La fuerza padece una situación salarial delicada que ha dado lugar a desenlaces dramáticos. También a que algunos sectores vean una salida en la corrupción.  

Un minucioso informe realizado por sectores internos de la Policía de Entre Ríos pone en evidencia un estado crítico de la fuerza. El trabajo al que tuvo acceso Página Política hace referencia a la pronunciada caída del poder adquisitivo de quienes la integran, pero a partir de ese problema se desprenden otros. 

El salario, tomando la cifra de diciembre del 2023 en base a la inflación y el valor de la canasta básica (IPC acumulado) a agosto de este año, debería ser de $2.800.563. Pero es de $1.091.142. La pérdida del poder adquisitivo, entonces, marca un 61 por ciento. 

La erosión no es propia del gobierno de Rogelio Frigerio. El trabajo se retrotrae a diciembre de 2015, cuando asumió Gustavo Bordet. Debió ser $414.228, pero fue $400.080. En números:  $14.148, es decir de 3,4%.

La Policía tiene un plantel de aproximadamente 10 mil agentes, con un  90% de suboficiales y el resto oficiales. 

En la labor cotidiana el 85% se dedica a operaciones y seguridad. Se trata de los agentes que están en los patrulleros, comisarías, puestos fijos y tareas de calle. El régimen más extendido es el que se conoce como 24 por 48. Se trabaja un día completo por dos días de descanso, lo que hace un total de 240 horas mensuales, con diez guardias de 24 horas.

En la fuerza se suele acudir a los adicionales, una opción para mejorar los ingresos. La seguridad en un evento deportivo o privado, por ejemplo. Esta posibilidad se convirtió en un “salvavidas” que, a la vez, ha producido un desgaste que -según el informe- se mide en menor descanso: 90 horas libres al mes, si se suman 120 horas de adicional y 30 de recargo.

“Necesitamos cuidar a los que nos cuidan”, dijo el 7 de marzo pasado el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia. En lo que va del año, la Policía ha sido el centro de una realidad dramática que contabilizó 8 suicidios y otras tentativas. Seis en los últimos dos meses. Estos casos llevaron a que se anunciaran equipos interdisciplinarios y una línea 0800 de salud mental. Sin embargo en la fuerza han reportado falta de seguimiento clínico. 

Un punto son las licencias médicas. Cuando un funcionario policial se presenta en la clínica policial con un certificado de su especialista —por ejemplo con el pedido de tres días de descanso— el médico policial tiene la orden de que ningún certificado expedido sea menor a cinco días. Es allí cuando se le retiene el arma reglamentaria y automáticamente se corta el código 181, un adicional de “riesgo y peligrosidad” que perciben los agentes en actividad para compensar los peligros inherentes a su trabajo. Esto impacta en alrededor de 130 mil pesos. Y, obviamente, queda impedido de hacer adicionales. 

La situación económica de los agentes de la Policía ha dejado un saldo de muertes que no se ha verificado en la historia de la fuerza. Pero además abre la puerta a que la subsistencia comience a incursionar en maniobras ilícitas. Se han detectado sospechas en torno a un circuito irregular de adicionales y retornos. El ministro Roncaglia recibió una denuncia que derivó a Asuntos Internos.  

El lunes pasado el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) del Ministerio Público de la Defensa le manifestó al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y al titular de la cartera sanitaria, Daniel Blanzaco, la necesidad de que se adopten medidas para abordar las problemáticas de salud mental que afectan a los funcionarios y funcionarias de la Policía. Fue luego de la última reunión plenaria del ORSM.

El defensor general Maximiliano Benítez y el secretario ejecutivo del mismo Martín Cabrera presentaron sendas notas en las cuales expresaron que “existe una profunda preocupación por los suicidios de funcionarios policiales registrados en el último tiempo, los que obedecen a múltiples determinantes de carácter histórico, socioeconómico, cultural, biológico y psicológico”. Pidieron que se analice el impacto del contexto institucional y las condiciones laborales en esta problemática; y se ponga en funcionamiento la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, creada por decreto en 2022 y modificada este año.

La Policía es la institución que brega por la seguridad ciudadana, pero es, también, de quienes dependen buena parte de las investigaciones judiciales. 

Página Política