El Gobierno firmó un convenio con el Correo por $ 223.000 millones. Hace dos años, tres instancias electorales costaron casi lo mismo. Sin ahorro con la BUP.

El gobierno de Javier Milei cerró el proceso administrativo y de contratación de proveedores para las elecciones nacionales de octubre con un premio mayor al Correo Argentino que se llevó una contratación por $ 223.000 millones, una cifra que prácticamente triplica el costo de las elecciones generales de 2023.

Después de privatizar las principales funciones electorales que realizó hasta las últimas presidenciales el extinto Ministerio del Interior dejándolas en manos de la empresa que preside Camilo Baldini, la administración libertaria remató la maniobra contratando a la compañía postal pública para que organice la logística electoral.

Más allá del dato de que el Estado pierde la potestad del control de todo el proceso eleccionario, el convenio firmado por el Ejecutivo y el Correo asciende a $ 223.000 millones, un costo inéditamente alto en la historia de los comicios. Sobre todo porque se trata de legislativas, con muchas menos categorías que unas ejecutivas, y en un contexto donde varios de los principales distritos electorales, como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, optaron por desdoblar las elecciones locales.

La motosierra de Javier Milei, sin filo

Si se dolariza el monto que cobrará el Correo, al tipo de cambio oficial, el convenio alcanza los 180 millones de dólares, tres veces más que lo que pa

El aumento exponencial de los costos se contradice con otra política oficial, la boleta única en papel. Durante la campaña para aprobar ese instrumento que se utilizará por primera vez este año, a tono con la motosierra, el oficialismo destacaba que se trataba de la mayor transformación del sistema electoral desde 1983 y que su implementación iba a redundar en, además de mayor transparencia, en una reducción drástica de los costos electorales.

El modelo macrista

A mediado del año pasado, ya avanzados los plazos previstos para comenzar el operativo electoral, el gobierno nacional a través del secretario de Interior, Lisandro Catalán, se inclinó por un modelo de gestión empresaria de los procedimientos electorales, que diluyó el poder de la DINE y trasladó las principales funciones a la órbita del Correo. No era una novedad: en 2019, Mauricio Macri ya había ordenado que la compañía estatal de logística fuera la encargada de licitar y administrar el recuento de resultados provisorios, la digitalización y la transmisión de los telegramas electorales desde los mismo locales de votación.

Históricamente, con la gestión del PRO como excepción, el Correo se encargó de proveer los medios logísticos para las elecciones, en función del alcance federal que le dan su sucursales a lo largo y ancho del país. La distribución de urnas y kits electorales en articulación con las fuerzas armadas y de seguridad, y la utilización de sus sedes como nodos electorales cumplieron y cumplen una función central en el operativo electoral.

Además del modelo de gestión empresaria, el vértice de coincidencia entre libertarios y macristas es la presencia determinante de Alejandro Tullio. El extitular de la Dirección Nacional Electoral del Frepaso y del kichnerismo, fue contratado por el Correo como asesor, la misma función que cumplió durante el macrismo, cuando operó exitosamente una estrategia que le permitió continuar controlando las contrataciones que había manejado como funcionario, pero en ese momento desde la empresa pública.

Tullio se mimetizó rápidamente con el estilo libertario y, sin cargo formal, participó activamente en las reuniones de coordinación y de las decisiones más relevantes en materia electoral. Su designación como Secretario Electoral de la provincia de Chubut, en diciembre del año pasado, no le impidió retener el lugar un lugar clave en la mesa en la que se digitó la estrategia nacional.

Una licitación opaca

Caída en desgracia la DINE, tres meses atrás el Correo armó una licitación privada, casi secreta, para contratar a la empresa que transmitirá telegramas y contará los votos en las elecciones del 26 de octubre. Con condiciones excluyentes y fuera de la órbita pública, sólo dos empresas estaban en condiciones de quedarse con un negocio millonario.

En la más estricta reserva, sin publicidad oficial, el Correo le envió a tres empresas tecnológicas el pliego de la licitación, una decisión que contrastó con la política impulsada por el exministro del Interior Wado de Pedro que, durante las elecciones de 2021 y 2023, resolvió no sólo hacer públicos los términos de la contratación, sino que además incorporó sugerencias o solicitudes de partidos, ONGs y empresas del sector.

El opaco proceso administrativo para licitar los principales servicios electorales terminó de la misma manera que empezó: sin ninguna publicación oficial que brinde detalles del resultado, pero con un ganador, la española INDRA. La noticia de que esa empresa se impuso en la licitación se conoció únicamente por una comunicación informal del Correo Argentino que fue enviada a los medios. Allí se informaba que el proceso de selección había concluido, contratando un servicio con 38% menos de recursos que en 2023. Además, precisaba que la ganadora de la compulsa era Indra, la empresa favorita, que habría ofrecido 21.169 millones de pesos.

Letra P