En un giro inesperado del caso, los cuatro agentes policiales imputados por la muerte de Guillermo Ramírez durante un procedimiento en Libertador San Martín el pasado febrero recuperaron su libertad este viernes, aunque con restricciones.

El juez Jorge Barbagelata Xavier accedió al pedido conjunto de fiscalía, querella y defensas, reemplazando la prisión preventiva por medidas alternativas menos severas.

Fernanda Toffoli, Mariana Cepeda, Jonathan Vera y Rubén Ricle quedaron sujetos a estrictas condiciones: tendrán prohibido acercarse a testigos y no podrán ingresar a Libertador San Martín durante los próximos tres meses. La decisión judicial llega después de que declararan unos 30 testigos en una causa que sigue bajo la dirección de la fiscal Romina Blasich, quien inicialmente había solicitado la prisión de los acusados.

Los abogados defensores -Eduardo Gerard (representando a las mujeres) y Nicolás Bronde con Ricardo Temporetti (a los varones)- celebraron la medida mientras continúan impugnando los cargos. Gerard afirmó: “Ningún testigo corroboró las acusaciones de tortura; por el contrario, se confirmó la exhibición obscena”. La querella, a cargo de Nelson Scholotauer, mantiene su posición sobre la responsabilidad policial en el hecho.

El caso, que conmocionó a la comunidad, gira en torno a la muerte de Ramírez, un santafesino de 38 años detenido por presunta exhibición obscena en una plaza. Mientras su familia denuncia violencia institucional -asegurando que solo estaba con el torso descubierto-, las defensas insisten en que no hubo maltratos. El cuerpo permanece retenido a pedido de la defensa, que espera el informe final de autopsia para evitar controversias como las del “caso Goyeneche”.

Los agentes enfrentan cargos de “tortura seguida de muerte”, delito que contempla prisión perpetua, aunque sus abogados ya presentaron objeciones a esta calificación legal. El fallo sobre su situación procesal definitiva se conocerá tras completarse las pericias pendientes, mientras el caso reaviva el debate sobre los límites del uso de la fuerza policial en la provincia.

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