El exgoberandor y exembajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, logró la jubilación. Mediante la resolución N°148 del 10 de enero de 2023, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos le otorgó la jubilación ordinaria común. El trámite terminó de confirmarse administrativamente la semana pasada por lo cual Urribarri ya es un nuevo jubilado entrerriano.  Percibirá un monto cercano a los $2 millones al mes por el b eneficio jubilatorio.

Urribarri había iniciado el trámite para acceder a la jubilación en octubre de 2022.

La última actividad pública de Urribarri fue las Embajadas de Israel y Chipre, cargos que abandonó luego de que el 7 de abril de 2022 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo condenara a 8 años de cárcel acusado del delito de peculado en el marco del megajuicio.

Urribarri nació en Arroyo Barú aunque su primer cargo en la escena pública lo consigue antes de cumplir los 20 en la vecina General Campos: fue presidente de la Biblioteca Popular. A los 27 años se convierte en intendente de General Campos

Su ingreso a la política fue de la mano de Jorge Busti, el exgobernador de Entre Ríos. Después de la intendencia de General Campos, llegó a la Cámara de Diputados, y permaneció ocupando una banca durante tres períodos consecutivos: fue diputado provincial durante los gobiernos de Mario Moine, Jorge Busti y Sergio Montiel. Y en los últimos tres años, antes de convertirse, en 2007, en gobernador, se desempeñó como ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos.

Cuando se lanzó a la campaña electoral de cara a la gobernación, abandonó su cargo de ministro, pero retuvo la titularidad de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), un organismo creado por ley en el año 1998 que tiene por fin administrar el fondo formado por los aportes provenientes del excedente derivado de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.

Pero en su derrotero político se interpuso la condena judicial.

La piedra basal de la acusación del Ministerio Público Fiscal en el megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados al dos veces gobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri y a otros 12 imputados a partir del 27 de septiembre de 2021 y que concluyó, el 7 de abril último, con la lectura del adelanto de sentencia, fue la abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble hallado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril. Esa prueba fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas. El exgobernador resultó con una pena de 8 años de cárcel más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al haberse probado su participación en cinco grandes causas de corrupción.

Ese disco rígido, denominado por la Fiscalía como «la caja negra» de la corrupción, fue analizado por los técnicos del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, Fernando Ferrari y Guillermo Fritz, y volcado en sucesivos informes. «Evidentemente -dicen los fundamentos del fallo condenatorio, un texto de 684 páginas – los archivos y correos electrónicos exhibidos y leídos por el ingeniero Fritz en el debate, corroborando sus informes técnicos, como los mensajes de texto y audios de WhatsApp y mensajes de SMS que exhibió y proyectó durante el juicio el ingeniero Ferrari también en confirmación de sus informes, confluyen para conformar una base probatoria categórica y objetiva a los efectos de acreditar la existencia material del suceso y la autoría y/oparticipación atribuida a los imputados, por cuanto (…) el contenido de la información de esos archivos permiten reconstruir cada uno de los extremos y circunstancias que postula el Ministerio Público Fiscal en su acusación, en mérito a que vinculan a los protagonistas de este proceso y han sido reconocidos en su mayoría por testigos y algunos de los imputados».

Después, una segunda certeza: que las empresas Tep SRL y Next SRL «fueron creadas en el año 2009; Tep el 31/01/2009, con una participación del 90% de (Emiliano) Giacopuzzi y el 10% de Luciana Almada (esposa de Aguilera), con un capital de $12.000 integrado en 120 cuotas iguales, y la empresa Next el 26/01/2009 con una integración idéntica a la de Tep, $12.000 de capital con 120 cuotas iguales y con una participación de (Maximiliano) Sena del 90% y Alejandro Almada (cuñado de Aguilera) del 10%». Y «se ha probado plenamente que estas dos empresas son producto de la escisión de la firma 5 Tipos”. Otra conclusión es que «Juan Pablo Aguilera formaba parte de la precursora empresa 5 Tipos, ya que desde esos inicios figuraba mencionado en carácter de ´Gerente´. Es decir, que Aguilera ya se desempeñaba con anterioridad a la creación de Tep y Next en este rubrocomercial en el ámbito privado, desvirtuando así la afirmación de su pareja Luciana Almada en el debate cuando declaró que tenía la ilusión de atraerlo a la faz privada para que se alejara de la política, pero que no había tenido éxito».

«Coincido con la Fiscalía que no es casual que la creación de las sociedades Tep yNext durante el año 2009 sea coincidente con la designación de Aguilera en el año 2007 en la planta permanente del Senado de la Provincia (…), lo cual traía como consecuencia para Aguilera la prohibición de ´asociarse, dirigir, administrar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración Pública provincial o que sean proveedores o contratistas de la misma´, por las incompatibilidades propias de su calidad de funcionario o empleado del Estado provincial».

La revisión de esa condena de primerancia ocurrirá este año.

La Cámara de Casación Penal aplazó para marzo la realización de las audiencias previstas originalmente para febrero. Sucede que el megajuicio coincidía con la realización de un juicio oral en la Justicia Federal en la que el abogado representa a una de las partes que se sentará en el banquillo, y cuyo debate había sido definido con antelación, en mayo de este año.

Las nuevas fechas de audiencias del megajuicio será miércoles 15, jueves 16, viernes 17, miércoles 22 y jueves 23 de marzo de 2023, a partir de las 9, «las que podrán extenderse al turno vespertino», según la resolución que adoptó el tribunal.

La primera postergación de las audiencias para revisar las condenas en el marco del megajuicio ocurrió en noviembre último. Entonces, la Sala I de la Cámara de Casación Penal había aceptado reprogramar las fechas de las audiencias  a partir de una presentación efectuada por el defensor Miguel Cullen, quien había solicitado licencia otorgada  por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, desde el 14 de noviembre al 5 de diciembre.

Entre Ríos Ahora