No volvió a prorrogar el contrato de la concesionaria privada. Barreras levantadas desde el 8 de abril. Convocatoria de acreedores, despidos e indemnizaciones.

Obligado por la demora en el llamado a licitación para privatizar las rutas, el gobierno de Javier Milei resolvió no renovar el contrato de la concesionaria privada que se hacía cargo del cobro de peajes. La medida entra en vigencia el 8 de abril y alcanza a la autovía del Mercosur y a los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria.

La decisión de la administración libertaria va en contra de su propio relato privatizador y en el sector vial ya la atribuyen a “una salida de tinte populista de cara a la campaña electoral”.

El cierre de las cabinas del Corredor Vial 18 y la conexión vial Rosario-Victoria, que hasta ahora están en manos de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), regirá por un período inicial de seis meses o hasta que concluya el proceso licitatorio que dará paso a una nueva operadora privada de estas rutas y puentes.

La decisión de dejar de cobrar peajes en las estaciones Zárate, Colonia Elía, Yerúa, Piedritas e Isla La Deseada comenzará a regir una vez que concluya la última prórroga que había sido otorgada a la concesión de CRUSA en abril del año pasado.

Pese a que aún no pudo adjudicar las rutas y puentes a una nueva concesionaria privada, la gestión mileísta decidió no volver a prorrogar la operación de CRUSA y dar por finalizado el contrato de concesión que había arrancado en la era menemista a mediados de los 90.

En la práctica, esa medida implica que CRUSA deberá prescindir de su personal y abonar las indemnizaciones correspondientes por el cese de actividades. Entre trabajadores y técnicos, la empresa cuenta con un plantel operativo de casi 500 personas que serán despedidas, salvo que haya un cambio de rumbo oficial de último momento.

Despidos e incertidumbre

A diferencia de otras concesiones viales y de servicios que se dieron por caídas, en este caso el personal no será absorbido por el Estado ni transferido, como condición, a las nuevas operadoras.

El personal de CRUSA que se queda sin trabajo deberá esperar para saber si la futura operadora decide volver a tomarlos en su totalidad o sólo a una parte una vez que entre en vigencia el nuevo contrato de concesión.

Más allá de los reclamos y medidas de protesta que pueda adoptar el Sindicato de los Trabajadores de Peaje y Afines (SUTPA) que controla Facundo Moyano; la cuestión principal que promete terminar un gran conflicto es que CRUSA se encuentra en convocatoria de acreedores y ya avisó que si le cortan los ingresos por peaje no tiene recursos para hacer frente al pago de los salarios y menos de las indemnizaciones por despidos.

Según la narrativa oficial, lo que sucederá en los primeros días de abril no será una suerte de “reestatización temporaria”, sino una nueva “etapa de transición limitada” hasta que la autovía del Mercosur -que conforman las rutas nacionales 12,14, 117 y 135- y el puente Rosario-Victoria vuelvan a tener una concesionaria privada.

Uno de los interrogantes que se plantea en el sector es qué pasará si la licitación, que ya viene atrasada, se estira más de la cuenta y quienes transitan estas rutas no aceptan después de varios meses volver a pagar las tarifas de peaje que serán más caras que las actuales.

Vialidad Nacional para la transición

Mientras dure la transición, Vialidad Nacional (VN) será la encargada de prestar los servicios de emergencia, ambulancias, auxilio mecánico, arreglos de banquinas y funcionamiento de luminarias en los casi 700 kilómetros de rutas y puentes que dejará de operar CRUSA.

Hasta que desembarque la próxima concesionaria, no habrá obras nuevas ni trabajos de mantenimiento pesado que permitan interrumpir el deterioro constante de las capas estructurales de las calzadas.

La herencia menemista

Nacida de las privatizaciones de Carlos Menem, la empresa CRUSA está integrada por seis constructoras: CODI, Coneviar, Parenti Mai, Eaca, Welbers Insua y Babic. Estuvo varias veces muy cerca de que se le rescinda la concesión por incumplimientos y atrasos en las obras.

Desde mediados de 2023, Vialidad Nacional viene aplicándole multas atrasadas de los últimos 20 años por el estado deficiente de las rutas y la falta de inversiones.

A su vez, la empresa presentó en la Justicia un reclamo contra el Estado por la no autorización de ajustes en los peajes que, supuestamente, le generaron un quebranto de u$s300 millones.

Privatización de las rutas argentinas

Las trazas bajo la órbita de CRUSA son las primeras que la gestión mileista prevé volver a privatizar. Según la agenda oficial, en abril se lanzarían las licitaciones del Tramo Oriental de 617 kilómetros de la autovía del Mercosur y del Tramo Conexión correspondiente al puente Rosario-Victoria de 59 kilómetros que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

En una segunda etapa, prevista a partir de mayo, saldrían a licitación 8.700 kilómetros de las autopistas Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y 10 tramos de las rutas nacionales con peaje que opera la estatal Corredores Viales.

Los pliegos diseñados por técnicos de VN establecen que las nuevas concesionarias sólo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual cumpliendo con la realización de tres tipos de obras: “Iniciales de Puesta en Valor”, las denominadas “Obligatorias” y las de “Rehabilitación”.

La duración de las concesiones será propuesta por las oferentes en función de sus costos y expectativas de ganancia. Si una oferente solicita cobrar una tarifa inferior al valor tope que se fijará en los pliegos, el plazo contractual será de 20 años. En cambio, si cotiza la tarifa tope y pide más años, el negocio de la concesión podrá ampliarse hasta un máximo de 30 años.

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