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Lugones anunció un aumento sólo para los residentes del Garrahan y los gremios advierten: “Nos quieren dividir”

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ATE denunció que el 90% de los trabajadores del hospital quedan afuera del ajuste y anticipan que en la asamblea del martes se debatirá un nuevo paro y otra movilización.

Las autoridades del Hospital Garrahan, que dependen del ministro Mario Lugones, anunciaron un aumento salarial para los médico residentes, presionados por un conflicto que penetró en la opinión pública y el gobierno no logró desvirtuar con sus habituales acusaciones de “ñoquis” . 

El incremento sube el salario a 1.300.000 pesos desde el 1 de julio, desde los 790 mil pesos que cobraban, lo que los ubicaba en caso de tener una familia tipo, por debajo de la línea de pobreza. 

“Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos”, afirma el comunicado de la administración del hospital, que intenta alinearse al relato libertario, pero no puede evitar vincularlo con los paros. 

El problema es que la medida alcanza a una proporción menor de los trabajadores del hospital. La Junta Interna de ATE comunicó que la suba salarial solo para residentes excluye a más del 90% de los empleados del Garrahan y por eso “lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”.

“Hace muy poco pretendieron ilegalizar por decreto las huelgas. Tan solo unos días después, una huelga indefinida los pone contra las cuerdas y deben anunciar concesiones”, continuó ATE en su comunicado.

En efecto, el ajuste no incluye a todos los médicos ni a enfermeros, técnicos en imágenes y otros trabajadores del hospital. 

ATE denunció que con este anuncio el ministro Lugones busca “dividirlos” y anticiparon que el próximo martes se definirá en una asamblea las próximas medidas. 

En la asamblea de este martes participarán personal de planta permanente, contratados y residentes para definir los pasos a seguir y aceptar o rechazar el anuncio del gobierno.

El Gobierno intentó disfrazar el vaciamiento del Garrahan, del que ya se fueron meas de 200 médicos, como parte de un proceso de “limpieza estructural” y celebró que “la implementación del sistema biométrico de control de asistencia”. Se trata de un sistema que costó más de 100 millones de pesos y tiene todo el aspecto de un negociado.

Como sea, uno de los delegados del Garrahan comentó a LPO que puede pasar en la asamblea del próximo martes. “No sabemos si los residentes van a aceptar o no, pero los residentes son una parte ínfima del conjunto de los trabajadores del hospital. No representan ni menos del 7%”, señaló. 

“El martes vamos a hacer la asamblea y es muy probable que se acuerde seguir con el paro y convocar a una movilización grande”, agregó. 

El delegado reprochó al Gobierno que “en lugar de dar una respuesta al problema concreto salarial traten de tergiversar y poner en discusión cuestiones que no están hoy en día en discusión. Nadie está yendo al paro porque pusieron un lector biométrico, el paro se está yendo porque se cobra un salario inicial por debajo de los 800 mil pesos, se están yendo los profesionales y quedan servicios descubiertos y porque está limitando la atención en el hospital”. 

“Entonces cuando las razones son tan evidentes, tan obvias, aparece este comunicado que sacó el gobierno y la dirección del hospital, que parece que lo escribió el Gordo Dan. Es un verdadero papelón”, concluyó.

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Bronca en Bunge con Caputo porque les madrugó Profertil: Amenazan con no liquidar

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Toto Caputo y Daniel González se metieron un una pelea de pesos pesado que amenaza con complicar la liquidación de la soja. En la conducción del gigante multinacional del comercio de granos Bunge hay bronca con el equipo económico. Entienden que Caputo y su viceministro usaron el poder del Estado para correrlos de la pulseada por Profertil, una empresa absolutamente estratégica para su negocio.

Como reveló LPO, Daniel Gonzalez, viceministro a cargo de la política energética del gobierno, es a la vez director de Adecoagro, la empresa que se quedó con Profertil, la principal productora de urea, el fertilizante ineludible en la producción de soja. La urea se produce con gas, un insumo crítico que regula el propio González desde su cargo. “El conflicto de intereses es clarísimo, está de los dos lados del mostrador”, afirmó a LPO el directivo de una empresa agropecuaria.

Esta semana Nutrien, la multinacional canadiense, acordó la venta de su 50% en Profertil a Adecoagro. Pero en el sector comentan que las ofertas presentadas por Corporación América y Bunge eran superadoras y por algún motivo fueron descarriladas del proceso.

Así, en medio de la crisis del Gobierno por la paliza en las elecciones bonaerenses, Caputo no perdió el tiempo y bajo su mirada se cerró de manera muy opaca uno de los negocios más lucrativos del campo en beneficio de su viceministro. Como era obvio, pasó casi desapercibida en la convulsionada agenda pública.

La transacción altera de un plumazo quién controla una parte esencial de la producción nacional de fertilizantes. ¿Por qué interesaba tanto ese activo? Porque Profertil no es cualquier planta: produce más de un millón de toneladas anuales de urea y cientos de miles de toneladas de amoníaco, y abastece buena parte de la demanda interna de nitrógeno para el cultivo. En la jerga del sector es “la fábrica de fertilizantes” del país. 

El gigante agroexportador era candidato natural para quedarse con Profertil pero, como reveló LPO, el ministro logró que se la quede Adecoagro, empresa que tiene como director a su mano derecha Daniel González.

Para la lógica industrial, integrar la cadena, tener producción de fertilizantes además de comercialización y exportación, aumenta márgenes y reduce riesgos logísticos. Por eso, Bunge era vista por muchos como “candidata natural” para entrar en Profertil: por tamaño, trayectoria y la posibilidad de capturar valor agregado en toda la cadena. 

La venta forzada de Profertil a Adecoagro, propiedad de una empresa de criptomonedas, convulsionó al sector. “Los más enojados dicen que hay que empezar a frenar la liquidación”, afirmó a LPO un consultor de las grandes empresas del sector.

La razón técnica por la que el viceministro y máximo responsable del área energética, Daniel González, está de los dos lados del mostrador es simple. Profertil produce urea, la urea nace del amoníaco, y para fabricar amoníaco la industria usa gas natural como insumo principal, no solo como fuente de energía sino como materia prima. González es en los hechos el último regulador del gas y quien define los contratos que reciben las industrias.

La planta de Profertil en Bahía Blanca.

La propia planta en Bahía Blanca demanda del orden de 2,5 millones de metros cúbicos de gas por día para sostener su producción. Cuando el gas sube de precio o cuando el abastecimiento es incierto, la cuenta de resultados de la planta se mueve con fuerza. 

Y ahí entra el Estado: el Plan Gas organiza incentivos, contratos y pagos. Es decir, decide quién se queda con que parte del gas que llega desde la cuenca neuquina y, en menor medida, desde la cuenca austral, por la red troncal de gasoductos que también controla el Estado. 

Las empresas del complejo agroexportador están furiosas porque además el paquete mayoritario de las acciones de  Adecoagro está en manos de un grupo vinculado a actores del mundo cripto mediante la firma Tether. No hay que explicar la tortuosa relación del mundo cripto con el gobierno de Milei. “Jugada turbia”, sintetizó un actor importante del agro. 

“Adecoagro responde a intereses del sector financiero, muy alejados del desarrollo del país”, agregó a LPO un empresario del sector. 

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