó su cargo en la Justicia para asumir la función ejecutiva. Su designación causó polémica en el escenario político, ya que una parte de la oposición la denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento por haber, presuntamente, frenado investigaciones clave que involucraban al expresidente Horacio Cartes. Una de ellas fue la relativa al caso del avión venezolano-iraní de Emtrasur, que aterrizó en Ezeiza, para lo que se sospecha era transporte de cigarrillos de Tabesa, la compañía de tabaco de Cartes. Se la acusa, también, de haber frenado los informes públicos periódicos que publicaba la Seprelad.
Un relevamiento oficial identificó al menos 297 propiedades en Paraguay construidas con dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, muchas de las cuales están bajo la administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico).
Las ciudades fronterizas con Brasil -como Pedro Juan Caballero (Amambay), Juan E. O’Leary (Alto Paraná) y Mariano Roque Alonso (Central)- concentran el mayor número de inmuebles identificados. Asunción también aparece en el mapa con unas 20 propiedades, incluyendo una ubicada en el barrio Panambi Retã, vinculada a un testaferro del narco Jarvis Chimenes Pavão. Esta información, publicada a fines de 2023, formó parte de una evaluación nacional de riesgos impulsada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“La economía en esta ciudad se sustenta en el movimiento de dinero, no en la creación de valor”, explicó a este medio un exfuncionario. Una de las razones para ese ingreso de fondos es la facilidad para obtener licencias de no control de la proveniencia del capital a invertir.
Son determinantes la situación tributaria y otras facilidades que atraen a quienes buscan alivio fiscal y flexibilidad migratoria. Paraguay ofrece un sistema de tributación territorial, donde solo se pagan impuestos por ingresos generados dentro del país, y que no grava las rentas extranjeras. Además, aunque adhirió al acuerdo internacional CRS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Paraguay aún no intercambia información fiscal de manera activa con otros países. El proceso para obtener la residencia es rápido, económico y no exige vivir en Paraguay ni tener propiedades. Esto incentiva las inversiones, sumado a una economía estable, bajo nivel de deuda y un impuesto del 0% sobre ingresos del exterior.
Como a partir de estas condiciones entran capitales limpios, también se gesta un ambiente fértil para el lavado de dinero proveniente de la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, advierten los especialistas. El presidente Santiago Peña rechaza estos señalamientos, pero el último índice global de crimen organizado ubicó a Paraguay en el cuarto puesto entre más de 150 países, detrás de Myanmar, Colombia y México.
La Nación
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Reforma laboral: Puntos centrales del proyecto que impulsa el Gobierno
Publicado
hace 2 horasel
30 de octubre de 2025
El Consejo de Mayo avanza en la redacción final del proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso. Las modificaciones abarcan indemnizaciones, vacaciones, licencias, beneficios no remunerativos y condiciones de trabajo.
El Poder Ejecutivo, la UIA, la CGT, gobernadores y legisladores nacionales vienen trabajando desde hace meses en una propuesta de reforma laboral dentro del marco del Consejo de Mayo. El objetivo, según fuentes oficiales, es modernizar la legislación laboral vigente y reducir la informalidad, que alcanza al 36% de los asalariados y al 42% de los trabajadores independientes, según Argendata.
El borrador, elaborado principalmente por el equipo de Federico Sturzenegger junto a la Universidad de San Andrés, introduce modificaciones de fondo en el régimen de trabajo, incluyendo nuevos criterios de antigüedad, vacaciones fraccionadas y cambios en la forma de calcular las indemnizaciones.
Cambios principales
-Modifica el cálculo indemnizatorio
-Cambia criterios de la antigüedad
-Fracciona las vacaciones
-Modifica las condiciones de trabajo a criterio del empleador
-Incorpora al salario beneficios no remunerativos: comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos— exentos de aportes y con un tope del 10% del salario.
-Otorga retribuciones variables por mérito sin que generen derechos adquiridos
-En caso de enfermedad o accidente inculpable, la reforma reduce la prestación al 80% del salario, de carácter no remunerativo
-La indemnización por despido (artículo 245) mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero incorpora un tope de diez sueldos y excluye el aguinaldo del cálculo.
-Introduce modificaciones ante instancias judiciales.
En principio, esta es la iniciativa que el Poder Ejecutivo aspira a enviar al Congreso para que sea tratado en extraordinarias. El proyecto de la Comisión de Mayo deberá estar finalizado para el 15 de diciembre.
La intención del gobierno de Milei es que el proyecto de ley cuente con el mayor consenso posible para así lograr una rápida aprobación.
Por parte Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), integrante del Consejo de Mayo, admitió que “Nuestros equipos técnicos están trabajando todas las semanas con los integrantes del Consejo de Mayo para que salga el mejor proyecto laboral posible. Hoy por hoy, no hay un proyecto ya cerrado y consensuado. Falta todavía un mes y medio, y seguimos conversando”.
Rechazo de la CGT a una reforma laboral
En tanto, la resistencia a este proyecto de reforma laboral la plantea la CGT, representada en el Consejo de Mayo por Gerardo Martínez. “La CGT quiere construir un dialogo de modernización laboral pro activa al desarrollo a la producción y al trabajo “respondió.
Es decir, el sindicalismo es consciente que se necesita adecuar las normas laborales a los tiempos actuales, pero, aclara “no estamos para nada de acuerdo que el Gobierno y los empresarios pretendan eliminar derechos socio laborales y que relativicen la soberanía de las convenciones colectivas”, asevera Martínez.
Es más, en las reuniones del Consejo de Mayo “la CGT, con argumentos y definiciones”, expresó “un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”, dijo la organización gremial hace unos días.
Este es uno de los puntos más irritativos para el sindicalismo el tema de las negociaciones salariales que se lleven a cabo por empresas y no por gremios como es en la actualidad.
También, al menos en el Poder Ejecutivo, se tiene la intención de eliminar los “aportes obligatorios” de los empleadores a los gremios a través del decreto 149/25. Las cuotas solidarias surgen del artículo N° 9 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo.
Martínez reclama que “el salario siga expuesto a un cepo y variable de ajuste” al tiempo que reclama la generación de empleo y que se contemple la situación de las pymes.
A continuación, los principales aspectos del borrador del proyecto de Ley de Reforma Laboral de 108 artículos que se trabaja en el marco del Consejo de Mayo.
Ámbito de aplicación
La norma amplía el ámbito de aplicación a trabajadores de plataformas digitales, como las apps de reparto. También se aclara que las convenciones colectivas no podrán aplicarse por analogía, cerrando una vía de extensión sindical.
En materia de subcontratación y solidaridad, el artículo 30 pasa a establecer una responsabilidad subsidiaria del contratista principal —y no solidaria— salvo incumplimiento de ciertas obligaciones de control. En paralelo, se redefine la antigüedad laboral: sólo se computará el tiempo efectivamente trabajado, y los reingresos al mismo empleador no conservarán antigüedad previa si superan los dos años.
Uno de los ejes de la reforma es que ARCA concentrará la registración laboral y sustituirá la dispersión actual entre AFIP y otras dependencias (artículos 52 y 55). También se digitalizan los certificados de servicios y remuneraciones (artículo 80), que podrán emitirse y descargarse desde una plataforma virtual.
Salarios, horas y vacaciones
El proyecto introduce ajustes en la facultad del empleador para modificar condiciones de trabajo (artículo 66), ratificando el derecho a cambiar formas o modalidades de prestación siempre que sea razonable. Si el trabajador acredita perjuicio material o moral, podrá considerarse despedido sin causa.
En materia salarial, se amplía la lista de beneficios no remunerativos (artículo 103 bis) —comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos— exentos de aportes y con un tope del 10% del salario.
Además, se crea un nuevo artículo 104 bis que permite incorporar componentes retributivos variables por mérito o situación económica de la empresa, sin que generen derechos adquiridos.
Las vacaciones podrán fraccionarse (artículo 154) en tramos de al menos una semana, y extenderse fuera del período tradicional mediante acuerdo entre las partes. Se introduce además una licencia parental transferible (nuevo artículo 177 bis), que permite a la trabajadora ceder hasta quince días de su licencia por maternidad a su cónyuge o conviviente.
Uno de los puntos más sensibles es la regulación del banco de horas (nuevo artículo 197 bis), que habilita a los convenios colectivos a compensar horas extras y distribuir la jornada en base a promedios semanales, siempre respetando los descansos legales. Se trata de una de las principales herramientas de flexibilidad laboral del texto.
En caso de enfermedad o accidente inculpable, la reforma reduce la prestación al 80% del salario, de carácter no remunerativo, y la condiciona a certificados digitales (artículo 208).
Indemnizaciones y huelga
La indemnización por despido (artículo 245) mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero incorpora un tope de diez sueldos y excluye el aguinaldo del cálculo. Además, habilita la sustitución del régimen tradicional por un fondo de cese laboral o seguro privado, de costo a cargo del empleador. También se crea una indemnización agravada del 50% al 100% en casos de despido discriminatorio (nuevo artículo 245 bis).
El texto regula la actualización de créditos laborales (artículo 276) mediante el índice de precios al consumidor más una tasa anual del 3%, reemplazando las tasas judiciales variables, lo que busca unificar criterios y reducir litigiosidad.
Fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también modifica normas clave. En la Ley 25.877, amplía la lista de servicios esenciales en los que se restringe el derecho de huelga: salud, educación, energía, transporte, telecomunicaciones, aduanas, alimentación y medios de comunicación, entre otros, con la obligación de garantizar al menos el 75% de la prestación.


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