Así lo dispuso el juez federal Hernán Viri, en línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y la Procunar, y les trabó embargos de entre 2 y 500 millones de pesos a cada uno. De acuerdo a la investigación, la droga provenía de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y era distribuida en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

El juez Hernán Viri, a cargo del Juzgado Federal de Gualeguaychú, procesó con prisión preventiva a dos hombres y una mujer acusados de integrar una organización criminal que transportaba y comercializaba cocaína, junto a otras dos personas que ya fueron detenidas en el marco de otra investigación. Además, el magistrado les trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir las sumas de 2 millones, 20 millones y 500 millones de pesos cada uno.

La decisión judicial fue en línea con lo solicitado por el responsable de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, Pedro Rebollo, y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona.

De acuerdo a la investigación la organización operó desde, al menos, septiembre de 2024 hasta el 28 de junio pasado, cuando se detuvo a parte de sus integrantes en el marco de una serie de allanamientos, en los que se incautó droga y otros elementos de interés para la pesquisa, precisó el portal Fiscales.gob.ar.

El caso

La pesquisa comenzó en febrero pasado, luego de que personal de la Policía de Entre Ríos detuviera, en un control de ruta, a una mujer que ingresaba a la provincia con estupefacientes que, luego se determinó, tenían como destino la ciudad de Gualeguaychú.

En ese contexto, se incautó el teléfono celular de la mujer. El peritaje efectuado por personal de la Gendarmería Nacional sobre el equipo evidenció contactos con otros números telefónicos de la ciudad de Gualeguaychú y comunicaciones con una persona a la que se refería como “jefe” y/o “señor”.

Así, a instancias del Ministerio Público Fiscal, el juez ordenó una serie de tareas de investigación, que fueron encomendadas a la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de la Gendarmería Nacional Argentina, de las que surgió información sobre el funcionamiento de la organización criminal y la participación de los investigados. De esta manera, se pudo determinar que la droga provenía de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y era trasladada a Gualeguaychú, para ser distribuida en esa ciudad.

En virtud de ello, la fiscalía requirió el allanamiento de siete domicilios ubicados en Gualeguaychú, en la localidad entrerriana de Pueblo Belgrano y en las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Merlo.

Los procedimientos tuvieron lugar el 28 de junio pasado y culminaron con la detención de dos hombres y una mujer. Cuando quisieron apresar al hombre que era señalado como financista y organizador de la organización en su vivienda de un barrio privado gualeguaychuense, este se resistió y le disparó con una pistola Bersa Thunder 380 a un Primer Alférez de la Gendarmería Nacional Argentina.

Asimismo, en el domicilio allanado en Marcos Paz se incautó mercadería de origen o fabricación extrajera que, se presume, sería de contrabando, ya que no se pudo acreditar el ingreso legal país por ningún medio.

Procesamientos

En base a las pruebas recolectadas, el juez Viri procesó a uno de los hombres como coautor del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y transporte agravado, como organizador y financiador de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. También lo procesó como autor de homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio del integrante de la Gendarmería, y encubrimiento de contrabando.

El magistrado también procesó a la mujer y al otro hombre como coautores de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio agravado. Asimismo, a este último imputado también se lo procesó como autor de encubrimiento de contrabando.

Además, el juez embargó al supuesto organizador por la suma de 500 millones de pesos, al otro hombre por 20 millones de pesos, y a la mujer por 2 millones de pesos.

Para así proceder, el juez entendió que estaba demostrado que todos ellos formaban parte de una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de cocaína desde, al menos, septiembre de 2024, y que cada uno de ellos desempeñaba un rol diferente dentro de la organización.

En cuanto a la tentativa de homicidio del gendarme, el juez tuvo por probado el disparo efectuado por el principal acusado. En tal sentido consideró que, durante los allanamientos, el personal de la Gendarmería se identificó “no sólo previo a ingresar a la propiedad, sino también previo a ingresar a cada ambiente de la vivienda” y que “todos los preventores se encontraban vestidos con el uniforme de la Gendarmería Nacional y poseían colocado los chalecos balísticos con el logo que identificaba la fuerza federal”. En tal sentido, el juez agregó que los efectivos habían llegado a la vivienda “con las sirenas y luces/balizas encendidas” por lo que el imputado no podía “ignorar que se trataba de un allanamiento por parte de la Gendarmería Nacional”.

En su resolución el juez destacó que el principal acusado tenía “pleno conocimiento” que la irrupción en su domicilio estaba siendo llevada a cabo por la Gendarmería Nacional. “No debe olvidarse que el imputado, previo a disparar, se levantó de su cama, buscó el arma, la cargó y se dirigió hasta la puerta de su habitación y a un metro de distancia le disparo directo al pecho de una persona que había llegado al lugar con sirena y baliza, gritando en varias oportunidades que era de la Gendarmería Nacional y que se encontraba uniformado y con chaleco antibalas con todas las insignia e identificaciones de la referida fuerza federal”, concluyó el magistrado.

APF