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Interés General

Suspenderán el pago a 4.588 titulares del plan Potenciar Trabajo

Se hizo un “entrecruzamiento de datos” en 13 provincias. incluida Entre Ríos.

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La cartera a cargo de Sandra Pettovello decidió la suspensión del pago a beneficiarios por presentar “incompatibilidades” para acceder al mismo. Se hizo un “entrecruzamiento de datos” en 13 provincias.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó este viernes que dispuso la suspensión del pago a 4.588 beneficiarios del programa “Potenciar trabajo” por presentar “incompatibilidades para acceder a dicho plan”.

“La investigación, llevada a cabo por el fiscal (federal Guillermo) Marijuan, arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan potenciar trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 13 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”, explicó la cartera a través de un comunicado.

Según el Ministerio de Capital Humano, la investigación abarcó a Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó el martes pasado que el Gobierno Nacional había iniciado una auditoría “en todos los planes potenciar trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.

El fiscal investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible

El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.

La fiscalía investiga posibles delitos de “violación de deberes” de funcionario público por omisión de controlar y “defraudación” y ya detectó 8535 casos.

Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.

Marijuán ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.

Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior, muchos de ellos “en numerosas oportunidades”.

El integrante del ministerio público pidió investigar “presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Interés General

El congreso de Perú destituyó a la Presidenta por “incapacidad moral”

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El Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” en un juicio político relámpago. José Jerí asumió como interino.

En las primeras horas de este viernes, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, en un juicio político relámpago que fue aprobado con el voto de 118 congresistas. El presidente del Congreso, el derechista José Jerí, asumió en la madrugada como presidente interino del país, en medio de una profunda crisis política y de inseguridad.

​Boluarte, de 63 años, fue apartada del cargo que ejercía desde diciembre de 2022. Esta decisión la convierte en la séptima presidenta que pasa por el cargo desde 2016, un reflejo de la inestabilidad política que vive Perú, con dos mandatarios destituidos, dos que renunciaron y uno que completó su mandato interino antes de la actual situación.

Destitución por “incapacidad moral” y críticas a la inseguridad

La mayoría parlamentaria había aprobado el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su “permanente incapacidad moral” para dirigir el ejecutivo. La principal razón esgrimida por los congresistas fue la crisis de inseguridad que azota al país, con un aumento de la extorsión y la criminalidad.

​”El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.

​Boluarte se rehusó a presentarse ante el Congreso para defenderse, alegando su abogado, Juan Carlos Portugal, falta de garantías al “debido proceso” por el poco tiempo para preparar la defensa.

Sin apoyo y bajo escándalo

La mandataria carecía de bancada propia y de apoyo popular, lo que limitó su margen de maniobra. Aunque logró tejer pactos burocráticos con fuerzas conservadoras para evitar pedidos de vacancia, su gobernabilidad se deterioró notablemente en los últimos meses por la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

​Su gestión estuvo marcada por varios escándalos y procesos judiciales:

​Protestas iniciales: Investigada por la fiscalía por la represión de protestas que dejaron medio centenar de muertos tras asumir en 2022.

​Abandono de cargo: Procesada por presunto abandono de cargo al operarse la nariz sin avisar al Congreso.

​Rolexgate: Escándalo en 2024 cuando apareció con joyas de lujo no declaradas.

​Con su destitución, Boluarte perderá el fuero y podrá ser enjuiciada y condenada. José Jerí asumirá de manera interina, mientras Perú tiene programadas elecciones generales para abril de 2026.

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