La Justicia de Concepción del Uruguay rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el abogado querellante Mario Arcusin en el marco de la investigación por el delito de homicidio culposo que se sigue contra el dirigente del PRO y extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Enrique Ruiz Orrico. En cambio, accedió a prohibirle la salida del país por un plazo de 90 días y, además, a que fije domicilio en la casa de su madre, en la ciudad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires para así transitar el proceso de tratamiento médico de las secuelas que le dejó el grave accidente que protagonizó el 20 de junio último.

Ruiz Orrico chocó de frente, al cambiar de carril mientras circulaba por la ruta 39, en cercanías de Caseros, en el departamento Uruguay, al Chevrolet Corsa en el que viajaban Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, que murieron como consecuencia del fuerte impacto. Los cuatro se dirigían a trabajar al Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento. En tanto, el exfuncioanrio, que manejaba un vehículo oficial, VW Passat, con 1,2 gramos de alcohol en sangre, salía a esa hora, alrededor de las 5 de la mañana, de un encuentro con amigos y se presume que viajaba hacia Rosario donde ese día el presidente Javier Milei encabezó los actos por el Día de la Bandera.

En la audiencia de este lunes, en la que se rechazaron las peticiones de la querella para que Ruiz Orrico fije domicilio en Concepción del Uruguay y que además se le aplique prisión preventiva, hubo un fuerte cruce entre Arcusin, que representa a las familias de los cuatros jovenes fallecidos, y la defensa del exfuncionario, que integran Félix Pérez y Leandro Monje. «En la audiencia, el defensor Félix Pérez estuvo de acuerdo con mi planteo de que se le aplique prisión domiciliaria. Pero el otro abogado (Monje, NdelR) dijo que lo que yo estaba planteando era de película. Le respondí que me parecía ofensivo lo que señalaba. Al final, el juez no hizo lugar a mi pedido», contó Arcusin a Entre Ríos Ahora.

La resolución la firmó el juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo Ariel Díaz. De acuerdo a lo que adelantó Arcusin en las próximas horas presentará la apelación a la resolución del magistrado, con la cual no acuerda.

El viernes último Ruizo Orrico acudió a una citación para declaración indagatoria ante el fiscal que tramita la causa, Eduardo Santo, de la Unidad Fiscal de Uruguay. Ese día, cuando decidió no declarar, intentó, a la salida de los Tribunales de Concepción del Uruguay, transmitir su pesar a las familias de las víctimas.

Fue tras la audiencia en la que estaba citado a declaración indagatoria y en la que Ruiz Orrico -esposo de la vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, María Evangelinza Bruzzo- se negó a declarar. Casi dos meses después de aquel hecho en el que el exfuncionario embistió de frente al Chevrolet Corsa en el que viajaban los cuatro empleados del Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, al correrse al carril contrario y manejar un vehículo oficial, VW Passat, con 1,2 gramos de alcohol en sangre, pretendió pedir disculpas.

«Cuando salimos de la audiencia, Orrico me habló y me dijo que le transmitiera a la familia su pesar. Le contesté lo que pienso. Me parece que no es lo pertinente. La familia no va a aceptar eso. La familia quiere que se aplique el Código de Procedimientos y el máximo de la pena», contó el querellante particular Mario Arcusin, que representa a las familias de las cuatro víctimas fatales: Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre.

La investigación penal, a cargo del fiscal Eduardo Santo, de la Unidad Fiscal de Uruguay, está caratulada como homicidio culposo agravado, por dos razones: Orrico tenía alcohol en sangre,  y produjo la muerte de más de una persona. La pena máxima que le correspondería es de seis años de cumplimiento efectivo.

Según la descripción del querellante, Orrico llegó a la audiencia con un brazo con un cabestrillo, «totalmente lúcido. Camina perfectamente, responde a las preguntas con total conocimiento, no está perdido, no tiene lesiones notorias. Esto me hace pensar que lo que se argumentaba para que estuviese internado en Buenos Aires, se cae. No hay ningún motivo que le impida quedarse en Concepción del Uruguay», indicó.

La querella irá por un cambio de carátula y reclama que se caratule como homicidio simple, con pena en expectativa de 8 a 25 años de cárcel. Aunque en ese caso, detalló Arcusin, «está el riesgo de que se lo juzgue por juicio por jurado. O acordar un juicio abrevido, con pena de 8 a 10 años. No estamos de acuerdo con el juicio por jurado porque tiene que haber veredicto unánime de todos los jurados. Si no lo hay, se hace otro juicio. Y si en ese segundo juicio tampoco hay veredicto unánime, el proceso se cae y el imputado queda libre».

Entre Ríos Ahora