Nacionales
Se presentó un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal
Publicado
hace 10 mesesel

Dos diputados nacionales del PRO presentaron un propuesta para eliminar el etiquetado frontal en los alimentos. Entienden que confunde a los consumidores “y entorpece el comercio internacional de productos argentinos”.
Los diputados nacionales del PRO, Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, presentaron un proyecto para derogar la Ley de Promoción a la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que rige desde al año 2021, por “confundir consumidores y entorpecer el comercio internacional de productos argentinos”.
“Vamos a derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Es una mala ley, excesivamente paternalista que no sirve, no te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello. Este es el Estado tratando al consumidor no solo como un niño, sino como un niño medio idiota”, expresaron los legisladores a través de un video publicado en X (ex Twitter).
Qué dice el proyecto presentado
“El objetivo del proyecto es la restitución de la libertad de productores y consumidores de alimentos, mediante la derogación del Régimen de Etiquetado Frontal Ley N° 27.642, cuyos objetivos se cumplen de modo más eficaz con la normativa ya vigente en el Código Alimentario en relación a rotulado, comercialización e información”, destaca la iniciativa de Bongiovanni y Fernández Molero.
Y mencionan que “desde un punto de vista económico o financiero el proyecto no tiene costo fiscal, no requiriendo fuente de financiamiento”.
Finalmente, concluyen que los potenciales beneficiarios de esta iniciativa “abarca a productores, exportadores, importadores y comercializadores de los alimentos alcanzados por la Ley N° 27.642, y a sus consumidores”.
Los principales puntos de la Ley de Etiquetado Frontal
La “Ley de Etiquetado Frontal” sancionada en 2021 establece varios puntos clave para proteger la salud de los consumidores y prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición. A continuación, un resumen de sus principales aspectos:
-“Etiquetas claras y veraces”: Los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas deben incluir etiquetas con advertencias sobre excesos de “azúcares”, “sodio”, “grasas saturadas”, “grasas totales” y “calorías”. Estas advertencias deben ser claras y de fácil comprensión para los consumidores.
-“Leyendas precautorias”: Si un producto contiene “edulcorantes”, debe llevar la leyenda “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”. Lo mismo aplica para los productos con “cafeína”, que deben indicar “Contiene cafeína. Evitar en niños/as”.
-“Tamaño de los sellos”: Los sellos de advertencia deben ocupar al menos el 5% de la cara principal del envase del producto.
-“Límites de componentes”: Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio deben ajustarse a los “límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.
-“Publicidad dirigida a niños y adolescentes”: Se prohíbe cualquier tipo de “publicidad, promoción o patrocinio” dirigido a niños, niñas y adolescentes de alimentos con sellos de advertencia, así como el uso de personajes infantiles, animaciones, celebridades y otros elementos dirigidos a este público.
-“Restricciones en establecimientos educativos”: Los productos con al menos un sello de advertencia no pueden ser “ofrecidos ni comercializados” dentro de las instituciones educativas del país.
-“Educación alimentaria”: El Consejo Federal de Educación debe fomentar la “educación nutricional” en los niveles inicial, primario y secundario, estableciendo actividades y contenidos mínimos en los programas educativos.
La ley busca así “reducir la malnutrición” y “prevenir enfermedades crónicas” asociadas a una mala alimentación, garantizando información accesible y protegiendo especialmente a la población infantil.
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Nacionales
Denuncian presuntas irregularidades en las auditorías de Andis en Paraná
Publicado
hace 1 minutoel
11 de septiembre de 2025
Responsables de distintos organismos observaron que las personas con discapacidad que acudieron a las auditorías eran atendidas por jóvenes que no eran profesionales de la Medicina y que se limitaban a registrar los datos filiatorios y los diagnósticos de los beneficiarios. También detectaron que se emitía una constancia de asistencia bajo la firma de “Leandro Peñaloza, cardiólogo”, con un número de matrícula ilegible.
Responsables de distintos organismos presentaron este jueves una denuncia conjunta ante la Justicia federal de Paraná, con el objetivo de que se investiguen presuntas irregularidades que se habrían cometido en el marco de las auditorías de las pensiones no contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En dicha presentación hicieron referencia a la posible falsificación de la firma de un profesional médico.
Como es de conocimiento público, la Andis dispuso auditar las pensiones no contributivas de las que son beneficiarias personas con discapacidad, para lo cual realizó citaciones a evaluaciones presenciales. Una de ellas tuvo lugar entre el 1 y el 8 de agosto en oficinas que se montaron en un hotel céntrico de la capital provincial, para lo cual la Agencia citó a una gran cantidad de residentes en el departamento Paraná. La asistencia a esta convocatoria es condición para continuar percibiendo la pensión y para la inclusión en el programa Incluir Salud.
En aquella ocasión, representantes de los organismos denunciantes observaron que las personas con discapacidad eran atendidas por jóvenes que manifestaban pertenecer a una consultora contratada por Andis, que no eran profesionales de la Medicina y que se limitaban a registrar los datos filiatorios y los diagnósticos de los beneficiarios.
Asimismo, emitían una constancia de asistencia en la que figuraba una firma escaneada y un sello que decía “Leandro Peñaloza, cardiólogo”, con un número de matrícula ilegible. Otras constancias tenían la firma escaneada y el sello de “Dr. Lapentina Claudio, médico”, también con número de matrícula ilegible.
El cardiólogo Peñaloza, según información periodística, es oriundo de la ciudad de Pergamino, denunció la falsificación de su sello en auditorías de pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones y ha manifestado que no posee ningún vínculo con Andis. Por lo tanto, se presume que el mismo delito podría haberse cometido en Paraná.
En consecuencia, los organismos denunciantes solicitaron a la Justicia federal que realice las medidas que se consideren pertinentes para investigar el hecho denunciado, al tiempo que se pusieron a disposición para efectuar las ampliaciones que se consideren necesarias
Efectuaron la presentación, ante el fiscal federal en turno, Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, dependiente del Ministerio Público de la Defensa; Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, representante ante el Consejo Federal de Discapacidad por Entre Ríos; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, profesionales de la División Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, integrante del equipo técnico del Órgano de Revisión, y Diego Vélez, director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).
APF


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