El jueves 18 de diciembre de 20204, el Gobierno consiguió cerrar  un acuerdo paritario salarial para los agentes de la Administración Pública. Aunque sólo uno de los dos sindicatos firmó la paritaria: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que es el gremio mayoritario; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), si bien había adelantado su voto positivo, finalmente dio un portazo y no firmó.

Aquel acuerdo -continuidad de la negociación que se había cerrado en julio del año último- incluyó una actualización en las asignaciones familiares en un 40 %, a pagarse en dos tramos, y el cambio de la base de cálculo a octubre, pago retroactivo, y un nuevo cambio de base a enero, en febrero de 2025. También se dispuso una suba del 40 % los códigos 35 y 41 en los haberes de los trabajadores del Iafas, y su posterior actualización por índice de precios al consumidor.

Como ATE no firmó el acuerdo paritario, el Gobierno no lo coparticipó del aporte solidario que realizan todos los trabajadores de la Administración no afiliados, contemplado en el artículo 92° de la Ley N° 9.755 del Régimen Jurídico Básico:  se trata de un aporte del 0,5% en forma mensual hasta la próxima reunión paritaria.

El decreto N° 2.294, del 1° de septiembre, ratifica un convenio firmado entre ATE y el Ministerio de Gobierno que pone fin a un litigio judicial luego de que el Poder Ejecutivo decidiera no coparticipar a ese sindicato de aquel aporte solidario.

En efecto,  en diciembre de 2024 se iniciaron nuevas negociaciones paritarias que culminaron con la suscripción del acta acuerdo del 18 de diciembre del año último, firmada solo por los representantes de UPCN, «no así de ATE, debido a que se retiraron de las negociaciones», dice la norma de principios de este mes. En ese contexto, «se incorporó la cláusula décima, que estableció ´ratificar el acta del 22 de julio de 2024, en lo que respecta al artículo 92 de la ley 9755 sólo para la entidad firmante del presente acuerdo´. Es decir, solo para UPCN sería el aporte solidario de los no afiliados beneficiados por el acuerdo salario, excluyendo a ATE.

El gremio que conduce Oscar Muntes presentó el 26 de diciembre un reclamo administrativo para que «se deje sin aplicación lo establecido en la referida cláusula, lo que fue rechazada mediante resolución N° 0042» de la Secretaría de Trabajo. En ese contexto, Trabajo homologó el acta paritaria del 18 de diciembre del 2024, y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de febrero del 2025.

Entonces ATE demandó judicialmente al Gobierno por «práctica desleal» y solicitó el pago de las sumas retenidas luego de la paritaria 2024, que tramitó en el Juzgado Laboral N° 4, de Paraná. El 7 de agosto de 2025 se celebró audiencia de conciliación, mediante la cual se concertó un cuarto intermedio, instancia en la que ambas partes realizaciones «concesiones» a sus respectivas demandas.

Y así, dice el decreto N° 2.294, «en resguardo del erario y del respeto a la armonía del procedimiento administrativo aplicable a las negociaciones paritarias, y en coordinación con la Fiscalía de Estado», el titular de Trabajo, Manuel Troncoso, firmó un acuerdo conciliatorio con ATE «en virtud del cual, sin reconocer hechos ni derechos y con el único fin de evitar la
continuación de cualquier situación litigiosa referida a la procedencia del reclamo», ofreció pagar la suma total de $130.677.167,79 «en concepto de aporte solidario previsto normativamente en el artículo 92° de la Ley 9.755, correspondiente a los haberes de diciembre del 2024».

Ese monto, agrega la norma publicada este lunes en el Boletín Oficial, «se encuentra retenida por la Tesorería General de la Provincia, y resulta disponible para el caso que se ordene su pago por la autoridad judicial y/o administrativa pertinente»; y se convino que a aquella suma acordada «se adicionará la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina desde el 20 de febrero del 2025, es decir, desde la fecha de la homologación del acuerdo paritario del 18 de
diciembre del 2024». Y se pactó «que el pago de la correspondiente tasa retributiva por el servicio de justicia quedará a cargo del Estado Provincial, mientras que los honorarios de los letrados resultantes del proceso judicial serán soportados por su orden».

Entre Ríos Ahora