El Presidente quiere que las provincias bajen USD 20.000 millones el gasto en 2025. Pero la mayoría de los mandatarios cree que es una meta demasiado ambiciosa y que, de aplicarse, podría hacerles perder las próximas elecciones. Las alternativas que empezaron a explorar en el inicio del debate del Presupuesto.

Para algunos, la meta fue demasiado ambiciosa. Y para otros, impracticable. Sin embargo, ningún gobernador fue indiferente a la frase que pronunció Javier Milei la noche del domingo, cuando presentó el Presupuesto. “Cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares”, planteó. Esa cifra duró poco: el lunes siguiente pasó a 20 mil millones de dólares. Pero también provocó estupor y sorpresa.

Es una discusión que se da en el inicio del tratamiento del primer proyecto de presupuesto que elaboró la administración libertaria, que mezcló enormes dosis de ortodoxia económica y audacia política, con algunos errores veniales. Desde la dimensión del ajuste exigible a las provincias, a la confusión de las planillas de las obras para cada distrito.

Es una negociación incipiente que empezaron los gobernadores en el Zoom del mismo lunes -donde se rebajó a un tercio la “exigencia” del recorte de gasto- y que promete continuar los dos meses que demandará, al menos, el debate y la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado del Presupuesto. En esa reunión participaron los que están cerca de la Casa Rosada y faltaron los que están más lejos. No hubo sorpresas. Como tampoco llamó la atención que ayer fueran a la sede del Ejecutivo los diputados y senadores del oficialismo para pulir la estrategia parlamentaria.

En el Salón de los Escudos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y otros funcionarios, estuvieron el lunes con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones), que habían ido a Gobierno, mientras que se conectaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa) -que confirmó a último momento-, Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), y Claudio Poggi (San Luis).

El jefe de Gabinete porteño, Jorge Macri, el cordobés Martín Llaryora, y el neuquino Rolando Figueroa, mandaron representantes. Y pegaron el faltazo los que están más enfrentados a Javier Milei y su gobierno: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Son importantes los nombres porque en base a fuentes consultadas de ocho provincias que estuvieron en la charla “inaugural” del lunes pasado surgieron los primeros datos de la negociación política que se abrió con los mandatarios, que son claves tanto para los votos en el Congreso como para uno de los objetivos centrales que planteó el Presidente, que es el ajuste de las cuentas de las provincias y los municipios.

Hay en el diverso conjunto de gobernadores referentes que en off the record advierten que no están dispuestos a hacer más ajustes y otros que son más proclives a aceptar los lineamientos que emana de los funcionarios nacionales. “Que a mí no me pidan nada”, es la posición que le transmitió a Infobae uno de los mandatarios más encumbrados de lo que fue Juntos por el Cambio. “Hay que hacer el esfuerzo y encontrar alternativas de financiamiento”, fue otra voz recogida de un funcionario de otro mandatario de origen peronista que tiene diálogo abierto con el Gobierno.

Son opiniones obtenidas del mundo no kirchnerista. Ni Kicillof, ni Quintela con sus “Chachos”, ni Insfrán o Melella están dispuestos a hablar de más ajuste.

En ese sentido, lo que “hermana” a ambos bandos es la queja por una reducción del orden del 85% al 90% en las partidas no automáticas que hasta el año pasado recibían las provincias, como así también la demanda de fondos que aseguran que les deben por ítems diversos: desde fondos para docentes, a transporte a dinero de las cajas de jubilaciones. Hay provincias chicas y “grandes” esgrimiendo esas quejas y algunas tienen reclamos pendientes en la Corte Suprema.

“Los únicos que están al día y tienen acuerdo son los porteños. A todos los demás nos tienen con la ñata contra el vidrio”, decía ayer una de las fuentes consultadas sobre la tensa relación entre el gobierno central y las provincias.

Pero hay algo, profundo, que separa del resto a esos cuatro mandatarios, que por el peso desmesurado de Buenos Aires y del kirchnerismo como representación política parlamentaria. Es que los que estuvieron en el Zoom están mayoritariamente a favor de que el gobierno de Javier Milei tenga su Presupuesto.

Obras, préstamos y jubilaciones

Independientemente de esos dos sectores de gobernadores, hacia adentro de los aliados se pueden detectar matices. Hay casos como Santa Fe, donde el radical Pullaro hizo un ajuste draconiano que le permitió llegar en seis meses al superávit, al mismo tiempo que ejecutó una profunda reforma previsional para darle al sistema mayor sustentabilidad. Y está Catamarca, del peronista Jalil, un distrito donde el peso de la coparticipación es mayor: desde enero aplicó una política de austeridad, con recorte de gastos y congelamiento de vacantes en el Estado, manteniendo niveles bajos de endeudamiento.

En el primer ejemplo, no está previsto un ajuste extra y tiene previsto que el año que viene desplegará un plan de inversiones con recursos propios por mil millones de dólares. En el caso catamarqueño está explorando la posibilidad de tomar un crédito en pesos en el Banco Nación para afrontar las obras públicas que le permita dinamizar la economía en un año de elecciones.

En Córdoba, donde gobierna el peronista Llaryora, también están barajando la posibilidad de tomar créditos para terminar obras que están en marcha para no afectar el equilibrio fiscal. Mientras que en Mendoza, el radical Cornejo dijo que la idea de ajustar 60 mil millones de dólares “no resiste análisis” pero calificó como “bastante sensato decir que no se va a gastar más de lo que se recauda”.

Son las primeras señales y definiciones que llegan en la primera semana después del inédito anuncio que hizo Milei del Presupuesto por cadena nacional en el prime time del domingo.

“Las provincias tienen que hacer el ajuste”, decía anoche el diputado José Luis Espert, que preside la Comisión de Presupuesto y que va a estar en el primer mostrador del gobierno en el Congreso. “Que los gobernadores y los intendentes no se hagan los pillos”, les advirtió desde un estudio de televisión. Es la narrativa que se va a escuchar las próximas semanas.

Infobae