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Detalles del decreto de la baja de las retenciones

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El Gobierno publicó este lunes el decreto en el Boletín Oficial donde se detalla cuánto tributará cada uno de los productos

La baja de las retenciones pasó de anuncio a medida. Finalmente, aquellas palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, del jueves pasado se convirtieron en el decreto 38/25 que se publicó en el Boletín Oficial que empezará a regir hoy mismo. Es decir, hasta el 30 de junio, los productos exportables más importantes que vende al exterior el campo argentino pagarán menos derechos de exportación.

Ahora bien, no todos accederán a la rebaja. Sucede que la misma norma, firmada por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Caputo, establece una condición para tributar menos por cada tonelada exportada. Las cerealeras o las empresas que vendan fuera de las fronteras argentina deberán adherirse al régimen, hacer una nueva declaración jurada con los volúmenes y luego, liquidar al menos el 95% de lo declarado en 15 días hábiles. De no ser así, las retenciones que se cobran son las vigentes hasta ayer.

Así las cosas, la soja paso de 33% a 26% y sus derivados de 31% a 24,5% la alícuota; el trigo de 12% a 9,5%; la cebada, de 12% a 9,5%; el sorgo, 12% a 9,5%; el maíz, de 12% a 9,5% y el girasol, que estaba en 7 puntos, pasó a 5,5. En uno de los anexos, además, se mencionan los productos de las economías regionales que pasan a cero, como el azúcar, el algodón, el cuero bovino, el tabaco, los derivados de la forestoindustria y el arroz, entre otros productos.

“Uno de los objetivos de la gestión es potenciar la inserción internacional de la Argentina, acompañada de un incremento de las exportaciones agroindustriales que hoy representan más del 60% del total exportado por el país y que en el año 2024 han mostrado una performance positiva con un crecimiento en valor superior al 25% respecto del año anterior”, dice la norma.

Además, en un pequeño guiño a los argumentos del sector, dice que “el país se encuentra transitando efectos climáticos adversos, afectando el rendimiento de los cultivos agrícolas, que causan pérdidas en la producción agropecuaria” y que a esta adversidad se suma la baja de los precios internacionales, que “requiere de la instrumentación de políticas que permitan no solo su recuperación a corto plazo sino la mejora de su perspectiva de exportación”. Para decorar, el decreto sostiene que el sector agroindustrial “constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, de desarrollo regional y de empleo, contribuyendo al fortalecimiento de las reservas internacionales del estado nacional. ¿Por qué eso de pequeño guiño? Pues porque los hombres de campo dejaban para segundo y tercer lugar esa argumentación. La primera era, y es el peso de los impuestos, tanto nacionales como provinciales y hasta municipales.

Un tiempo para liquidar

Pero, más allá de la necesidad de que empiece a regir la medida, la principal duda estaba puesta en los alcances. Y como se esperaba, hay una cantidad y un tiempo para liquidar el la exportación para acceder a los nuevos valores temporales.

La norma dice que podrán tener una rebaja en la alícuota previa adhesión “a través de los mecanismos que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”. En el sector creen que será a través de una nueva declaración jurada de exportaciones y que seguramente, se hará de forma remota. Para eso falta la palabra del organismo liquidador. Completado ese requisito, accederán los que “liquiden al menos el 95% de las divisas respecto de esas mercaderías en un plazo comprendido entre la entrada en vigencia de la presente medida y hasta 15 días hábiles de efectuada la declaración, sea por sea por cobros de exportaciones, anticipos de liquidación, supuestos de prefinanciación o postfinanciación externa. Quienes no cumplan el requisito, deberán tributar “la alícuota del derecho de exportación que corresponda a la posición arancelaria de que se trate, vigente el día anterior al de la entrada en vigencia de la presente medida”. Es decir, liquidar en 15 días hábiles o no tener rebaja en las retenciones.

“El tratamiento arancelario establecido en el artículo 2° de esta medida será de aplicación efectiva respecto de quienes presenten las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) o bien oficialicen el permiso de embarque, según corresponda, desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta el 30 de junio del año 2025, inclusive”, dice la norma.

Otro de los puntos que queda claro es la temporalidad. Tal como está redactado, el 30 de junio no será necesario otro decreto para que las cosas regresen al estado anterior. El paso del tiempo, el cumplimiento del plazo ya genera la suba automática. Falta casi medio año. Entonces, la Argentina en campaña electoral será otra y los números fiscales tendrán ya una tendencia anual. Será otro momento y habrá otras decisiones.

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Bronca en Bunge con Caputo porque les madrugó Profertil: Amenazan con no liquidar

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Toto Caputo y Daniel González se metieron un una pelea de pesos pesado que amenaza con complicar la liquidación de la soja. En la conducción del gigante multinacional del comercio de granos Bunge hay bronca con el equipo económico. Entienden que Caputo y su viceministro usaron el poder del Estado para correrlos de la pulseada por Profertil, una empresa absolutamente estratégica para su negocio.

Como reveló LPO, Daniel Gonzalez, viceministro a cargo de la política energética del gobierno, es a la vez director de Adecoagro, la empresa que se quedó con Profertil, la principal productora de urea, el fertilizante ineludible en la producción de soja. La urea se produce con gas, un insumo crítico que regula el propio González desde su cargo. “El conflicto de intereses es clarísimo, está de los dos lados del mostrador”, afirmó a LPO el directivo de una empresa agropecuaria.

Esta semana Nutrien, la multinacional canadiense, acordó la venta de su 50% en Profertil a Adecoagro. Pero en el sector comentan que las ofertas presentadas por Corporación América y Bunge eran superadoras y por algún motivo fueron descarriladas del proceso.

Así, en medio de la crisis del Gobierno por la paliza en las elecciones bonaerenses, Caputo no perdió el tiempo y bajo su mirada se cerró de manera muy opaca uno de los negocios más lucrativos del campo en beneficio de su viceministro. Como era obvio, pasó casi desapercibida en la convulsionada agenda pública.

La transacción altera de un plumazo quién controla una parte esencial de la producción nacional de fertilizantes. ¿Por qué interesaba tanto ese activo? Porque Profertil no es cualquier planta: produce más de un millón de toneladas anuales de urea y cientos de miles de toneladas de amoníaco, y abastece buena parte de la demanda interna de nitrógeno para el cultivo. En la jerga del sector es “la fábrica de fertilizantes” del país. 

El gigante agroexportador era candidato natural para quedarse con Profertil pero, como reveló LPO, el ministro logró que se la quede Adecoagro, empresa que tiene como director a su mano derecha Daniel González.

Para la lógica industrial, integrar la cadena, tener producción de fertilizantes además de comercialización y exportación, aumenta márgenes y reduce riesgos logísticos. Por eso, Bunge era vista por muchos como “candidata natural” para entrar en Profertil: por tamaño, trayectoria y la posibilidad de capturar valor agregado en toda la cadena. 

La venta forzada de Profertil a Adecoagro, propiedad de una empresa de criptomonedas, convulsionó al sector. “Los más enojados dicen que hay que empezar a frenar la liquidación”, afirmó a LPO un consultor de las grandes empresas del sector.

La razón técnica por la que el viceministro y máximo responsable del área energética, Daniel González, está de los dos lados del mostrador es simple. Profertil produce urea, la urea nace del amoníaco, y para fabricar amoníaco la industria usa gas natural como insumo principal, no solo como fuente de energía sino como materia prima. González es en los hechos el último regulador del gas y quien define los contratos que reciben las industrias.

La planta de Profertil en Bahía Blanca.

La propia planta en Bahía Blanca demanda del orden de 2,5 millones de metros cúbicos de gas por día para sostener su producción. Cuando el gas sube de precio o cuando el abastecimiento es incierto, la cuenta de resultados de la planta se mueve con fuerza. 

Y ahí entra el Estado: el Plan Gas organiza incentivos, contratos y pagos. Es decir, decide quién se queda con que parte del gas que llega desde la cuenca neuquina y, en menor medida, desde la cuenca austral, por la red troncal de gasoductos que también controla el Estado. 

Las empresas del complejo agroexportador están furiosas porque además el paquete mayoritario de las acciones de  Adecoagro está en manos de un grupo vinculado a actores del mundo cripto mediante la firma Tether. No hay que explicar la tortuosa relación del mundo cripto con el gobierno de Milei. “Jugada turbia”, sintetizó un actor importante del agro. 

“Adecoagro responde a intereses del sector financiero, muy alejados del desarrollo del país”, agregó a LPO un empresario del sector. 

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