En el marco de la investigación por los presuntos pagos de coimas de la empresa Securitas y su subsidiaria local Tornell a exfuncionarios de Enersa, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, los peritos de Gendarmería Nacional lograron acceder a mensajes antiguos de la cuenta de WhatsApp de Claudio Tórtul. Allí encontraron evidencias que fundamentaron el allanamiento y la detención del expresidente de la empresa estatal entrerriana, Jorge González, en la mañana de este sábado. 

Las medidas fueron solicitadas por el fiscal federal Fernando Domínguez, en un dictamen en el cual detalla las pruebas que comprometerían a González. “Se ha logrado comprobar la existencia de una matriz de corrupción estructural en el organismo provincial en la cual los funcionarios públicos de Energía de Entre Ríos S.A. brindaron un activo soporte, a los entonces, empleados de Securitas para en algunos casos agilizar el cobro de facturas por parte de Securitas, en otros casos para obtener la liquidación de horas adicionales que sucesivamente se fueran adicionando al contrato original de prestación de servicios que vinculaba comercialmente al ente estatal provincial y a Securitas Argentina S.A”, sostuvo.

Y en esta línea, se refirió al expresidente de la empresa: “Se habría descubierto el personal involucramiento de Jorge González , junto a otros intervinientes, en las gestiones llevadas adelante en conjunto que habrían efectuado Marcelo y Claudio Tórtul vinculadas a la prórroga del contrato de locación de servicios, a través de la formalización de una (con fecha de vencimiento 31/03/2019) adenda de prórroga (a partir del 01/04/2019 hasta el 31/03/2021) , en donde se mantuvieron la totalidad de los objetivos vigentes hasta esa fecha agregando la realización de instalaciones, mejores y adecuaciones en diversos objetivos ya especificados en el dictamen fiscal”.

“A través de los mensajes enviados entre Claudio y Marcelo Tortul se tomó conocimiento del activo involucramiento que habría tenido González en la gestión privada del contrato de locación de servicios suscripto, en primer lugar con Securitas, y luego con Segar Seguridad, oportunidades en las que el nombrado habría recibido el pago de diversas sumas de dinero para -en palabras textuales de Claudio Tortul- ‘aceitar’ las gestiones que le fueran encomendadas por los hermanos con la presunta finalidad de favorecerlos y asistirlos”. 

Luego, en la resolución se citan algunos ejemplos. El día 05/06/2017 Claudio le consultó a Marcelo: “…gestionas vos el pago de Enersa cn (con) ellos o empiezo yo a mover?… Porq ya tbm ante (también) tenemos que cobrar 860000… Sino se empieza a juntar todo”. El hermano le respondió: “…si queres lo veo yo. Al menos la primera… Sino se puede trabar en el proceso y genera demoras…”. 

Luego, Claudio le dice “La cuenta es esta” y detalla:

860.000 por mes
250.000 Coqui
208.000 1.000 hs menos
250.000 Negro
150.000 Jorge
45.000 Pelado
50.000 Taincho
Ahh más 320.000 de comisiones
Saldo limpio: 1.143.000

Las sumas no dan a lo que se refiere como “saldo limpio”, pero claramente salpica a varios más en lo que se interpreta como el pago de coimas.

Después siguen otros mensajes que también comprometen al exgobernador, Gustavo Bordet, quien había designado al ingeniero como titular de Enersa durante su primera gestión y mitad de la segunda (hasta 2021): “Lo llamé al boludo de González, no atienden, qué rabia. Porque le quiero marcar que estoy con todo lo que necesitan de Bordet”.

Una semana después, Claudio le refirió a Marcelo “…ahora yendo puntual al begocio (negocio) de enersa q armamos. Pero yo ouse (puse) la cara de las cometas, tiempis etc… Necesito esa plata los días 15… Del mes siguiente vencido… Eso fue li (lo) que quede… Para eso hay q facturar enseguida… Y a los 30 días reclamar el pago li (lo) tengo hablado cn (con) todos…”.

“En otras oportunidades -sostiene el fiscal-, surgieron los siguientes mensajes entre Claudio y Marcelo Tórtul, en referencia a Juan Daniel González, en ese entonces Presidente del Directorio de Enersa” y cita: “Claudio confirmado, mañana 15 horas con González en mi casa. Cuánto hay que darle a Jorge? Deberíamos subirle el mensual. Ahora voy por Jorge, le doy 40.000 mangos y lo dejo hablar a él. Me fue muy ok con Juan y Jorge anoche. Ayer estábamos en 600.000 lucas, les pedí que empujen hoy. Me dicen sacaron más de 1 palo”.

Luego, el fiscal federal refiere a otros mensajes hallados en el WhatsApp de Tórtul: “Más cerca en el tiempo -año 2019 y con el objeto continuar exhibiendo el vínculo personal y maniobras descritas anteriormente, Claudio le indicó a su hermano Marcelo Tórtul”
29 de marzo de 2019: “A las 14 con González en casa. Tenemos todo ok con Enersa”.

17 de abril de 2019: “Dale a las 13 en Casa de Gobierno. O me dan la plata antes o después. Yo quedé le llevo guita a González a las 14.30” (…) “Ok. Le digo te doy 500 con los euros el lunes, que son para él, le doy el saldo. Yo porque no me dieron la guita que saco para González los otros. La voy a poner yo. Así aceitamos todos los frentes”. 

El Ministerio Público concluyó: “En razón de las circunstancias que se han puesto en valor, estimo que bajo la óptica penal los hechos enunciados, involucrarían, en principio, una serie de conductas calificables de acuerdo con los delitos de cohecho pasivo a la luz de la disposición normada por el art. 258 del Código Penal… Y como consecuencia inevitable de los acontecimientos… Entiendo que el quehacer desarollado por el funcionario público Jorge González al ‘interesarse’ dinámicamente en el mantenimiento y posterior cesión de los contratos públicos podrían importar la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas normado por el art. 265 del CP”.

Todo esto es parte de los fundamentos de la medida dictada por Arroyo Salgado y que es cumplida por Gendarmería Nacional desde la mañana de este sábado, de allanar y detener a González, en el exclusivo barrio privado Puerto Barrancas, en la zona de la Toma Vieja de Paraná.
“Respecto a la medida coercitiva dispuesta, se valora fundamentalmente los esfuerzos y la demora que insumieron dar con la localización certera del domicilio de González, los obstaculos derivados de que no poseería su residencia actualizada (NOSIS, DNRPA, RENAPER), la naturaleza de los hechos investigados y los obstaculos para obtener información de los organismos de la Provincia de Entre Ríos, por lo que corresponde proceder a su detención, a los fines de ser conducido a estos estrados y materializar la indagatoria propiciada por la acusación pública”, afirmó.

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