El recorte temporal de derechos de exportación tendrá un costo fiscal que equivale casi a la mitad del superávit financiero de 2024. La medida será por decreto y se reajustarían automáticamente en julio sin pasar por el Congreso.

El Gobierno cederá recaudación por un monto equivalente a poco menos de la mitad del superávit financiero del 2024 por la baja de derechos de exportación a productos del agro. El Poder Ejecutivo decidió redoblar la presión sobre gobernadores e intendentes para que apliquen sus propios recortes en el nivel de presión impositiva y dará a conocer la letra chica de la medida este lunes cuando se publique el decreto oficial.

La baja de retenciones se conoció dos semanas antes de la reunión pautada entre el ministro de Economía Luis Caputo y la Mesa de Enlace agropecuaria, que había planteado como uno de los puntos a discutir en el Palacio de Hacienda, la necesidad de una baja inmediata en los derechos de exportación en un contexto crítico para el sector.

Según fuentes oficiales, el costo fiscal de la medida será de unos 800 millones de dólares, que según estimó el economista de Analytica Claudio Caprarulo, equivale a 0,13% del Producto Bruto. Esto representaría poco menos de la mitad del superávit financiero que registró el sector público nacional en 2024 (0,3% del PBI). Caputo mencionó que para eliminar por completo todo ese gravamen el Estado nacional debería contar con USD 8.000 millones de superávit.

El jefe del Palacio de Hacienda aprovechó el anuncio de baja de retenciones para volver a mencionar los impuestos de provincias y las tasas municipales, y aseguró que este recorte en derechos de exportación implicará una mejora recaudatoria de tributos que son coparticipables, por lo que derramará a través de mayores transferencias automáticas a las arcas de los gobernadores. “Un mensaje para todos los sectores: sería bueno que todas las exigencias o reclamos se concentren a nivel de provincias y municipios”, lanzó Caputo.

La oportunidad del anuncio de baja de retenciones se dio en medio de una negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional, que suele presionar por cambios en el esquema cambiario como parte de la discusión hacia desembolsos nuevos. No hubo anuncios oficiales sobre ninguna modificación, por ejemplo, en el dólar blend, una medida que suele ser objetada por el staff del organismo. El ministro de Economía, de hecho, salió este jueves a asegurar que “el programa económico continuará siendo el propuesto por Argentina”.

Distintos informes plantearon en los últimos días la situación crítica que atraviesa el sector agropecuario. “En el mercado internacional (Chicago) la soja promedió USD 361 la tonelada en diciembre 2024″, lo que implicaría un precio 27% por debajo del promedio entre 2002 y 2023 (491 dólares), y su nivel más bajo desde 2006, señaló la Fundación Mediterránea. En el mercado local, la caída del poder adquisitivo de ese cultivo rondaría un 30 por ciento. “En las últimas dos décadas el precio del grano sólo estuvo por debajo de los valores actuales en algunos pocos meses de los años 2015 y 2017″, estimó.

La misma institución calculó, en otro trabajo, que en 2024 los derechos de exportación aportaron entre 1 y 1,1% del PBI. “Desde su restablecimiento en 2002 y hasta 2023, representó entre el 2,6% y el 13,4% de los recursos tributarios totales del gobierno nacional, equivalente a entre 0,6% y 3,1% del PIB. En 2024, se estima que la recaudación se ubicaría entre 1% y 1,1% del PIB. Estas magnitudes, en un contexto que demanda redoblar esfuerzos en materia de sustentabilidad fiscal, resultan el principal escollo de cara al objetivo de eliminar las retenciones”, consideraron desde Fundación Mediterránea.

Ese centro de estudios mensuró el impacto en la carga tributaria total para el sector. En la zona núcleo, los derechos de exportación representarán el año que viene el 44% de un peso tributario total de 64% de la renta agrícola (el resto son 15% de Ingresos Brutos y un resto menos de Sellos, Cheque, impuesto a las Ganancias y inmueble rural). Para la zona extrapampeana será en 2025 el 57% del 74% total de la renta alcanzada por carga tributaria.

La Mesa de Enlace, la semana pasada, acordó pedir una reunión con Caputo con la intención de solicitar un “alivio fiscal inmediato”.

El punteo de reclamos incluyó:

-La eliminación de los derechos de exportación (retenciones), que afecta la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional.

-Un esquema impositivo más equilibrado, que contemple las particularidades de las economías regionales y alivie la carga fiscal sobre los pequeños y medianos productores.

-La implementación de medidas de financiamiento accesible que permitan a los productores realizar inversiones clave para su actividad.

El Gobierno decidió así anticiparse y sorprender con una baja que, aseguran en los despachos oficiales, fue trabajada desde fines de 2024 en el Ministerio de Economía. En lo práctico, mencionaron que el decreto que oficializará los cambios en el esquema de retenciones se conocerá el lunes mismo en que estarán vigentes las nuevas alícuotas.

Para avanzar en una disminución adicional de los impuestos, el Ejecutivo estima que sería necesario un incremento en la recaudación tributaria equivalente a más de un punto del PBI en 2025, alineado con un repunte de la actividad económica.

Una proyección del Ministerio de Economía sugiere que uncrecimiento del PBI de 5% en 2025 podría generar una recaudación adicional de hasta 1,2 puntos del PBI. Sin embargo, el consenso del mercado reflejado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipa una expansión superior al 4 por ciento. “Va a ser un proceso, no tenemos el superávit para hacerlo. No podemos comprometer el esfuerzo de todos los argentinos para llegar adonde hemos llegado”, planteó Caputo.

Infobae