José Uriburu, abogado y exconcesionario en el Puerto de Concepción del Uruguay, fue procesado por la Cámara Federal por la desaparición y muerte de Gastón Tallone en julio de 2024.

La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ocho imputados por el secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario entrerriano Gastón Alfredo Tallone, ocurrido en julio de 2024. Uno de los procesados es otro empresario y abogado oriundo de la provincia, José Uriburu, quien se habría aliado a un grupo narco para cobrarle a la víctima una supuesta deuda y habrían terminado matándolo y haciendo desaparecer su cuerpo, que nunca fue encontrado.

La investigación se inició el 11 de julio de 2024 a raíz de una denuncia de la fiscal Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta. En el marco de otra causa, se detectaron escuchas telefónicas sobre el secuestro de Tallone, presuntamente ordenado por Uriburu. El sumario comenzó en Entre Ríos, pero como el secuestro ocurrió en Capital Federal la causa se trasladó a la fiscalía federal porteña de Carlos Stornelli, publicó Ahora.

Según la imputación fiscal, el secuestro inició el mediodía del 8 de julio de 2024, cuando dos imputados de iniciales J.C.M. y C.M.G., bajo las órdenes de Uriburu, llevaron a Tallone desde la calle Anchorena al 400 -a metros del shopping Abasto- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta una chacra en Benavídez, al norte del Gran Buenos Aires, cerca de Nordelta. Allí Tallone habría quedado en cautiverio mientras intentaban cobrarle una supuesta deuda.

La historia del secuestro se remonta a 2023. Tallone, que se presentaba a sí mismo como  “empresario”, era conocido en la zona portuaria de Concepción del Uruguay por intervenir en operaciones de esa terminal. Había sido investigado por la Justicia Federal por falsificación de cheques y fraudes.

Uriburu, por su parte, desde 2021 adquirió la empresa Terminal Puerto Concepción del Uruguay SA (TPCU), concesionaria de los depósitos fiscales del desembarcadero entrerriano. El perfil del abogado incluye que fue él mismo denunciante de corrupción en el puerto y que tuvo empresas offshore registradas en los recordados Panamá Papers: un personaje de película.

“Lo prendieron fuego”, dijo un arrepentido

Una versión del conflicto señala que Tallone y Uriburu le habrían “vendido” una salida por el puerto a una organización narco de Rosario con operaciones en la Hidrovía. Habrían cobrado  una parte para gastos de logística y además recibido el cargamento. Pero aparentemente habrían estafado a los narcotraficantes, que comenzaron a buscarlos.

Uriburu habría recibido amenazas y pergeñó un plan para culpar a Tallone y tratar de recuperar el dinero para pagarle a los narcos.

Volviendo al secuestro, una vez en el rancho de Benavidez, perteneciente a la familia de Uriburu, los captores obligaron a Tallone a gestionar, a través de una persona de su confianza, el dinero para su liberación. El pago del rescate, de al menos 65.000 dólares, se concretó esa misma noche en una estación de servicios del barrio porteño de Núñez.

La acusación fiscal sostiene que, pese a haberse concretado el pago, los captores asesinaron a la víctima e incluso intentaron obtener más dinero enviando mensajes extorsivos al hijo de Tallone.

Stornelli afirmó que “los elementos recolectados apuntan a que Tallone fue secuestrado en el marco de un conflicto con Uriburu, siendo posteriormente asesinado y su cuerpo ocultado mediante métodos extremos”.

Uno de los procesados que declaró como arrepentido reveló detalles escalofriantes de la sucesión de hechos. “Uriburu se volvió loco y al empresario lo mató con una pala de cavar y lo llevaron cerca de Campana, provincia de Buenos Aires, donde lo tiraron al costado de la ruta y lo prendieron fuego”, afirmó el arrepentido al fiscal en marzo pasado. “Creo que fueron ellos dos porque me lo contó así, me dijo: ‘lo prendimos fuego’”, añadió, según publicó el portal oficial Fiscales.

Camino al juicio

Los ocho imputados son el abogado José Alberto Tomás Uriburu (presunto ideólogo), Gustavo Adolfo Juliá (conocido por una condena de 13 años de prisión en España por el tráfico de 944 kilos de cocaína en la denominada causa Narcojet) y otros seis hombres cuyas iniciales son A.N.F., S.G.D.V., J.M.Z., L.G.L (quien declaró como arrepentido), C.M.G. y J.C.M. Juliá quedó involucrado porque para el traslado de Tallone se utilizó un auto a su nombre.

Están procesados por secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por actuar con la participación de tres o más personas y haber dado muerte intencional a la víctima. La pena prevista es prisión perpetua.

La jueza de primera instancia amplió los procesamientos e incluyó el agravante por el homicidio de Tallone. Ahora, la Cámara Federal confirmó esa decisión. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia encomendaron a Servini que complete las diligencias de prueba pendientes para terminar de esclarecer con mayor precisión el rol de cada uno de los imputados en el hecho, antes de la elevación a juicio.