La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia le reclamó a una funcionaria de la Compañía Entrerriana de Gas la devolución de $42 millones en concepto de beneficio jubilatorio percibido en incompatibilidad.

Se trata de Cristina Beatriz Maccio, quien durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet ocupó la presidencia de la Compañía de Gas y que en la actual gestión de Rogelio Frigerio sigue ligada al organismo.

La resolución Nº 6.720 del 18 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del martes 24, da cuenta que el Área de Administración realizó una planilla de deuda «por el período en que la beneficiaria de la referencia incurre en una situación de incompatibilidad activo – pasivo», y que se resuelve «suspender el goce del beneficio». La medida, además, establece «que la actora deberá dar la baja al empleo activo para volver a percibir la prestación previsional».

La deuda que el organismo previsional reclama a la funcionaria es de $ 42.318.018,62, «monto que la Caja debe recuperar íntegramente». El informe del Área Presupuesto y Control del Gasto detalla los períodos en los que la funcionaria incurrió en incompatibilidad (percibió sueldo como personal activo y a la vez también la jubilación de la que ya gozaba): entre septiembre de 2022 y septiembre de 2024.

La resolución de la Caja plantea que «la beneficiaria incurre en una situación de irregularidad contraria a las normas previsionales vigentes, por el doble cobro o percepción sin derecho, al encontrarse en situación de incompatibilidad, siendo simultáneamente beneficiaria de éste Organismo al mismo tiempo, percibir remuneraciones en el desempeño de su cargo como
trabajadora activa».

Gastón Bagnat, presidente de la Caja, sostiene que la decisión de cortar con las incompatibilidades forma parte de las estrategias implementadas por el organismo para bajar el déficit. «El proyecto de la reforma de la Ley Nº 8.732 es el 25% de lo que necesitamos. El 75% de las medidas para bajar el déficit tienen que ver con el control de gasto, control de captación de recursos, y resoluciones internas que cortan atajos contrarios a los intereses de la Caja. Todo eso hizo que empezara a sanearse el sistema. Este mes que pasó, de incompatibilidades se recuperaron más de $120 millones de suspensiones de haberes. Son ilegales. Alguien que está jubilado no puede volver a aportar al sistema como activo. Solo puede hacerlo como monotibutista».

-¿Es común reclamos por montos tan altos?

-Hoy es común, es habitual y esto es producto del control. Es habitual este tipo de deudas. Esa persona que está jubilada vuelve a la función como activos. Pero cuando se jubila la persona, en la resolución de otorgamiento del beneficio se les notifica qué puede hacer, qué no pueden hacer. Son sabedores de qué cosas no pueden hacer, como estar en incompatibilidad. Cuando empezamos a peinar información se detectan las incompatibilidades. Ese doble sueldo que paga el Estado produce deuda en la Caja. Le suspendemos el beneficio y calculamos la deuda. El día que cese, se restituye. Y si no puso al día la deuda, se le empieza a descontar cuando vuelve a cobrar la jubilación.

-¿El que incurre en incompatibilidad puede argumentar que no estaba al tanto?

-No. El día que se notifica de la resolución se hace saber qué puede hacer y qué no puede hacer.  Nosotros, más allá de la situación legal o si es delito o no, o si es incompatible o no,  estamos sanando el sistema, y procuramos que no se cometan errores y se recupere el dinero. Es una forma de apuntar a bajar el déficit.

Entre Ríos Ahora