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Sandra Pettovello ordenó la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento

Se estima que conserva 6000 toneladas de alimentos sin repartir.

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La ministra Sandra Pettovello realizará la primera entrega de mercadería de su gestión. Se estima que conserva 6000 toneladas de alimentos sin repartir.

En medio de la disputa que mantiene el Ministerio de Capital Humano con la Justicia, que le ordenó que reparta las toneladas de alimentos acopiadas en depósitos, la ministra Sandra Pettovello reconoció que hay mercadería a punto de vencer y ordenó un protocolo de distribución. El Ejército se encargará de realizarlo. Minutos después de conocerse la decisión, despidieron al secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre.

En una auditoría interna, el Ministerio de Capital Humano detectó la cercanía del vencimiento de alimentos almacenados en galpones de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la ciudad tucumana de Tafí Viejo. En ese marco, Pettovello comenzó un proceso de búsqueda de los responsables de no informar al respecto de la situación de esta mercadería y dispuso que el Ejército Argentino garantice una logística rápida y eficiente de distribución, que será la primera de la actual gestión en casi seis meses.

“Todo necesita la firma de la ministra“, afirman desde la cartera a la que se le vencía el plazo judicial para definir la entrega de productos. Precisamente, el fallo del juez Sebastián Casanello hacía hincapié en los depósitos de Villa Martelli Tafí Viejo.

Como consecuencia de este hecho, despidieron a De la Torre, un importante funcionario vinculado a Patricia Bullrich y hermano de uno de sus armadores en la provincia de Buenos Aires, el actual senador bonaerense Joaquín De la Torre. El ahora exsecretario de Niñez y Familia era uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra erosionado por las renuncias y movimientos de direcciones.

Justicia y Capital Humano, en tensión por el reparto de alimentos

En las últimas semanas, el Ministerio de Capital Humano inició una confrontación con la Justicia, que le obligó a informar la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales que se encuentran almacenados y que dispongan un plan de distribución en 72 horas. El Gobierno apeló esa decisión este lunes en un documento rubricado por Leila Gianni, subsecretaria Legal del ministerio, considerando que el magistrado “violó la Constitución Nacional” al “entrometerse” en una política pública del Ejecutivo.

Fuentes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, señalaron para Ámbito que el ministerio “no respondieron la intimación judicial del plan para repartir alimentos. Eso constituye desobediencia y no se puede incumplir, porque sería una especie de alzamiento y confesión del dolo”.

Hasta el momento, no existen detalles del la estrategia de distribución que asumirá el Ministerio de Capital Humano con los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. Sin embargo, la orden de la ministra Pettovello de que el Ejército Argentino disponga una logística en la fecha en que se vencía el plazo judicial expone dos conclusiones: que el fallo judicial permitió que el Gobierno reconozca que la mercadería estaba por expirar y que desde el 10 de diciembre que la cartera encargada no diseñó aún un plan propio de entrega de productos. Según sostienen desde los comedores consultados por este medio, nunca la han ejecutado.

Nacionales

Preocupa a diputados del PJ la paralización del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional y la persecución a dirigentes gremiales

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El bloque de diputados “Más para Entre Ríos” recibió a dirigentes del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional –Distrito Entre Ríos y manifestó su preocupación por la persecución que sufren como represalia a la postura asumida en defensa del organismo nacional.

Tras la resolución de la Justicia Federal, que en julio de este año frenó la aplicación del Decreto 461/25, por el cual el gobierno de Javier Milei eliminaba la Dirección Nacional de Vialidad junto a otros organismos vinculados a la seguridad en el transporte, los referentes sindicales comenzaron a sufrir persecución y hostigamiento con el objeto de dejar desprotegidos a los trabajadores del área.

El secretario General del distrito Entre Ríos, Raúl Meza, quien es trabajador de planta del organismo -sin uso de licencia gremial- y también integrante de la federación nacional de los trabajadores del sector, fue objeto de un sumario en el marco de un proceso en el cual no pudo ejercer su defensa, y como sanción inicial no percibe sus haberes hace meses. La misma metodología se repite en otras provincial también contra dirigentes gremiales del sector que impulsaron la acción judicial para frenar el desguace de la DNV y el despido de 4000 trabajadores.

Mientras tanto se avanza en el desfinanciamiento del área, no se pagan las deudas a los proveedores, se mantiene el congelamiento salarial y la incertidumbre sobre el futuro de los integrantes de la DNV con el claro objetivo de desacreditar su función ante la sociedad. Esta postura de las actuales autoridades de Vialidad Nacional tiene como consecuencia el deterioro de la red vial nacional en la provincia que tiene unos 2.000 kilómetros de extensión e incluye a las rutas 12, 14, 18, 127, 130, 131, 135, 136, 174 y A015. Esa decisión repercute negativamente en el desarrollo de diversas actividades, afectando especialmente el desarrollo económico y poniendo en riesgo la seguridad vial de quienes las transitan a diario.

El distrito Entre Ríos tiene 165 trabajadores y al igual que sucede en todo el país, la mayoría de ellos son personal contratado, pese a que en muchos casos su antigüedad llega hasta los 15 años o incluso los supera.

Durante el encuentro con las y los legisladores justicialistas, tanto Meza como Sebastián Lallana y el abogado Walter López dieron cuenta de la irregular situación que se registra en el distrito, y agradecieron el encuentro con el bloque opositor que encabeza Laura Stratta, ya que es una manera de visibilizar la situación ante la ciudadanía de la provincia. 

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