El juez Ángel Moia, que lleva adelante el concurso preventivo, determinó el valor de las acciones de El Diario y fijó el 21 de noviembre como fecha tope para la presentación de las conformidades de los acreedores. Si eso no ocurre derivará en el dictado de la quiebra de la empresa editora del centenario matutino paranaense.

La dramática situación de El Diario entró en una fase definitiva luego de que el juez Ángel Moia, que lleva adelante el concurso preventivo, pusiera valor a las acciones de la empresa y fijara fecha para presentar los acuerdos con los acreedores –incluidos los ochenta y tantos despedidos hace seis años sin indemnización– o decretar la quiebra.

Las acciones de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora del centenario matutino paranaense, tienen un valor 122.922,40 pesos cada una, un precio que surge de la valuación patrimonial, considerando los activos y restando los pasivos.

En el concurso preventivo de SAER, el contador José María González hizo una estimación de los bienes de la empresa y determinó un patrimonio neto de 1.106.301.607,59 pesos, que surge de la diferencia entre activos por 2.038.182.242 pesos y un pasivo de 931.880.634,41 pesos, entre deudas por indemnizaciones, honorarios de profesionales, aportes previsionales, contribuciones sociales, impuestos, tasas y tarifas de servicios.

Hecha la valuación, el juez Moia dispuso el inicio de una instancia de rescate empresario, es decir, la última chance preventiva frente a la posible liquidación de la empresa y dio plazo hasta el 21 de noviembre para la presentación de las conformidades. Previo a eso, el 13 de noviembre, será la última instancia “para exteriorizar la propuesta de acuerdo ofrecida a los acreedores”.

En esta instancia, el magistrado habilitó el cramdown power, un proceso previsto en la Ley de Concursos y Quiebras que permite a terceros interesados pujar por las acciones de SAER y gestionar acuerdos judiciales o extrajudiciales con los acreedores.

Quienes tienen la responsabilidad de gestionar los acuerdos son los socios de SAER: Ramiro Héctor Nieto, que ostenta el 66 por ciento de las acciones; y la familia Etchevehere, dueños del 33 por ciento restante. Se trata de los hermanos Luis Miguel (ex ministro macrista), Sebastián (candidato a gobernador libertario) y Juan Diego (director de la Sociedad Rural de Entre Ríos); y la madre de ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial.

El tercero en discordia e interesado en quedarse con El Diario es Difutec SA, cuya cabeza visible es el empresario rosarino Gustavo Scaglione, dueño de los diarios Uno de Paraná y Santa Fe, La Capital de Rosario, el vespertino El Litoral y varias radios y señales televisivas; aunque su nombre no aparece en la sociedad.

La empresa editora de El Diario se presentó en concurso preventivo en 2018, tras despedir a más de ochenta trabajadores sin pagarles la indemnización de ley.

Lejos de encarrilar el rumbo, la crisis se agudizó durante el concurso: se produjeron nuevos despidos de trabajadores, la empresa incurrió en atrasos salariales permanentes, por lo que el personal no cumple con sus tareas diarias; y adeuda impuestos, tasas y servicios varios, como electricidad, agencias de noticias y el sistema contable. En junio, por ejemplo, Enersa intimó a la empresa por una deuda de 1.640.955,27 pesos y el juez evitó el corte del servicio acumulando esa cuenta al pasivo del concurso.

En ese marco, el abogado Mariano Prono, que supo compartir estudio jurídico con Moia y hoy representa a los accionistas de SAER, ha solicitado en reiteradas ocasiones que se permita a la empresa “la venta de inmuebles que resultan improductivos para la sociedad”, algo desaconsejado por el contador que tuvo a su cargo la valuación de la empresa con argumentos dramáticos: “Disminuirá el activo y, además, con el ingreso del flujo de fondos en una empresa que está paralizada y (…) no posibilitará el impulso de la gestión de las actividades operativas esperadas”.

A eso se suma un “deficiente estado de la contabilidad” de la concursada”, lo que motivó al magistrado a designar un coadministrador externo, quien en pocos días diseñó un plan de trabajo que permitió hacer la valuación de las acciones de la empresa.

Página Judicial