El ex presidente de Enersa, Jorge González, amplió su declaración indagatoria este jueves en el Juzgado Federal de San Isidro. Según pudo saber Análisis, el ex funcionario negó las acusaciones en su contra y pidió que sean citados a declarar los miembros del directorio y los gerentes de la gestión anterior. También explicó su vínculo con los hermanos Tórtul y dijo que los mensajes que lo implican “pueden estar sacados de contexto”.

González está acusado de haber recibido sobornos de parte de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul y también de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa Enersa/Securitas.

En abril fue detenido y alojado en el Escuadrón de Delitos Complejos de Gendarmería, en Buenos Aires. Tres días más tarde, fue llevado al Juzgado Federal de San Isidro para ser indagado, pero optó por abstenerse. En julio pidió ampliar su declaración y este jueves presentó un escrito, pidió su sobreseimiento y aceptó responder preguntas.

La audiencia en San Isidro

En la audiencia estuvieron presentes la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, que lleva adelante la investigación. González se presentó asistido por su nuevos abogados, Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías.

El ex funcionario explicó que en la anterior oportunidad ante la jueza estaba “aturdido, sin saber qué responder y en estado de shock” y que por eso había optado por abstenerse. También dijo que ahora, con nuevos abogados defensores se decidió a declarar “convencido de no haber cometido ningún delito”.

Tras negar las acusaciones en su contra, González manifestó: “Si alguien habló demás, lo hizo a mis espaldas, sin que yo pueda hacerme cargo de esos comentarios”, sostuvo.

El ex presidente de Enersa se refirió a la adjudicación del servicio de seguridad a la empresa Securitas, a la posterior prórroga y a la cesión del contrato a la firma Segar SA. Esos trámites son el eje de la acusación y el supuesto motivo de los sobornos.

González remarcó que el trámite que culminó con la adjudicación del servicio de seguridad comenzó antes de que él asumiera. Hizo hincapié en que el directorio anterior aprobó los pliegos, llamó a licitación y abrió los sobres. Y añadió que el comité de adjudicación descartó la oferta de Prosegur y aprobó la de Securitas, por lo que al hacerse cargo de la empresa él nada más firmó la adjudicación.

“Sólo me limité a culminar un trámite ya resuelto desde antes”, sostuvo. “No existía motivo alguno en el expediente que justificase la no adjudicación a Securitas. Si a ello se le suma que esta empresa ya venía prestando el servicio desde muchos años antes, resultaba más que evidente que era una consecuencia casi natural”, acotó.

Respecto de la prórroga, dijo que también debía entenderse como un trámite más e invocó el principio de confianza: “Si las áreas respectivas aconsejan adoptar una determinada decisión, el órgano directivo no tiene porqué oponerse. Rechazar la prórroga hubiera importado un comportamiento arbitrario”, se defendió.

Y acerca de la transferencia del contrato dijo que se expidieron “en sentido positivo” las gerencias involucradas, informando que los trámites eran viables.

Escuchar a todos

Acto seguido, González mencionó uno por uno a los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora anteriores a su gestión: “Quien ejercía como presidente era Alfredo Muzachiodi, secundado como vicepresidente por Sergio Menéndez y por los directores Hugo Ballay, Carlos Rodríguez y Guillermo Gianello. A su vez, con anterioridad a mi ingreso, la Comisión Fiscalizadora estaba a cargo de José Gervasio Laporte, Julio Rodríguez Signes, Javier Abdala, Lucio Aspillaga y Luis Erbes”, enumeró.

“Cuando yo asumí, se fueron del directorio Muzachiodi y Rodríguez, reemplazado por José Bechara, mientras que en la comisión fiscalizadora siguieron los mismos síndicos que se venían desempeñando con anterioridad. Con mi ingreso al directorio, yo no modifiqué ninguna situación, sino que tan sólo se siguió con la misma línea de trabajo que se venía desplegando”, advirtió.

Luego, pidió que todos ellos sean citados, ante “la necesidad de que vuestra señoría convoque a prestar declaración testimonial a todos ellos, para que brinden precisiones respecto de la intervención personal que les cupo, como también para que digan si les consta algún tipo de actuación irregular de mi persona”.

“Hago especial hincapié en escuchar a todos los gerentes, como también a los miembros de la comisión fiscalizadora, los que precisamente por el rol que ocupaban, debían velar por la legitimidad de todo lo actuado”, añadió.

En otro tramo de su descargo, González insistió que, como presidente, “no tenía por qué estar al tanto de cuestiones que debían ser resueltas en estratos inferiores” e insistió con que él no resolvió nada atinente a Securitas “en forma directa”, sino que siempre fue en reuniones del directorio y “avalado por los estamentos respectivos”.

La relación con Tórtul

El ex presidente de Enersa también brindó precisiones respecto de su relación con Claudio Tórtul. Contó que fue Laporte quien se lo presentó y que mantuvo con él solamente reuniones institucionales y laborales. “Nunca interactué en términos sociales con los Tórtul, ni siquiera un almuerzo”, remarcó. “Sólo tuve contacto con ellos en mi rol de presidente de la empresa y siempre dentro de la empresa”, acotó.

Sí admitió que en una oportunidad Claudio Tórtul fue a su casa porque “como presidente de Enersa debía contar con seguridad”. Securitas proveyó a su barrio privado de un servicio de vigilancia. “Esa visita es la que aparece reflejada en un mensaje de texto”, sostuvo.

“En ninguno de esos encuentros recibí́ suma de dinero alguna. Si alguno de ellos dice o dijo algo distinto, yo lo niego. Yo no recibí dinero de ellos. Yo no recibí dinero de nadie”, manifestó luego.

Respecto de los demás mensajes incluidos en el expediente, González se escudó en que su defensa no tuvo acceso a todo el material analizado. “No puedo decir mucho, ya que podrían estar sacados de contexto”, justificó.

El pedido de renuncia

Gonzaléz recordó que a su regreso a Paraná, después de estar en Córdoba al frente de la empresa distribuidora de energía de esa provincia, Laporte le ofreció la presidencia de Enersa “en nombre de Bordet, junto con el secretario general de Luz y Fuerza, Gustavo Menéndez”.

Asumió en el cargo el 20 de marzo de 2017 y se desempeñó hasta diciembre de 2021, cuando Ballay le hizo saber en su despacho de Casa de Gobierno que por decisión de Bordet se había tomado la decisión de reemplazarlo en el cargo por el contador Ramiro Caminos, que se venía desempeñando como síndico.

“Del mismo modo que no pedí explicaciones cuando me ofrecieron el cargo tampoco pedí explicaciones cuando me informaron que cesaba en mi rol”, indicó. Y contó que se quedó en su cargo de planta como subgerente general operativo, hasta mayo del 2024 cuando dejó la empresa a cambio de una indemnización.