La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) expresó su “profunda preocupación” por la muerte violenta de una persona ocurrido en Libertador San Martín -a 50 kilómetros de Paraná, en el departamento Diamante- el jueves 27 de febrero, luego de ser detenida por la Policía y llevada a la Jefatura de Diamante.

Hay cuatro  cuatro policías implicados en el caso de «torturas seguida de muerte» a un hombre en Libertador San Martín que están con arresto domiciliario por 15 días. Este viernes 14 será la audiencia para revisar la medida, según lo que dispuso el juez de Garantías de Diamante Jorge Barbagelata Xavier en la audiencia del sábado 1º.

Guillermo Ramírez, 38 años, desde hace 5 años aproximadamente con residencia en Libertador San Martín, estaba el jueves 27, cerca de las 20, en una plaza pública cuando un grupo de personas alertó a la Policía de supuestas exhibiciones obscenas.

Ramírez fue llevado a la dependencia policial aunque ahora se investiga cómo fue que en ese procedimiento encontró la muerte. Por el hecho, están implicados cuatro agentes de la Policía: Rubén Darío Ricle, Fernanda María Eugenia Toffoli, Mariana Vanina Cepeda y Jonathan Exequiel Vera. De acuerdo a la apertura de la causa que formularon las fiscales Romina Blasich y Micaela Calgaro, en las actuaciones “para establecer formas y circunstancias en que falleciera Guillermo Enrique Daniel Ramírez”, a los cuatro se les reprocha el delito de torturas seguida de muerte.

Los cuatro funcionarios judiciales ya designaron abogados: el exfiscal Ricardo Temporetti representa a Vera; Eduardo Gerard asumió la defensa de Cepeda y de Toffoli, y Nicolás Bronde, de Ricle.

Desde los Organismos de Derechos Humanos expresaron “solidaridad con familiares y amigos de Guillermo Ramírez, quien falleció en custodia policial el 27 de febrero cuando fue detenido por personal de la Policía de Entre Ríos en la ciudad de Villa Libertador San Martín, Departamento Diamante”.

“Un nuevo hecho, con el peor desenlace, tiene a la policía provincial como interviniente y configurando un gravísimo caso de violencia institucional en donde cuatros funcionarios policiales intervienen en la detención de Guillermo cuyo cuerpo, según informe preliminar de autopsia trascendido, presenta múltiples lesiones en la cabeza, cara, tórax, fractura de costillas, miembros inferiores y superiores, infiltrados hemorrágicos y estimando como causa de muerte, la asfixia mecánica”, señaló la Rodher.

Y agregó: “La situación nos remonta inevitablemente al caso de Ariel Goyeneche, que tuvo lugar en Paraná hace poco más de un año. Ariel, también de 38 años y transitando una crisis, murió por asfixia mecánica por compresión, en el marco de una intervención violenta de la Policía de Entre Ríos”.

“El respeto irrestricto por los derechos humanos de todos y todas y velar por la vida de los y las ciudadanas entrerrianas debe ser parte constitutiva de la formación de nuestra fuerza de seguridad. Creemos que las actuaciones policiales deben enmarcarse de manera clara y las capacitaciones y protocolos constituyen herramientas que profesionalizan a los funcionarios de las fuerzas policiales, pero estas acciones deben estar acompañadas de una conducción política clara y sin miramientos respectos a estos hechos por lo que reclamamos una actividad robusta de los mecanismos de prevención, protección, control y erradicación de todo tipo de apremios ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme los compromisos internacionales asumidos”, dijeron.

Y exigieron “a las autoridades gubernamentales que de una vez por todas se emita un mensaje público que rechace y sancione este tipo de prácticas, que no las trate de “excesos” y comprenda la gravedad que significa esta escalada de violencia institucional que estamos viviendo en la provincia que expone no solo a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad que cometen estos delitos, que tarde o temprano, serán juzgados”.

Entre Ríos Ahora