El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) expresó su “preocupación” por la posibilidad de que el Gobierno Nacional disponga por decreto la desregulación de las prestaciones para personas con discapacidad.
La administración del presidente Javier Milei tiene entre manos una iniciativa, que aplicaría desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral. De ese modo, cada organismo financiador determinará, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, lo cual, señalan desde Iosper, “propicia un sistema fragmentado y desigual”.
En ese marco, apuntaron que el accionar “ataca los derechos de las personas con discapacidad”, por lo que se expresaron que hay que “proteger el acceso del colectivo a los servicios que necesitan las personas con discapacidad”.
Para el directorio Iosper “es deber del Estado, a partir de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar la participación y la inclusión de las voces de las personas con discapacidad, sus organizaciones y colectivos, en cada etapa del proceso y es esencial para crear políticas efectivas, justas y sostenibles, ya que no solo asegura el respeto de sus derechos, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones, fortalece la democracia y promueve una sociedad más inclusiva y equitativa”.
“El proyecto, que se presentará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), establece que las prestaciones financiadas por organismos públicos, reguladas por la Ley 24.901, «se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas». Este cambio implicaría que solo quienes puedan costear los servicios tendrían acceso a ellos, dejando desprotegidos a millones de personas con discapacidad que dependen de la cobertura estatal o de obras sociales para recibir atención.
Qué quieren hacer
El proyecto del Gobierno nacional, promovido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), busca eliminar el Sistema Único de Prestaciones Básicas, un nomenclador que establece precios uniformes para obras sociales, PAMI e Incluir Salud, garantizando así el acceso igualitario a los servicios.
La desregulación permitiría que cada organismo financiador establezca el arancel que considere conveniente, generando una marcada desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos.
El proyecto del Gobierno, que lleva la firma del titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, fue cuestionado también en el ámbito legislativo. Varios diputados, incluidos Daniel Arroyo y Gustavo Valdés, presentaron proyectos de ley para reafirmar la vigencia de la Ley 24.901, que actualmente regula estas prestaciones. Este movimiento está acompañado por la firma de Miguel Ángel Pichetto y más de 30 diputados que pidieron al Gobierno que no avance con el DNU, advirtiendo que eliminaría los beneficios actuales del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
Entre Ríos Ahora
Valle Maríahace 1 mes
