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La Justicia anuló el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad

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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La resolución fue dictada en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad.

En su fallo, el magistrado sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad, dio a conocer Ámbito.

En el escrito, dio lugar a una presentación de dos padres de niños con discapacidad, quienes argumentaron su presentación a raíz del “estado de incertidumbre provocado por las autoridades ha incrementado significativamente los padecimientos por el riesgo de discontinuidad de los tratamientos que reciben y la falta de certeza acerca de la continuidad de funcionamiento del Sistema de Prestaciones Básicas”.

Asimismo, al presentar el amparo, le advirtieron al juez sobre “un riesgo inminente de interrupción de tratamientos de los niños” por “insuficiencia arancelaria”, a lo que se le agrega “la imposibilidad de los prestadores de mantener la calidad del servicio en esas condiciones”. Ese escenario, constituye una “afectación actual y concreta a la continuidad prestacional de los hijos de los amparistas, generando un potencial daño irreparable a la salud de ambos”.

Tras presentar los argumentos de los padres, el magistrado resolvió hacer lugar al amparo y declarar la invalidez del decreto 534/2025 “reafirmando que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables” y la “obligación de no regresividad establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa. La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.

El fallo ordena que se comunique a la obra social de los menores para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos. Además, impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por el Congreso, pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo. Con esta decisión judicial, el debate se reabre y el Gobierno podría apelar la medida. El caso podría sentar un precedente en materia de control judicial sobre los vetos presidenciales, al tiempo que refuerza el alcance de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

Nacionales

Bronca en Bunge con Caputo porque les madrugó Profertil: Amenazan con no liquidar

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Toto Caputo y Daniel González se metieron un una pelea de pesos pesado que amenaza con complicar la liquidación de la soja. En la conducción del gigante multinacional del comercio de granos Bunge hay bronca con el equipo económico. Entienden que Caputo y su viceministro usaron el poder del Estado para correrlos de la pulseada por Profertil, una empresa absolutamente estratégica para su negocio.

Como reveló LPO, Daniel Gonzalez, viceministro a cargo de la política energética del gobierno, es a la vez director de Adecoagro, la empresa que se quedó con Profertil, la principal productora de urea, el fertilizante ineludible en la producción de soja. La urea se produce con gas, un insumo crítico que regula el propio González desde su cargo. “El conflicto de intereses es clarísimo, está de los dos lados del mostrador”, afirmó a LPO el directivo de una empresa agropecuaria.

Esta semana Nutrien, la multinacional canadiense, acordó la venta de su 50% en Profertil a Adecoagro. Pero en el sector comentan que las ofertas presentadas por Corporación América y Bunge eran superadoras y por algún motivo fueron descarriladas del proceso.

Así, en medio de la crisis del Gobierno por la paliza en las elecciones bonaerenses, Caputo no perdió el tiempo y bajo su mirada se cerró de manera muy opaca uno de los negocios más lucrativos del campo en beneficio de su viceministro. Como era obvio, pasó casi desapercibida en la convulsionada agenda pública.

La transacción altera de un plumazo quién controla una parte esencial de la producción nacional de fertilizantes. ¿Por qué interesaba tanto ese activo? Porque Profertil no es cualquier planta: produce más de un millón de toneladas anuales de urea y cientos de miles de toneladas de amoníaco, y abastece buena parte de la demanda interna de nitrógeno para el cultivo. En la jerga del sector es “la fábrica de fertilizantes” del país. 

El gigante agroexportador era candidato natural para quedarse con Profertil pero, como reveló LPO, el ministro logró que se la quede Adecoagro, empresa que tiene como director a su mano derecha Daniel González.

Para la lógica industrial, integrar la cadena, tener producción de fertilizantes además de comercialización y exportación, aumenta márgenes y reduce riesgos logísticos. Por eso, Bunge era vista por muchos como “candidata natural” para entrar en Profertil: por tamaño, trayectoria y la posibilidad de capturar valor agregado en toda la cadena. 

La venta forzada de Profertil a Adecoagro, propiedad de una empresa de criptomonedas, convulsionó al sector. “Los más enojados dicen que hay que empezar a frenar la liquidación”, afirmó a LPO un consultor de las grandes empresas del sector.

La razón técnica por la que el viceministro y máximo responsable del área energética, Daniel González, está de los dos lados del mostrador es simple. Profertil produce urea, la urea nace del amoníaco, y para fabricar amoníaco la industria usa gas natural como insumo principal, no solo como fuente de energía sino como materia prima. González es en los hechos el último regulador del gas y quien define los contratos que reciben las industrias.

La planta de Profertil en Bahía Blanca.

La propia planta en Bahía Blanca demanda del orden de 2,5 millones de metros cúbicos de gas por día para sostener su producción. Cuando el gas sube de precio o cuando el abastecimiento es incierto, la cuenta de resultados de la planta se mueve con fuerza. 

Y ahí entra el Estado: el Plan Gas organiza incentivos, contratos y pagos. Es decir, decide quién se queda con que parte del gas que llega desde la cuenca neuquina y, en menor medida, desde la cuenca austral, por la red troncal de gasoductos que también controla el Estado. 

Las empresas del complejo agroexportador están furiosas porque además el paquete mayoritario de las acciones de  Adecoagro está en manos de un grupo vinculado a actores del mundo cripto mediante la firma Tether. No hay que explicar la tortuosa relación del mundo cripto con el gobierno de Milei. “Jugada turbia”, sintetizó un actor importante del agro. 

“Adecoagro responde a intereses del sector financiero, muy alejados del desarrollo del país”, agregó a LPO un empresario del sector. 

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