El Consejo General de Educación (CGE) logró saldar una larga disputa con el dueño de una propiedad que alquiló el organismo y que derivó en la apertura de una causa ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2.

La solución al diferendo se logró luego de que el Consejo de Educación depositara una suma superior a los $1,8 millones a favor de Mariano Lino Churruarín, propietario del inmueble ubicado en Tejeiro Martínez al 400 donde funcionó el Área Salario Familiar y Gavetas del Consejo General de Educación.

A través del decreto N° 2.369, del 2 de septiembre, el Poder Ejecutivo reconoció “lo adeudado en concepto de capital” y autorizó a efectuar el depósito judicial en el marco de la causa “Consejo General de Educación c/Churruarín Mariano Lino s/Acción de consignación” que se tramitó en el fuero civil y comercial de $1.838.471,05.

El 5 de diciembre de 2023 un grupo de funcionarios del CGE se reunió en la sede de Tejeiro Martínez al 400 con el propietario del inmueble en la que se hizo entrega del mismo “y la devolución de las llaves, aunque en ese momento Churruarín, dice el decreto publicado en el Boletín Oficial, “manifiesta su negativa a recibir las llaves del inmueble como también a firmar la correspondiente acta”.

Lo que siguió el 21 de diciembre de 2023 fue el envío de una carta documento por parte de Educación al propietario notificándole “que las llaves del inmueble se encontraban a su disposición por el término de 48 horas” caso contrario se recurriría al procedimiento de “consignación extrajudicial”. Churrurín contesta con carta documento y rechaza ese planteo. Dice el propietario “que quien se encuentra en mora respecto de la restitución del inmueble y el pago de la compensación por uso del inmueble y los daños derivados de la ocupación ilegitima (es el CGE), de los cuales nunca efectuaron un ofrecimiento de pago y solo se hizo un pago a cuenta en el mes de diciembre 2022; que el contrato se encuentra extinguido desde el año 2020” y manifiesta su voluntad de recibir las llaves del inmueble previa vista y constatación del estado del mismo. Propone como fecha para ese trámite el 1° de febrero de 2024.

El CGE arguye que por resolución del año 2022 se autorizó el pago a Churruarín de la suma de $35.000 “por el período febrero 2020 a enero 2021” y la suma de $73.500,00 “desde febrero 2021 y hasta la desocupación del mismo”. En total, se abonó $2.110.500 “por el periodo febrero 2020 a diciembre 2022”.

Educación ratificó que la locación del inmueble en litigio se dio por concluida el 5 de diciembre de 2023. En esa fecha se desocupó la propiedad “y que las llaves están a su disposición en Secretaría General del Consejo General de Educación y se lo intima a la presentación de facturas correspondientes a los alquileres desde enero a diciembre 2023 conforme la suma mensual de $73.500”.

El CGE fijó que la deuda en concepto de capital e intereses “desde enero 2023 y hasta la fecha de corte establecida el día 5 de diciembre el año 2023” arrojó una cifra de  $1.233.009,35. El Departamento Judicial y Procuración de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo General de Educación ofreció el pago.

Todo derivó en una audiencia de mediación prejuidicial entre las partes que se celebró el 25 de septiembre de 2024. Entonces, las partes deciden dar por finalizado el proceso en razón de no haber arribado a acuerdo alguno relacionado con el objeto que los ha convocado. Por eso, el CGE dispone el depósito judicial de la suma adeudada.

Luego hay un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo General de Educación que da cuenta del depósito de la suma que se pagaría a Churruarín y en función de lo requerido por la Delegación de Contadores Auditores respecto del cálculo de los intereses hasta la fecha de efectivo pago, se procedió a realizar dicho cálculo hasta el día 25 de marzo del año 2025, fecha del día en que se efectúo el mismo y que fuera tomada como fecha de corte ya que a ese día no existen índices definidos para fechas futuras.

Entre Ríos Ahora