Provinciales
Los gremios estatales, satisfechos con el aumento de Frigerio
Agmer valoró “significativamente” la “continuidad y el fortalecimiento del diálogo” entre representaciones sindicales y el Ejecutivo.
Publicado
hace 2 añosel
La conducción provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) valoró “significativamente la continuidad y el fortalecimiento del diálogo entre representaciones sindicales y el Ejecutivo entrerriano. Diálogo sostenido desde el primer día de la nueva gestión y consolidado durante este tan particular mes de enero. Pocas veces en la historia de nuestra organización las representaciones sindicales se encontraron, a pocos días de iniciar un nuevo año, discutiendo salario. Esto habla, claramente, del esfuerzo de las partes en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas”.
“Sabemos que el contexto económico en el que las argentinas y argentinos estamos es dramático, con una inflación descontrolada y una recesión que se profundiza. La devaluación de diciembre (de la que es responsable el Gobierno nacional) ha sido feroz e implacable frente a los ya vulnerables salarios de las y los trabajadores. En ese contexto, las urgencias y las prioridades pasan por mover hacia arriba los ingresos de las y los asalariados lo más que se pueda y en forma permanente y constante. Cada peso que ingresa debe servir para que sea una angustia menos”, señaló el principal sindicato de los maestros.
Y agregó: “La batería de ajustes de Milei ha puesto los números en un absurdo. El 25% de inflación mensual no solo pone en un desquicio la disputa sino, además, medidas como esas dinamitan el camino del propio gobierno entrerriano, tensionando su propio programa de gobierno. Entendemos que las paritarias de febrero deben partir de la necesidad de encontrar respuestas a la pérdida salarial generada por inflación y de formulaciones que garanticen mecanismos de blanqueo de sumas fijas, de manera de ir sosteniendo la conformación salarial docente, mayormente, con asignaciones remunerativas y bonificables, como viene sucediendo hasta el día de hoy”.
En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) hizo un balance del encuentro de este jueves en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno con el gobernador Frigerio y adelantó que “el salario provincial de enero 2024 se recompone un 18% y se abonará un bono de 25 mil pesos”. Ese bono “no es remunerativo, por lo que no se le aplican descuentos destinados a la obra social y a la Caja de Jubilaciones. Los dos conceptos, el 18% y el bono, también se van a liquidar con el salario de enero a los trabajadores pasivos”.
“Así cierra la Paritaria Provincial 2023. La primera semana de febrero se inician las paritarias 2024 en la que desde ATE, además de discutir la recomposición salarial, llevaremos los demás puntos relacionados con las condiciones laborales de los distintos sectores”, destacó el gremio.
En igual sentido se pronunció el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), que sostuvo: «Este anuncio proponer dar cierre a la pauta salarial 2023, con el compromiso de convocar a la paritaria salarial en los primeros días de febrero».
Efectivamente, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que la paritaria con los estatales está convocada para el próximo 1° de febrero.
A su turno, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, resaltó la actualización de la base de cálculo para el aumento salarial y señaló que existe “una gran diferencia entre un 18% con base en junio y un 18% con base en diciembre”. También explicó que, en el caso de los trabajadores con menores ingresos, esa suba más la asignación fija de 25 mil pesos, representa un incremento de hasta 30%. Valoró que en febrero se abra la paritaria. “No es lo ideal, pero es lo posible”, expresó al respecto.
Resaltó la modificación de la base de cálculo y comentó que esto se logró “tras una discusión y una negociación importante”. Comentó que “se venía tomando como base el salario de junio y la inflación evidentemente había destruido ese salario”. En ese sentido afirmó que “un 18% de junio no tiene absolutamente nada que ver con un 18% en diciembre”.
También se refirió a la cifra fija de 25 mil pesos que el Gobierno otorgará a todos los trabajadores como refuerzo especial de canasta escolar, pero que también abarcará a los jubilados. “Este último punto era una inquietud para nosotros porque, en general, a una suma fija sin aportes el jubilado no la percibe. Sin embargo, creemos que no se puede dejar afuera a quienes cobran una jubilación mínima de la Caja de Jubilaciones de la provincia, porque no se encuentran en una situación de no necesitar ese dinero”, subrayó.
Allende resaltó que durante el encuentro se ratificara el inicio de las paritarias en febrero y aseguró que en ese ámbito “no sólo se abordará el tema salarial sino también daremos la discusión respecto a qué administración pública queremos y cómo la queremos”.
Asimismo se acordó “trabajar conjunto Gobierno y sindicatos para que el Estado sea mucho más eficiente, que haya muchos más controles, que los ingresos se realicen como corresponde, mediante concursos y con las capacitaciones correspondientes, y priorizando a quien ya viene desempeñándose en el Estado para cualquier tipo de cargo jerárquico que se abra a través de vacantes”, señaló. Y agregó: “Y si se puede ahorrar ese cargo porque a lo mejor quien gana ese concurso puede ser factible de no ser reemplazado, hay un ahorro del Estado que se va a volcar en la misma masa salarial, para ir logrando un trabajador del Estado mucho más eficiente y con sueldos acordes a su tarea”.
“Es una decisión tomada por el Gobierno en la que hemos participado, charlado y acordado, con una política que va a estar ajustada a los ingresos de la provincia. Porque de qué vale un acuerdo salarial que no se pueda cumplir en lo efectivo, o que paguen en tramos porque no hay fondos suficientes, entonces terminás cobrando el sueldo un mes y medio después, y la inflación deterioró ese aumento que te dieron”, sostuvo el titular de UPCN.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) consideró que la propuesta salarial para el mes de enero “consiste en una recomposición del 18% tomando como base de cálculo el mes de diciembre del 2023, más un bono de $25,000 por persona. El mismo es no remunerativo y no bonificable. Además se anunció que las paritarias salariales comenzarán formalmente el 5 de febrero de corriente año”.
El titular de Amet, Andrés Besel, hizo hincapié en lo referente a los fondos para la educación técnico profesional, que cuenta para su financiamiento a través del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) y cuyo origen de los recursos es la Ley N° 26058, que ha establecido para las escuelas técnicas, agrotécnicas, y centros de formación profesional, y el programa para el fomento de la carrera de enfermería (Pronafe).
“En ese sentido el Gobernador mostró su preocupación para que los fondos que vienen a nuestras escuelas se sigan manteniendo, para lo cual se comprometió a seguir trabajando en la gestión de estos a los efectos de que los proyectos de las escuelas y de la jurisdicción no sufran las consecuencias de la quita o achique de las partidas enunciadas por el Gobierno Nacional. En ese sentido queremos destacar que también se pronunció sobre la necesidad de plantear, si fuera necesario, ante de poder judicial las acciones necesarias para que se respete los financiamientos establecidos por ley como es el caso de los fondos específicos para la ETP”, señalaron desde Amet.
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Provinciales
Rechazan reclamo salarial del juez Baridón
Publicado
hace 7 horasel
12 de septiembre de 2025
El Poder Ejecutivo rechazó el reclamo de pago de una diferencia salarial a favor del juez Marcelo Javier Baridón, integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, un litigio que encararon varios miembros del Poder Judicial pero que se encontraron con el mismo revés: el Gobierno no reconoce adeudar diferencia alguna por aplicación de la Ley de Emergenia que estuvo vigente durante la última pandemia de coronavirus, en cuyo lapso se suspendió la aplicación de acuerdos salariales en paritaria y también la Ley de Enganche de los judiciales.
Un dictamen de Fiscalía de Estado se apoya en un decreto del año 2023 del Ministerio de Economía «en el marco del cual los diferentes estamentos del Poder Judicial y representantes gremiales del sector, luego de haber analizado la proyección presupuestaria y financiera, acordaron con el Poder Ejecutivo un incremento total y remunerativo del 24% para personal del Poder Judicial, porcentaje que se liquidó por un código separado y escalonado: 8% con los
haberes de octubre de 2023, 16% con los haberes de noviembre de 2023 y 24% con los haberes de diciembre de 2023. Dicho incremento del 24% se integra a la base del salario sobre los que se calcularán futuros aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2024 (Artículos 1º y 2º). Ergo, no hay mandato legal del Estado Entrerriano para restituir el 25,57%, ni mucho menos retroactivo, porque no existe deber expresado en norma alguna, ni tampoco compromiso asumido en ningún acto administrativo».
El planteo de Baridón corrió la misma suerte que el resto de las presentaciones individuales o coletivas del Poder Judicial.
En julio último se había conocido la decisión del Poder Ejecutivo de rechazar un planteo hecho en 2023 por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se “devuelva” a los empleados de la Justicia y también del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos la diferencia salarial entre lo que fijó la Corte por imposición de la Ley de Enganche y los incrementos que otorgó el Gobierno durante la vigencia de la Ley de Emergencia a lo largo de la pandemia de coronavirus.
A ese planteo se habían sumado la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, la Asociación Judicial de Entre Ríos y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN): pedían que se analice la posibilidad de “devolverles a agentes y funcionariado del Poder Judicial entrerriano y del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos” los incrementos salariales otorgados por las acordadas de la Corte Nº 24/20 (10%), Nº 40/20 (10%), Nº 3/21 (7,5%), Nº 9/21 (10%) y Nº 9/21 (9%) conforme la denominada Ley de “Enganche” Nº 10.068, durante el plazo en que estuvo vigente la Ley de Emergencia Provincial Nº 10.806.
En sus presentaciones, señalaron que durante la emergencia, desde el 1° de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, los aumentos otorgados por la Corte ascendieron al 55,96%, mientras que los aumentos que el Poder Ejecutivo le otorgó al Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas fue solamente del 24,2%, por lo que resultaría una diferencia a su favor de 25,57%. Plantearon en sus escritos que, una vez finalizada la vigencia de la Ley de Emergencia Provincial, no les fue restituida esta diferencia.
En realidad, aún con esa posición y los dictámenes a favor de la constitucionalidad de la Ley de Emergencia y de la restricción a las paritarias durante la pandemia, lo cierto es que a finales de 2022 hubo un acuerdo y el Gobierno «devolvió» parte de esa quita con la restitución a los judiciales de un 24%. Fue una restitución gradual.
La constitucionalidad de aquella Ley de Emergencia fue refrendada por pronunciamientos judiciales, y así el decreto N° 1.339, del 12 de junio último que rechazó la pretensión del STJ, cita que en 2021 en la causa “Asociación Judicial de Entre Ríos – AJER – c/Estado Provincial y Otra s/Acción de Inconstitucionalidad” se sostuvo que “la detracción que sufrieron los haberes no resultó confiscatoria ni desproporcionada, que no implicó una violación al artículo 17º Constitución Nacional, que las disminuciones fueron para el futuro y sin ocasionar una alteración sustancial del contrato de empleo público y que la aplicación de los Artículos 4º, 6º y 10º de la Ley Nº 10.806 que no ha conculcado las garantías y derechos constitucionales, que su aplicación sobre los haberes de actividad o previsionales no contrarían disposiciones superiores del ordenamiento jurídico constitucional”.
Además, un dictamen de la Fiscalía de Estado planteó que durante la vigencia de la Ley de Emergencia –en la administración del exgobernador Gustavo Bordet- quedaron suspendidas los mecanismos de actualización salarial. El decreto cita lo que señaló Fiscalía en el sentido de que “mediante Ley Nº 10.806, denominada ´Ley de Emergencia´, se estableció – entre otras estipulaciones – que durante su vigencia y su prórroga si la hubiere, queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance a los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, quedando sujetos a los incrementos que dispusiere el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias a celebrarse”.
Así, el Poder Ejecutivo dictó los decretos Nº 174, del 24 de febrero de 2021, y Nº 1805, del 15 de julio de 2021. Por el primero de ellos, otorgó a partir del 1º de febrero de 2021, un 15% de incremento aplicable sobre los haberes correspondientes al mes de septiembre de 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 10.806, ello para el escalafón judicial y Tribunal de Cuentas. Por el segundo de los citados decretos, el Poder Ejecutivo otorgó a partir del 1º de julio de 2021 un 8% de incremento, aplicable sobre los haberes correspondientes al mes de febrero de 2021, ello para el escalafón judicial y Tribunal de Cuentas. “Es decir que ambos decretos concretaron la norma del artículo 10º de la Ley de Emergencia que dispuso la suspensión del mecanismo de actualización y en su reemplazo estableció incrementos otorgados por el Poder Ejecutivo en el marco de paritarias”, señala la norma.
El dictamen de Fiscalía de Estado abunda en más argumentos y añade que “el artículo 10º de la Ley de Emergencia Nº 10.806 es harto elocuente al suspender todo mecanismo de actualización de los haberes instituido por cualquier normativa, por lo que tanto los haberes del escalafón magistratura, funcionariado del Poder Judicial y Tribunal de Cuentas de Entre Ríos quedaron alcanzados por los efectos de dicha suspensión. Por tal razón, en principio, no existe deber legal del Estado Provincial de abonar diferencias de incrementos entre los consagrados por las sucesivas acordadas de la Corte (Ley de Enganche) y los establecidos por decreto del Poder Ejecutivo Provincial durante todo el plazo en que la Ley Nº 10.806 estuvo vigente”.
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