Los diputados de extracción sindical promueven la reducción de la jornada laboral, ampliación de licencias y beneficios para trabajadores de plataformas. Desencanto en los movimientos sociales.

El peronismo debate por estas horas una respuesta unificada para frenar la reforma laboral que busca el gobierno con un proyecto propio.

Los diputados Hugo Yasky, Vanesa Siley, Sergio Palazzo y Mario Paco Manrique impulsan al interior del bloque peronista una discusión para contraponer “un plexo normativo” con los proyectos que amplían derechos de los trabajadores.

Los cuatro legisladores, reconocidos por sus pares como los diputados de “extracción sindical”, ya presentaron decenas de proyectos de ley que atienden a demandas gremiales.

De hecho, Siley compartió esta semana un posteo con una entrevista radial que le hicieron en Radio Gráfica y se jactó: “nosotros sí tenemos una reforma laboral”. “Reducción de la jornada laboral, 10 principios básicos para cuidar a los trabajadores de plataformas, suma fija para recomponer salarios y reactivar el consumo, ampliación de licencias parentales y derecho a la desconexión digital”, enumeró.

Según la secretaria general del Sitraju sería “una reforma modernizadora, progresiva y de ampliación de derechos”, pero aclaró: “no le mentimos a la gente: las leyes solas no generan trabajo, lo genera un modelo económico de industria y protección de lo producido en Argentina”.

En medio de las negociaciones por la nueva conducción de la CGT, Palazzo le respondió a LPO que el bloque de UP ya presentó “casi 300 proyectos en dos años parlamentarios”.

Desde Mar del Plata, donde la CTA y los movimientos sociales conmemoraban este miércoles los 20 años desde la Cumbre contra el ALCA, Yasky dijo que “la reforma laboral de Milei es un guiso recalentado de una receta que ya fracasó”. “Frente a eso, es mentira que no hay ninguna propuesta. Tenemos una batería de proyectos de ley que forman un plexo normativo para ampliar derechos de nuevo tipo ante las nuevas formas de relación laboral”, explicó.

En efecto, ese grupo de legisladores ya presentó iniciativas que formalizan las relaciones laborales para los trabajadores de plataformas, contemplando no solamente vacaciones y reglas de desconexión sino también medidas disciplinarias que las empresas pueden aplicar ante incumplimientos del empleado. Además contempla una regulación de las remuneraciones, el aguinaldo y el derecho “a la intangibilidad de la reputación digital”.

Los movimientos sociales están desencantados con estos proyectos porque aseguran que se siguen centrando en un universo de 6 millones de trabajadores registrados. “Hay 27 millones de personas en actividad, más de 20 seguirán quedando afuera”, dijo a LPO un importante dirigente social.

La disputa dentro del peronismo ya arrastra años: los movimientos sociales cuestionan que la CGT se aboca a defender los derechos de los trabajadores registrados y quedan desamparados los millones de trabajadores de la economía popular. “No terminan de entender el nuevo capitalismo”, dijeron desde los movimientos.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral ya se plasmó en 2023, cuando todavía gobernaba el Frente de Todos, pero no prosperó. El peronismo lo rescata ahora, para confrontar contra los trascendidos de la propuesta oficialista que habilitarían a los trabajadores a optar por jornadas de hasta 12 horas, algo que los libertarios salieron a negar en la última semana.

Como sea, la discusión de una eventual reforma se produciría recién en sesiones extraordinarias, según fuentes parlamentarias. Los planes del gobierno consistirían en patear la aprobación del Presupuesto 2026 para después del recambio legislativo y recién entonces avanzaría con las reformas laboral y tributaria que comprometió a empresarios y acreedores externos. 

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