El fiscal alegó agravantes como el destino del cargamento, el ocultamiento en el vehículo y el rol activo del principal acusado en el comercio de drogas. La defensa solicitó la absolución.

El fiscal General Federal, José Ignacio Candioti, solicitó cinco años y dos meses de prisión efectiva para Ángel Gabriel Villalba, acusado de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. Mientras que para María Antonia Romero, coimputada en la causa, pidió tres años y dos meses de prisión por colaboración accesoria.

Durante su alegato, Candioti hizo hincapié en el impacto del narcotráfico como flagelo social y consideró agravantes clave: el destino del cargamento —la pequeña localidad de San Jaime de la Frontera— y el “acondicionamiento especial” del vehículo utilizado para ocultar la droga.

“El daño a la salud de la población es directo y grave”, sostuvo el fiscal, quien también presentó audios y videos que, según dijo, demuestran el accionar doloso de los imputados, con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos.

Además, Candioti quien estuvo acompañado por el fiscal auxiliar Juan Podhayny, descartó que Villalba actuara como simple “mula”. “No estamos ante un eslabón menor. Villalba se dedicaba al comercio de tóxicos”, afirmó.

Por su parte, la defensa pidió la absolución de ambos. En caso de condena, solicitó que Villalba reciba una pena condicional de tres años. Respecto de Romero, argumentó que no existen elementos que prueben que conocía la presencia de droga en el vehículo.

El caso se remonta a octubre de 2024, cuando Villalba y Romero, empleados municipales de Eldorado, Misiones, fueron detenidos en un control de rutina en el puesto caminero de San Jaime de la Frontera.

La perra detectora Lola marcó la presencia de marihuana en los zócalos traseros del Peugeot 307 en el que viajaban. Los efectivos extrajeron 108 ladrillos rectangulares, que totalizaron 44 kilos de marihuana. También se constató que Villalba no tenía licencia de conducir y que el número de motor del auto estaba adulterado.

El procedimiento fue supervisado por la jueza Analía Ramponi, de la Justicia Federal de Concordia. El juicio está a cargo de la jueza Emilce Rojas, quien pasó a deliberar.

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