El Poder Ejecutivo rechazó un recurso de apelación jerárquica presentado por los dueños de la residencia gerontológica La Emilia, de General Ramírez, y de ese modo confirmó la sanción de clausura que se le había impuesto por gravísimas irregularidades y malos tratos a las personas allí resientes.

A través el decreto Nº 4.025, del 18 de marzo, el Estado refrendó lo resuelto por el Ministerio de Salud por cuanto, señaló, “de las constancias obrantes en autos surge acreditado de manera incontrastable que desde la residencia gerontológica se han infringido las normas que rigen la prestación del servicio en la Provincia, todo lo cual ha sido debidamente verificado a través del trabajo de los profesionales habilitados para la fiscalización sanitaria y edilicia de las instalaciones del mencionado efector”.

“La recurrente –señala la norma oficial- no ha presentado documentación alguna tendiente a revertir las graves irregularidades constatadas a través de sendas actas de inspección, las cuales justifican plenamente la clausura dispuesta por resolución N° 3250/24 MS, la cual se encuentra debidamente motivada, sin que se advierta arbitrariedad y/o ilegitimidad alguna en la labor de las autoridades intervinientes”.

La clausura de La Emilia II –en calle Triunvirato 1, de General Ramírez- se dispuso por cuanto se constató el incumplimiento sobre condiciones de la planta física de las instalaciones, y “sin que se respetase el derecho de los residentes a recibir un trato digno desde la perspectiva de los derechos humanos y al cuidado y asistencia de personal idóneo, suficiente y capacitado a tal fin; disponiendo la ley que la infracción a tales normas constituye falta gravísimo que podrá sancionarse con la clausura definitiva de la institución”.

Emilia Garcilazo, propietaria de la institución gerontológica, había reprochado lo actuado por Salud.

El 14 de octubre de 2022, la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores del Ministerio de Salud se constituyó en la residencia La Emilia II, oportunidad en la cual “detectó infracciones edilicias y sobrepoblación”. Se otorgó a los responsables del establecimiento un plazo de 30 días para reubicar a las personas debido a la sobrepoblación existente y 60 días para la realización de todas las obras edilicias indicadas.

El 24 de julio de 2023, Juliana Saralegui, trabajadora social de la residencia La Emilia II, realizó un informe sobre denuncias recibidas por supuestos malos tratos a los residentes. Destacó que constató “que en cada habitación hay varias camas y se realizó la observación correspondiente al Sr. Garcilazo y él manifiesta que `está en tratativas de ampliar y mejorar las habitaciones`. Y solicitó “que desde Salud Pública se realice la intervención correspondiente a dichas residencias para evaluar el estado de salud de los abuelos y el estado de las residencias”.

El 26 de enero de 2024, el Equipo Técnico Interdisciplinario de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores del Ministerio de Salud se constituyó en la residencia gerontológica La Emilia II y verificó que había 33 residentes mixtos, los cuales se encontraban “desalineados, con olor a orina, faltos de higiene en general incluida su vestimenta, cuando la capacidad máxima permitida para la residencia es de 8 camas”.

El informe destacó que la institución “no contaba con habilitación municipal, seguro de responsabilidad civil, ni servicio de emergencia”.

Entonces, le otorgaron a La Emilia II un nuevo plazo de 30 días hábiles para ponerse en regla. Y se requirió que a medida que se fueran realizando las modificaciones, se acrediten las mismas por correo electrónico a la Unidad.

El 20 de febrero los propietarios fueron notificados.

El 18 de abril de 2024, el Equipo Técnico Interdisciplinario de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores del Ministerio de Salud se constituyó nuevamente en la Residencia La Emilia II y, observó que “en cuanto a lo edilicio, no presenta mejora alguna ni cambio respecto a lo ya informado”.

Y apuntó: “La situación es más grave y preocupante, es que en lugar de retirar las camas, según lo establecido, se han agregado en mayor número, llegando a la totalidad de 37 camas”. El informe previo había alertado que tenía capacidad máxima para 8 camas el lugar y tenía 33.

Nada había cambiado. Más aún, había empeorado. Así, devino la clausura, sanción que ahora el Poder Ejecutivo refrendó.

Entre Ríos Ahora