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Tras el golpe de las retenciones, las cerealeras devuelven la gentileza a Caputo y le compran bonos

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Economía logró renovar la deuda en pesos que vencía este viernes, luego de concertar la ayuda de las cerealeras. Los instrumentos dolar linked tuvieron una demanda notablemente alta.

Las cerealeras cumplieron su pacto de caballeros y luego de embolsarse 2.000 millones de dólares gracias a la quita de retenciones a medida que les ofreció Toto Caputo, ayudaran al Palacio de Hacienda a superar con éxito la renovación de deuda en pesos que vencía este viernes. Y de paso hicieron un negocio sobre el negocio.   

Las grandes exportadoras de granos, que ya habían hecho caja con la eliminación de las retenciones, encontraron la forma de prestarle esos mismos pesos al Estado y, al mismo tiempo, cubrirse de la devaluación que todos descuentan tras las elecciones. 

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que adjudicó $7,339 billones en la licitación de este viernes, sobre un total de ofertas por $7,738 billones. El rollover fue de mas del 130%, lo que deja $1,708 billones de financiamiento neto que ya engrosan la cuenta del Tesoro en el BCRA. Entre los instrumentos, se destacaron los dólar linked, cuya demanda fue notablemente alta. 

Esto quiere decir que las emisiones más solictadas fueron las atadas al dólar oficial, con vencimientos el 31 de octubre y el 28 de noviembre, fechas que no son casuales: se ubican justo después de los comicios y antes de que el mercado descuente la inevitable corrección cambiaria. Para los analistas, el mensaje es claro: las cerealeras aprovecharon la ventanilla para blindarse frente al salto del tipo de cambio. 

El negocio es redondo. Primero, vendieron soja “en papel”, financiada con dólares prestados a sus casas matrices a tasas de apenas 2,5%. Con esos dólares liquidados en el MULC obtuvieron pesos. Ahora, colocan esos pesos en bonos dólar linked: si el oficial sube tras las elecciones, el capital queda automáticamente ajustado. Además, perciben una tasa de interés anual de más del 50%. 

El esquema incluye otro beneficio: con la restitución de las retenciones, cuando llegue el momento de cargar los buques y exportar físicamente, podrán descontar nuevamente el 26% de derechos de exportación, dado que la comercialización lo descarga sobre el precio de venta de los productores. 

Para el Gobierno, la licitación fue un éxito. El rollover alto garantiza oxígeno financiero en un contexto en que las necesidades de caja son críticas. El Tesoro consigue fondos, y las cerealeras, miles de millones de ganancia asegurada. 

La contracara es que esta cobertura empresaria confirma lo que el mercado ya descuenta: habrá devaluación después de las elecciones. Las cerealeras no arriesgan al elegir vencimientos justo en la ventana crítica. Y el Tesoro, lejos de disipar esas expectativas, parece convalidarlas con la estructura de deuda que ofrece.

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A & O Shearman, el poderoso estudio de Wall Street detrás de las operaciones de deuda de Toto Caputo

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Este prestigioso estudio de abogados norteamericano asesoró al BCRA en la operación REPO y mantiene en simultáneo un juicio contra el agente fiduciario dela deuda argentina.

Mientras el gobierno suma rescates que disparan la deuda externa a la estratosfera, un jugador discreto se queda junto con los bancos con la parte del peón: los grandes estudios de abogados que estructuran los contratos.

El nombre que vuelve a aparecer en casi todas las operaciones complejas es A & O Shearman, la firma transatlántica nacida de la fusión entre Allen & Overy y Shearman & Sterling, que asesoró a bancos internacionales en las ampliaciones de las operaciones de REPO con el BCRA. 

En la Argentina esa asesoría técnica se articuló, según los comunicados y las presentaciones legales, junto a estudios locales como Bruchou & Funes de Rioja, que actuaron como contraparte doméstica en las mismas transacciones. 

La operación más visible: en junio de 2025 el BCRA amplió en 2.000 millones de dólares sus REPO sobre BOPREAL Serie 1-D, uno de los instrumentos que dispuso el Central, para manejar reservas a una tasa vinculada a SOFR más un spread del 4,5%. 

Esa estructura, y sus condiciones de aforo, fue diseñada y revisada por equipos jurídicos internacionales y locales que luego aparecen también en otras colocaciones del sistema. Ahí está el corazón del problema: la misma ingeniería financiera que sirve para inyectar dólares en el corto plazo también abre un negocio secundario: comisiones, aforos y costos de estructuración que rara vez se detallan en los comunicados públicos.    

Fuentes del sector bancario, operadores de mercado y abogados con conocimiento de las operaciones consultados indican que la clave está en la letra chica: quién define el aforo, cómo se calcula el “haircut” sobre los BOPREAL, y qué comisiones se pagan por la estructuración y la colocación. “Si esos números no se transparentan, el ciudadano y el contralor público solo ven el titular y no el costo real de la operación”, sintetizó una de las fuentes consultadas.  

Los críticos de esta arquitectura indican que gran parte del margen de la operación queda fuera del escrutinio local y termina en los honorarios de bancos y estudios que “intermedian” el acceso al crédito. 

La película tiene un capítulo judicial incómodo para el estudio internacional:  A & O Shearman mantiene un pleito con BNY Mellon por una emisión de pagarés que, según distintos medios de prensa, ronda entre las libras esterlinas 83 y 93 millones. De hecho la corte suprema británica rechazó pedidos de desestimación y la causa sigue su trámite. 

 El litigio de  A & O Shearman  contra BNY Mellon es relevante porque ese banco ha sido durante años el agente fiduciario y pagador en emisiones de la Argentina, el custodio al que el mercado mira cuando se trata de cobrar los cupones y hacer efectiva la cadena de pagos internacional. Su historial como trustee de emisiones argentinas y su papel en conflictos previos como pagos retenidos, órdenes judiciales y controversias, convierten cualquier choque legal con un estudio que opera en la plaza argentina en una señal de alerta.   

 A eso se suma un dato reputacional: la nueva A & O Shearman estuvo en el centro de la polémica pública por acuerdos con la administración de Estados Unidos que incluyen compromisos pro bono muy cuantiosos. En el Congreso norteamericano denunciaron una factura de 125 millones de dólares en servicios legales relacionados con causas apoyadas por el gobierno de Estados Unidos.  

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