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La UOCRA alertó sobre la caída de 80.000 puestos de trabajo en la construcción y anunció un plan de lucha territorial

Gerardo Martínez dijo que buscará alianzas con los gobernadores para revertir la paralización de la obra pública.

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El líder del gremio, Gerardo Martínez, dijo que buscará alianzas con los gobernadores para revertir la paralización de la obra pública. Qué dice el informe sindical que revela los números de la crisis.

La industria de la construcción en la Argentina perdió más de 80.000 puestos de trabajo desde diciembre pasado: de los 440.000 trabajadores que había en julio pasado, se redujeron un 11% hasta fines de año, un 18% en enero y un 20% en febrero, y se estima que en marzo “continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída”.

Lo afirma un estudio realizado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, quien anunció a Infobae debido a la crisis del sector iniciará “plan de lucha territorial” y buscará conformar “alianzas programáticas con cada gobernador”.

Según el sindicalista, que es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, “la construcción genera que por cada 100 empleos activos hay unos 30 indirectos que se ven beneficiados por el desarrollo”. “En el mundo, la industria de la construcción es madre de la industria”, dijo.

En el informe elaborado por la UOCRA, al que tuvo acceso Infobae, se destaca que “los 360.000 puestos de trabajo con los que comenzamos este mes continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída, e incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante numero por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo.”

Esos 80.000 puestos (que se perdieron) están estrechamente relacionados con ocupados en obras públicas -agregó-, dado que históricamente alrededor del 25% de los empleos están relacionados con las obras que tienen financiamiento del sector público central y de las provincias”.

El gremio que encabeza Martínez resaltó que “esta situación tan extremadamente seria se produjo ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los organismos internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido”.

Sostuvo que “en la provincias más chicas, muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras obras públicas, son las más afectadas Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero, mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto, como CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán”.

“Estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización”, advirtió el sindicato de la construcción en su informe sobre la crisis del sector.

La UOCRA alertó que la situación provoca un “grave impacto” en la obra social Construir Salud, ya que “pierde mas de un 20% de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones, que en algunos casos superan el 200%, con el agravante que todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días”. “Desde el propio gremio se está apoyando a la obra social para poder mantener su sustentabilidad”, concluyó.

El sindicato de la construcción efectuó el 29 de febrero una importante movilización frente a la Secretaría de Trabajo por la paralización de las obras públicas y la pérdida de fuentes de trabajo, y en particular reclamó por los casi 300 despidos que tuvieron lugar en la empresa Dycasa.

“Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno, que no convoque al diálogo social y que ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, dijo la UOCRA en un documento difundido a fines del mes pasado, en el que anunció que declaró “el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país”.

Pese a la situación crítica de la actividad, la UOCRA firmó el 8 de este mes un acuerdo salarial que contempla un 14% de aumento para febrero, en la continuidad de un esquema de paritarias mensuales que debutó en enero pasado con un 20% de incremento pactado con los empresarios del sector, agrupados en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

El14% de aumento para febreroestá en sintonía con la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que procura que los aumentos no superen el 15% para alinearse con una inflación que comenzó a bajar: en enero llegó al 20,6% y el mes pasado se ubicó en el 13,2%.

Martínez, sin embargo, consideró que no hubo una intención de bajar las pretensiones sindicales para aceptar el tope salarial que busca el Gobierno: “Ese 14% de aumento que se negoció es la realidad de una industria semiparalizada, donde hay empresas endeudadas y al borde del colapso”.

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El peronismo se suma a la movida de Pichetto para remover a Francos por no aplicar la ley de discapacidad

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El bloque que comanda Germán Martínez pidió interpelar y tratar la remoción del jefe de gabinete. Mayans replica la iniciativa en el Senado.

El peronismo se sumó a la jugada del bloque de Miguel Pichetto para debatir la remoción del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso ratificó con dos tercios tras el veto de Javier Milei, publicó La Política On Line.

“El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió, con 2/3 de los votos. Milei promulga la ley, pero no la aplica”, cuestionaron desde el bloque del peronismo en Diputados, donde anticiparon que van a “avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete”.

El bloque presentó un proyecto de resolución que en su artículo 1º pide que se cite a Francos “para ser interpelado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, a los efectos del tratamiento de una moción de censura y/o, en su defecto, la remoción”. 

El texto afirma que la decisión del gobierno de no aplicar la ley de emergencia en discapacidad implica que Francos incumplió sus deberes de funcionario público, “avasallando las facultades del Congreso y atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base de nuestro sistema constitucional”. El artículo 2 establece que “la moción de censura y/o, en su defecto, la remoción del Jefe de Gabinete de Ministros sea resuelta por el pleno” durante la sesión en la que sea interpelado.

El lunes, Pichetto junto a Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot presentaron una moción de censura contra Francos luego de la publicación del decreto 681/25, que suspende la aplicación de la ley de discapacidad y le exige al Congreso que especifique de dónde saldrán los fondos.

“Es nulo de nulidad absoluta, no existe resorte constitucional que contemple la opción de ‘devolver’ al Congreso una ley sancionada, forma parte de la vocación del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente y sin ‘la molestia’ de este Congreso”, sostienen los pichettistas. 

Además de Encuentro Federal, también la bancada de Marcela Pagano propuso este lunes la remoción de Francos. La ex libertaria presentó su propio proyecto junto a sus colegas de Coherencia, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta. “Vamos a fondo”, le dijo a LPO uno de ellos.

Hasta entrada la noche del lunes, los diputados de UP cruzaban mensajes entre sí para definir si se pronunciaban. La primera integrante del bloque peronista en hacerlo fue Victoria Tolosa Paz, quien posteó en Twitter: “Comparto con el bloque Coherencia y Encuentro Federal que el único camino es la moción de censura al Jefe de Gabinete en Diputados. Todos los bloques debemos aplicar el artículo 101 de la Constitución, para la interpelación y censura a Francos”.

Para aprobar su remoción, alcanza con la mitad más uno de los presentes en ambas cámaras. Después de las palizas parlamentarias contra la Casa Rosada, no parece descabellado que la oposición junte los votos suficientes.

De hecho, el interbloque peronista del Senado, liderado por José Mayans, también presentó este martes el proyecto para remover al Jefe de Gabinete. El formoseño conduce una bancada de 34 legisladores y, con reunir 37 voluntades sobre 72, le bastaría para tumbar a Francos. 

Un senador que integró la mayoría de los 39 contra el kirchnerismo al inicio del gobierno de Milei le dijo a LPO que el oficialismo “no puede dejar por escrito que no cumple la ley, hay mil maneras de hacerla cumplir”. “Estamos frente a algo complejo: hace dos años que el gobierno reasigna partidas como quiere y sin presupuesto”, se quejó. 

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