Provinciales
Concordia: Azcué justificó el cese de contratos porque “hay que reducir el gasto en todo”
Publicado
hace 3 mesesel

El intendente de Concordia advirtió de un escenario en el que “no entra plata a la caja”, por lo que “hay que reducir el gasto en todo”. Dijo que los contratos caídos están “fundados”.
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, advirtió de un escenario en el que “no entra plata a la caja”, por lo que “hay que reducir el gasto en todo”. Dijo que los contratos caídos están “fundados”, pero se mostró permeable a “rever” algún caso puntual.
Al hablar sobre los contratos que cesaron, Francisco Azcue comentó que “si mal no recuerdo, son 84 contratos los que no fueron renovados en este último tiempo” y aseguró que se trata de “un tema sumamente complejo y delicado”, pero consideró que “todos vamos a coincidir, porque conocemos la ciudad y la situación en la que está Concordia”.
Entre otras cosas, remarcó que se trata de una ciudad “con más del 60% de pobreza; con más del 69,2% de los niños viviendo bajo la línea de pobreza; una ciudad que llega al verano y la gente no tiene agua, que están conectados a la red, pero no pueden acceder a ella; miles de personas, adultos mayores y niños, que viven en lugares totalmente excluidos en los que les falta todo y no acceden a nada”.
Argumentó que todo esto “requiere de una inversión muy importante que la tiene que hacer el municipio y eso requiere recursos que nosotros tenemos que sacar de donde tenemos, por coparticipación, por recaudación, por las tasas y con eso tenemos que pagar sueldos, prestar los servicios esenciales, invertir en insumos y demás, en un contexto en el que se cayó brutalmente la recaudación y encima hubo una caída aún mayor en mayo”.
Reducción del gasto
A raíz de esto, apuntó que a fin de cuentas “hay que hacer toda una reestructuración y reducir el gasto en todo para hacer frente a este panorama, no es que se baja el gasto en personal únicamente, sino que se baja en muchas otras cosas y, para citar ejemplos, de los 52 circuitos de higiene urbana que teníamos lo redujimos a la mitad, como así también el combustible se redujo a la mitad y los insumos también”.
Asimismo, mencionó que “los secretarios empiezan a evaluar dentro del gasto personal que tienen cómo pueden hacer para bajarlo y ese es un ejercicio permanente que tenemos que hacer, porque todo el tiempo tenemos que ver cómo podemos ser más eficientes”.
De esta manera, apuntó en contra de las críticas y manifestó que “hay personas, algunos por ignorancia, porque escucho los planteos que hacen, inclusive gremios y periodistas, que me pregunto en qué ciudad viven, porque están desconectados de la realidad totalmente”.
Según el jefe comunal, a quienes critican sus medidas, “no les importa la gente vulnerable, se llenan la boca hablando de la justicia social, del acceso a los derechos, pero en realidad no les importa esa gente que no tiene nada, los miles de concordienses que no acceden ni a los servicios básicos y se llenan la boca hablando de derechos”, criticó el intendente.
Sin embargo, continuó, “critican cuando uno tiene que tomar decisiones como las que nos toca a nosotros, que es decir estos recursos los invierto para que los niños pobres de Concordia tengan mejores alimentos, mejores estímulos y mejores oportunidades y que esos ahorros puede ser evitar el gasto en sueldos que, muchas veces, no se necesitan”.
Según sus palabras, entre esas no renovaciones de contratos “hay de todo”, porque detectaron “gente que no iba a trabajar, otros que estaban condenados, otros que capaz iban a trabajar, pero iban a lugares donde había una sobrepoblación y cumplían tareas que no se necesitan”.
Por otro lado, el intendente apuntó contra los concejales de la oposición, quienes “fueron parte de la destrucción de esta ciudad” y les reprochó “salir a hablar, a cuestionarnos, cuando acá -en el municipio- había gente que vivía en otras provincias, condenados que eran empleados municipales, delincuentes pero con título que eran empleados municipales. De eso no veían nada, no veían nada cuando robaban vales de GNC”, espetó.
En base a esto, expresó que “son cínicos y perversos. Ahora nos vienen a cuestionar a nosotros porque no renovamos contratos, todos fundados, porque no es que lo hacemos porque sí. Tienen argumentos sólidos y precisos. Obviamente que no todos los casos son iguales y se puede rever alguna situación puntual y lo voy a hacer, pero insisto en que hay gente que no tiene los pies sobre la tierra, que vive en otra ciudad o que capaz la conocen, pero quieren continuar con los privilegios de la política, no quieren salir de esto y conservar el estatus quo”.
El caso Brodsky
Ante el planteo sobre si haber finalizado la contratación de personal en áreas sensibles no iba en contra de esa mencionada asistencia a los sectores más vulnerables, como el caso de una psicóloga que hace 18 trabajaba con minoridad, Azcué evitó responder sobre el caso puntual, pero argumentó que “hay contratos que no necesitamos, porque hay una sobrepoblación de empleados en determinadas áreas o porque el Subsecretario y el Director de esa área dijeron que no necesitan la función de esa persona, con un argumento sólido y contundente. Porque no podemos seguir gastando plata en cosas que no necesitamos”.
A modo de ejemplo, comentó que “cuando hablamos de los CDI, que hoy los estamos reformando y volviendo a la esencia, hay niños que ni siquiera llegan a esos lugares, que están tan excluidos en asentamientos con una familia disfuncional, que tenemos que ir a buscarlos y a darles esa oportunidad de que puedan acceder a esto y para eso necesitamos ser eficientes en la utilización de los recursos”.
Protesta en la municipalidad
Azcué también fue consultado sobre sobre la protesta se tuvo lugar este martes en la municipalidad de Concordia, y dijo: “considero el venir acá y hacer un escándalo, de querer subir (al primer piso del palacio) y hacer toda una escena, como si quisieran tomar la municipalidad y no sé qué historia. Por ese motivo no los recibí”.
Según sus palabras, los manifestantes “trajeron un petitorio, lo entregaron al Secretario de Gobierno (Luciano Dell Ollio), pero yo en esos términos no dialogo. Con insultos, con agravios hacia algunos de mis funcionarios no. Están equivocados”, afirmó.
No obstante, diferenció que “con otros gremios, que tienen conductas profesionales, respetuosas, que hacen gala al sentido común, por supuesto que los recibo y con algunos estamos hablando”.
Incluso, valoró que “uno de ellos trajo una propuesta, que creo que es una posición racional, inteligente de personas que se ponen a trabajar, y nos propusieron una revisión de casos y con mucho gusto, porque yo soy el más interesado en tomar buenas decisiones y en discutir las ideas”.
Gestión Milei
Ante el escenario complejo descripto por Azcué, se le consultó sobre las medidas que toma un gobierno nacional que él ha ponderado, a lo que el intendente respondió que, “este país llegó a este punto por diversos motivos, es decir, no es tan sencillo como culpar a alguien, o decir este fue el motivo por el cual llegamos a este punto”.
Según su prisma, “el gobierno (nacional) está tomando las medidas que creen que son las necesarias para bajar la inflación, para volver a una reactivación real, a una economía del consumo, sin caer en la ficción de volver a emitir billetes”.
Azcué entiende que “esas medidas, que evidentemente se están tomando, tienen una consecuencia y representan recesión, la baja el consumo y menor recaudación en las provincias y en los municipios. Agravándose en caso local, porqué, en ciudades como Concordia, con estas características, con estos niveles de pobreza, con esta cantidad de personas viviendo bajo línea de pobreza, déficits en infraestructura, te golpea mucho más”.
Diario Río Uruguay / Ahora
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Provinciales
Rechazan reclamo salarial del juez Baridón
Publicado
hace 1 horael
12 de septiembre de 2025
El Poder Ejecutivo rechazó el reclamo de pago de una diferencia salarial a favor del juez Marcelo Javier Baridón, integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, un litigio que encararon varios miembros del Poder Judicial pero que se encontraron con el mismo revés: el Gobierno no reconoce adeudar diferencia alguna por aplicación de la Ley de Emergenia que estuvo vigente durante la última pandemia de coronavirus, en cuyo lapso se suspendió la aplicación de acuerdos salariales en paritaria y también la Ley de Enganche de los judiciales.
Un dictamen de Fiscalía de Estado se apoya en un decreto del año 2023 del Ministerio de Economía «en el marco del cual los diferentes estamentos del Poder Judicial y representantes gremiales del sector, luego de haber analizado la proyección presupuestaria y financiera, acordaron con el Poder Ejecutivo un incremento total y remunerativo del 24% para personal del Poder Judicial, porcentaje que se liquidó por un código separado y escalonado: 8% con los
haberes de octubre de 2023, 16% con los haberes de noviembre de 2023 y 24% con los haberes de diciembre de 2023. Dicho incremento del 24% se integra a la base del salario sobre los que se calcularán futuros aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2024 (Artículos 1º y 2º). Ergo, no hay mandato legal del Estado Entrerriano para restituir el 25,57%, ni mucho menos retroactivo, porque no existe deber expresado en norma alguna, ni tampoco compromiso asumido en ningún acto administrativo».
El planteo de Baridón corrió la misma suerte que el resto de las presentaciones individuales o coletivas del Poder Judicial.
En julio último se había conocido la decisión del Poder Ejecutivo de rechazar un planteo hecho en 2023 por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se “devuelva” a los empleados de la Justicia y también del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos la diferencia salarial entre lo que fijó la Corte por imposición de la Ley de Enganche y los incrementos que otorgó el Gobierno durante la vigencia de la Ley de Emergencia a lo largo de la pandemia de coronavirus.
A ese planteo se habían sumado la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, la Asociación Judicial de Entre Ríos y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN): pedían que se analice la posibilidad de “devolverles a agentes y funcionariado del Poder Judicial entrerriano y del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos” los incrementos salariales otorgados por las acordadas de la Corte Nº 24/20 (10%), Nº 40/20 (10%), Nº 3/21 (7,5%), Nº 9/21 (10%) y Nº 9/21 (9%) conforme la denominada Ley de “Enganche” Nº 10.068, durante el plazo en que estuvo vigente la Ley de Emergencia Provincial Nº 10.806.
En sus presentaciones, señalaron que durante la emergencia, desde el 1° de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, los aumentos otorgados por la Corte ascendieron al 55,96%, mientras que los aumentos que el Poder Ejecutivo le otorgó al Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas fue solamente del 24,2%, por lo que resultaría una diferencia a su favor de 25,57%. Plantearon en sus escritos que, una vez finalizada la vigencia de la Ley de Emergencia Provincial, no les fue restituida esta diferencia.
En realidad, aún con esa posición y los dictámenes a favor de la constitucionalidad de la Ley de Emergencia y de la restricción a las paritarias durante la pandemia, lo cierto es que a finales de 2022 hubo un acuerdo y el Gobierno «devolvió» parte de esa quita con la restitución a los judiciales de un 24%. Fue una restitución gradual.
La constitucionalidad de aquella Ley de Emergencia fue refrendada por pronunciamientos judiciales, y así el decreto N° 1.339, del 12 de junio último que rechazó la pretensión del STJ, cita que en 2021 en la causa “Asociación Judicial de Entre Ríos – AJER – c/Estado Provincial y Otra s/Acción de Inconstitucionalidad” se sostuvo que “la detracción que sufrieron los haberes no resultó confiscatoria ni desproporcionada, que no implicó una violación al artículo 17º Constitución Nacional, que las disminuciones fueron para el futuro y sin ocasionar una alteración sustancial del contrato de empleo público y que la aplicación de los Artículos 4º, 6º y 10º de la Ley Nº 10.806 que no ha conculcado las garantías y derechos constitucionales, que su aplicación sobre los haberes de actividad o previsionales no contrarían disposiciones superiores del ordenamiento jurídico constitucional”.
Además, un dictamen de la Fiscalía de Estado planteó que durante la vigencia de la Ley de Emergencia –en la administración del exgobernador Gustavo Bordet- quedaron suspendidas los mecanismos de actualización salarial. El decreto cita lo que señaló Fiscalía en el sentido de que “mediante Ley Nº 10.806, denominada ´Ley de Emergencia´, se estableció – entre otras estipulaciones – que durante su vigencia y su prórroga si la hubiere, queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance a los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, quedando sujetos a los incrementos que dispusiere el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias a celebrarse”.
Así, el Poder Ejecutivo dictó los decretos Nº 174, del 24 de febrero de 2021, y Nº 1805, del 15 de julio de 2021. Por el primero de ellos, otorgó a partir del 1º de febrero de 2021, un 15% de incremento aplicable sobre los haberes correspondientes al mes de septiembre de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 10.806, ello para el escalafón judicial y Tribunal de Cuentas. Por el segundo de los citados decretos, el Poder Ejecutivo otorgó a partir del 1º de julio de 2021 un 8% de incremento, aplicable sobre los haberes correspondientes al mes de febrero de 2021, ello para el escalafón judicial y Tribunal de Cuentas. “Es decir que ambos decretos concretaron la norma del artículo 10º de la Ley de Emergencia que dispuso la suspensión del mecanismo de actualización y en su reemplazo estableció incrementos otorgados por el Poder Ejecutivo en el marco de paritarias”, señala la norma.
El dictamen de Fiscalía de Estado abunda en más argumentos y añade que “el artículo 10º de la Ley de Emergencia Nº 10.806 es harto elocuente al suspender todo mecanismo de actualización de los haberes instituido por cualquier normativa, por lo que tanto los haberes del escalafón magistratura, funcionariado del Poder Judicial y Tribunal de Cuentas de Entre Ríos quedaron alcanzados por los efectos de dicha suspensión. Por tal razón, en principio, no existe deber legal del Estado Provincial de abonar diferencias de incrementos entre los consagrados por las sucesivas acordadas de la Corte (Ley de Enganche) y los establecidos por decreto del Poder Ejecutivo Provincial durante todo el plazo en que la Ley Nº 10.806 estuvo vigente”.
Entre Ríos Ahora


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