María Victoria Giarrizzo, uruguayense, doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), está al frente de la Secretaría de Industria y Comercio de Entre Ríos y tomó a su cargo el área de Defensa del Consumidor luego del desplazamiento de su responsable, Fernán Poidomani.

La funcionaria habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 a propósito de la advertencia que hizo pública la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, que mencionó un estado de “vaciamiento” y riesgo de no renovación de contratos a trabajadores.

“Estamos muy preocupados por los planteos que nos presentaron trabajadores de la Dirección de Defensa del Consumidor, donde no hay director ni autoridad que se haga cargo de la organización del sector, por lo tanto están a la deriva”, dijo la adjunta de UPCN.

Giarrizzo sostuvo que el cuadro de situación que planteó la dirigente sindical “es una barbaridad, en el sentido de que no es real nada de eso. Lo que pasa es que pasaron varias cosas. Por un lado, nosotros este año implementamos un sistema de daño directo, para lo cual ahora, cuando sale una multa o se resuelve un expediente, el consumidor es resarcido, cosa que antes no ocurría. Entonces, eso generó resistencias internas. Había un grupo reducido de abogados, que eran dos o tres abogados que no estaban de acuerdo y no querían firmar las imputaciones, con las que se beneficiaba el consumidor. Nosotros consideramos que  cuando el consumidor va y reclama, lo primero que se hace es una instancia de conciliación. Si hay conciliación, el consumidor es resarcido y se termina el caso. Pero cuando no hay acuerdo con la empresa, eso pasa a otro nivel y pasa a lo que se llama un proceso de análisis e imputación. Antes, cuando iba a esa instancia, si ganaba la Provincia el caso, el consumidor no era resarcido. Cobraba la Provincia la multa a la empresa, pero el consumidor no cobraba nada. Nosotros cambiamos eso desde el principio de año. Eso generó cierta resistencia y el malestar de algunos abogados del área”.

“Esa fue una de las cosas que pasó”, aportó la funcionaria. Y sumó: “La segunda cosa que pasó es que nosotros, cuando llegamos, nos encontramos con 3.500 expedientes acumulados, que quizás son más, lo que pasa es que están todos en cajas. Entonces, no teníamos capacidad de resolver porque son expedientes de hasta cinco años atrás, muchos de los cuales están por prescribir. Y sumado a eso, que nosotros estamos aplicando esto de resarcimiento al consumidor, queríamos dar respuesta al consumidor y resolver esos 3.500 expedientes. Entonces, como no teníamos capacidad de hacerlo internamente, hicimos un convenio con la Universidad Nacional del Litoral. La Universidad Nacional del Litoral trajo un equipo de 10 personas que trabajan solo en ese stock de 3.500 expedientes que estaban archivados. Se trata de expedientes que nadie tocaba porque estaban ahí archivados y cada vez se sumaban más archivados. Entonces, el convenio con la UNL es que solamente ellos van a tratar de resolver toda esa mora y esa acumulación de expedientes. Mientras tanto, Defensa del Consumidor funciona normalmente con todo lo demás, el día a día. De hecho, cualquier consumidor que haya hecho reclamo sabrá que se le da respuesta. La respuesta se le da rápida hasta la instancia de conciliación. Cuando pasa esa instancia, ahí es donde tenemos nosotros los mayores embudos”, detalló.

La responsable de Defensa del Consumidor destacó que “lo que tiene de interesante este convenio con la UNL es que los chicos que vienen son abogados y programadores y están sistematizando todo este proceso para que, en adelante, buena parte de todo lo que es el análisis, el clasificar el caso, lo hace automáticamente la máquina. Vos cargas el archivo y automáticamente el sistema se automatiza y ya puede determinar qué tipo de cláusula se viola, qué tipo de caso es. Todo el sistema lo hace automático. Además, la UNL va a dejar esa expertise. Porque la UNL termina este trabajo y se va”.

Giarrizzo responde al planteo de UPCN. “Ellos dicen que desde Defensa del Consumidor se están como pasando sus conocimientos a la UNL, cosa que no es real porque básicamente no tienen contacto. De hecho, una de las cosas que se habló es de poder ellos tener más contacto con la UNL, porque yo creo que a esta altura es tanto lo que de adentro se le puede dar a la UNL como lo de la UNL adentro, porque son todos chicos jóvenes que vienen con otro paradigma. En seis meses se analizaron 2.000 expedientes de los 3.500 que había archivados”, indicó.

Respecto del “vaciamiento” del que habló UPCN, Giarrizzo definió:  “Teníamos un director. No hubo incorporación de personal al inicio de gestión. Se trabajó con el recurso que había. Yo asumí y traté de quedarme con toda la gente de planta que tenía. Básicamente, no traje a nadie y unimos Defensa del Consumidor con Comercio Interior. Lo que pasa es que la persona que estaba a cargo de Comercio Interior no tenía ningún conocimiento de Defensa del Consumidor. Entonces, a medida que pasaron los meses y esta persona no entendía el dinamismo de Defensa del Consumidor, en un momento se generó algún desencuentro y yo le pedí la renuncia hace no tanto. Lo único cierto de todo lo que dice UPCN es que hoy estamos sin director, pero también la parte buena es que estuvimos seleccionando un director porque, bueno, queremos una persona competente, una persona que venga de afuera, que conozca, no hay tanta gente experta en defensa del consumidor en la provincia. Nosotros ya tenemos ese perfil. Ahora se está analizando y en días se va a resolver”.

-¿Usted mencionó que hubo resistencia a medidas adoptadas por la actual gestión desde adentro de Defensa del Consumidor?

-Siempre los cambios generan resistencia, sobre todo cuando son cambios que vienen de afuera, que trae gente con otros perfiles. Hubo una resistencia interna de un grupo de abogados. Nosotros lo conversamos, creo que estamos bien hoy con ellos. Se está trabajando bien, pero bueno, no siempre el 100% está conforme. El malestar es de una o dos personas, no es de todo el personal. Y quiero aclarar que acá no hay amenaza a la fuente laboral de nadie. Creemos que el cambio que estamos haciendo es recontrapositivo, y yo lo defiendo porque estamos incorporando inteligencia artificial al área, estamos acelerando los procesos, en 2025 queremos tener resuelto los 3.500 expedientes atrasados y poder estar al día, y que el consumidor, cuando se queje y proteste, sea resarcido como debe ser. Para tener una idea, resolver un expediente hoy, cuando no es conciliado, tarda en promedio unos cuatro años. Nosotros queremos bajar eso a un año, en los primeros meses, y bajarlo a seis meses para el segundo año. Pero para eso hay que hacer cambios. Todos tenemos que cambiar un poco la forma de pensar y de trabajar.

Entre Ríos Ahora