La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) interpuso un recurso de revocatoria contra la resolución N°2.771/24 del Consejo General de Educación (CGE), emitida el 24 de septiembre, y que creó un sistema de declaraciones juradas para docentes y no docentes como forma de control qué personal trabaja y cuál no en las escuelas.

La presentación se formalizó el viernes 3 del actual y de ese modo se pone en discusión un instrumento legal que contempla la implementación de una “propuesta de relevamiento de la prestación de servicios docente y no docente”.

“Resulta preocupante que, con un formulario con la denominación de ´declaración jurada`, se pretenda activar un dispositivo de control, donde cada trabajador, docente y auxiliar de educación, deba declarar si está adherido o no a una medida de acción gremial como puede ser un paro, simplificando la carga de los mismos y exigiendo a cada trabajador se cargue a sí mismo”, indicó ATE.

“Es claro que no corresponde a las y los trabajadores realizar ningún control y mucho menos cargarse a sí mismos la medida con el ítem `no presté servicios`, lo cual es de una gravedad inusitada”, indicó y observò que la medida “resulta una herramienta persecutoria del gobierno contra el derecho a huelga”.

El Gobierno decidió implementar las «declaraciones juradas» que el gobernador Rogelio Frigerio había anunciado  para un control de asistencia de los docentes en las escuelas.  La normativa aprobó la aplicación de un «relevamiento de la prestación de servicios docentes y no docentes» en los establecimientos educativos.

La iniciativa, señalan desde Educación, “tiene por objeto realizar un relevamiento mensual de la prestación de servicios del personal dependiente de los establecimientos educativos de la provincia de Entre Ríos, tanto en instituciones públicas como privadas, a los efectos de contar con una base de datos actualizada para una gestión efectiva de los recursos humanos existentes y para el diseño de políticas públicas que permitan garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas en todos los establecimientos educativos”.

Educación sostiene que “dentro de los fines de la educación entrerriana previstos en la Ley 9.890 encontramos el deber del Estado Provincial de asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar desde los cuatro años de edad en la Educación Inicial hasta la finalización de la Educación Secundaria” y que “dentro de las responsabilidades del organismo, el Consejo General de Educación tiene a su cargo cumplir y hacer cumplir la política educativa, la legislación vigente y su reglamentación en materia de educación, debiendo planificar, administrar y supervisar el sistema educativo provincial”.

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