La acusación contiene un total de 41 cargos, que incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos o incluso perjurio. La fiscal le dio plazo hasta el 25 de agosto para “entregarse voluntariamente”.

Donald Trump y otras 18 personas fueron imputadas por intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, en la cuarta inculpación para el expresidente de Estados Unidos y favorito a ganar la candidatura presidencial de su Partido Republicano en 2024.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, inculpó a los 19 acusados en virtud de una ley vigente en Georgia sobre la delincuencia en banda organizada, que se suele usar contra las pandillas, y prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión.

En rueda de prensa en Atlanta, capital de este estado del sureste del país, la fiscal anunció la noche de este lunes que les daba hasta el 25 de agosto “para entregarse voluntariamente” a la Justicia de Georgia.

“¡Caza de brujas!”, dijo Trump en su red social Truth Social en referencia a la decisión judicial sobre las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata.

“¡Me suena a amañada! ¿Por qué no me inculparon hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política”, agregó Trump sobre la inculpación.

La fiscal dijo que quería juzgar a los 19 acusados, incluido el exjefe de Gabinete Mark Meadows y su abogado personal Rudy Giuliani, en un mismo juicio “dentro de seis meses”, pero recordó que es el juez quien fija la fecha.

“Georgia, como todos los estados, tiene leyes que permiten a aquellos que creen que los resultados de una elección están equivocados (…) impugnar esos resultados en nuestros tribunales estatales”, declaró la fiscal, informó la agencia de noticias AFP.

“La acusación formal alega que, en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de la elección presidencial de Georgia”, añadió.

La acusación contiene un total de 41 cargos, que incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos o incluso perjurio.

La investigación comenzó por una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se ha hecho pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que “encontrara” unas 12.000 boletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.

Un gran jurado reunido en Atlanta aprobó la inculpación después de que los testigos convocados por la fiscalía declararan durante toda la jornada.

La fiscal Willis fue quien creó este panel de ciudadanos con poder para investigar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude e interferencia electoral.

Antes de la imputación, el expresidente volvió a atacar a la fiscal en un comunicado en el que la califica de “partidista rabiosa” al servicio de los intereses del presidente demócrata Biden.

“Willis ha estancado estratégicamente su investigación para tratar de interferir al máximo con la carrera presidencial de 2024 y dañar la campaña dominante de Trump” en las encuestas, dijo la nota.

Para evitar posibles presiones o violencia, se instalaron barreras de seguridad frente a la corte en el centro de Atlanta donde se llevó a cabo la investigación.

A diferencia de los juicios federales, el procedimiento en Georgia es televisado, pero el magnate, que debe gran parte de su fama a un programa de telerrealidad, podría pedir que un abogado lo represente.

Aunque ganara las presidenciales de 2024, si fuera condenado, no podría indultarse ni hacer que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia, sobre el cual el Estado federal no tiene autoridad.

Trump ha sido inculpado por otros tres casos: por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 (en un caso en Washington), por negligencia en la gestión de documentos confidenciales (en un tribunal de Florida) y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio (en una corte de Nueva York).

Télam