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Verón en problemas porque la justicia federal abrió una investigación por lavado a su socio estadounidense

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Marijuán investiga a Foster Gillett por irregularidades en transferencias de jugadores. El acuerdo con Estudiantes, cada vez más lejos. Verón dijo que si no prospera, se va.

El fiscal Guillermo Marijuan abrió una investigación por lavado de dinero a Foster Gillett, el magnate estadounidense que Guillermo Tofoni le acercó a Javier Milei para instalar las SAD y que tiene como principal plataforma de desembarco a Estudiantes de La Plata.

Eso, complica las pretensiones de Juan Sebastián Verón de avanzar rápidamente en un acuerdo con el empresario. Sin un marco legal para la sociedad con Gillett y con los conflictos que empiezan a escalar en la Justicia, en La Plata ven cada vez más lejos un entendimiento.

Por lo pronto, fuentes confiables señalaron que no hay manera de que se haga antes de junio la asamblea de socios que Verón proyectó inicialmente para marzo, a los fines de votar el texto del acuerdo. “Es que no hay nada”, aseguran.

No es un dato menor, ya que Verón ató su continuidad en el club con la firma de ese acuerdo.

“Esto es un proyecto mío. Si no sale, me llevará puesto a mí. El club, como está hoy, no tiene más para crecer. Si no hay acuerdo, yo no tengo ganas de seguir renegando”, dijo el mes pasado el presidente de Estudiantes a Radio Provincia.

Marijuan investigará presuntas irregularidades en transferencias de futbolistas realizadas por Gillett, que ya había sido denunciado por River por “graves perjuicios al patrimonio” del club tras el pase frustrado de Rodrigo Villagra a Estudiantes.

El avance en Comodoro Py de una investigación por lavado disparó alarmas en La Plata. Cerca del club, fuentes consultadas despegan a Estudiantes de los casos investigados por Marijuan pero admiten que el avance de la causa termine por detonar el arribo del magnate al club.

“Esto te obliga a tener un trato jurídicamente perfecto, con el triple de seriedad y transparencia con cualquier papel que se pueda firmar”, señalaron fuentes cercanas al club platense.

Según supo LPO, dentro de la comisión directiva hay quienes creen que Tofoni y los abogados que oficiaron de emisarios de Gillett no dan con la talla para avanzar en un acuerdo serio y leen los movimientos de Tofoni más interesados en arrimar empresarios al proyecto SAD del Gobierno que en darle un marco legal robusto al acuerdo con Estudiantes.

El nexo entre Verón y Gillett fue Tofoni, empresario futbolístico y esposo de la diputada libertaria Juliana Santillán, que anunció que el magnate invertiría USD 150 millones en Estudiantes para consolidar al club “como un referente del modelo SAD en la región”.

Pero, en concreto, no existe a esta altura en La Plata un texto avanzado que detalle la letra fina de una sociedad con Gillett. En Estudiantes hay quienes ya tienen serias dudas de que el magnate ponga ese dinero, sin un instrumento legal que lo habilite a lograr su objetivo, conformar una Sociedad Anónima Deportiva.

Menos probable aún lo ven bajo este nuevo escenario de investigación judicial que se abre en su contra. Aunque sostienen la intención de acordar con inversores y capital extranjero, sostienen que no están dispuestos a “firmar cualquier cosa”.

Y añadieron: “Hay que sentarse a discutir, analizar y ver las mejores condiciones legales para el club. Hoy no está eso”.

Verón mantiene contactos con Gillett, uno de los últimos fue para destrabar la llegada de USD 5 millones poco más de la mitad del préstamo (de 9,7 millones) que el magnate le había prometido.

Nacionales

Bronca en Bunge con Caputo porque les madrugó Profertil: Amenazan con no liquidar

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Toto Caputo y Daniel González se metieron un una pelea de pesos pesado que amenaza con complicar la liquidación de la soja. En la conducción del gigante multinacional del comercio de granos Bunge hay bronca con el equipo económico. Entienden que Caputo y su viceministro usaron el poder del Estado para correrlos de la pulseada por Profertil, una empresa absolutamente estratégica para su negocio.

Como reveló LPO, Daniel Gonzalez, viceministro a cargo de la política energética del gobierno, es a la vez director de Adecoagro, la empresa que se quedó con Profertil, la principal productora de urea, el fertilizante ineludible en la producción de soja. La urea se produce con gas, un insumo crítico que regula el propio González desde su cargo. “El conflicto de intereses es clarísimo, está de los dos lados del mostrador”, afirmó a LPO el directivo de una empresa agropecuaria.

Esta semana Nutrien, la multinacional canadiense, acordó la venta de su 50% en Profertil a Adecoagro. Pero en el sector comentan que las ofertas presentadas por Corporación América y Bunge eran superadoras y por algún motivo fueron descarriladas del proceso.

Así, en medio de la crisis del Gobierno por la paliza en las elecciones bonaerenses, Caputo no perdió el tiempo y bajo su mirada se cerró de manera muy opaca uno de los negocios más lucrativos del campo en beneficio de su viceministro. Como era obvio, pasó casi desapercibida en la convulsionada agenda pública.

La transacción altera de un plumazo quién controla una parte esencial de la producción nacional de fertilizantes. ¿Por qué interesaba tanto ese activo? Porque Profertil no es cualquier planta: produce más de un millón de toneladas anuales de urea y cientos de miles de toneladas de amoníaco, y abastece buena parte de la demanda interna de nitrógeno para el cultivo. En la jerga del sector es “la fábrica de fertilizantes” del país. 

El gigante agroexportador era candidato natural para quedarse con Profertil pero, como reveló LPO, el ministro logró que se la quede Adecoagro, empresa que tiene como director a su mano derecha Daniel González.

Para la lógica industrial, integrar la cadena, tener producción de fertilizantes además de comercialización y exportación, aumenta márgenes y reduce riesgos logísticos. Por eso, Bunge era vista por muchos como “candidata natural” para entrar en Profertil: por tamaño, trayectoria y la posibilidad de capturar valor agregado en toda la cadena. 

La venta forzada de Profertil a Adecoagro, propiedad de una empresa de criptomonedas, convulsionó al sector. “Los más enojados dicen que hay que empezar a frenar la liquidación”, afirmó a LPO un consultor de las grandes empresas del sector.

La razón técnica por la que el viceministro y máximo responsable del área energética, Daniel González, está de los dos lados del mostrador es simple. Profertil produce urea, la urea nace del amoníaco, y para fabricar amoníaco la industria usa gas natural como insumo principal, no solo como fuente de energía sino como materia prima. González es en los hechos el último regulador del gas y quien define los contratos que reciben las industrias.

La planta de Profertil en Bahía Blanca.

La propia planta en Bahía Blanca demanda del orden de 2,5 millones de metros cúbicos de gas por día para sostener su producción. Cuando el gas sube de precio o cuando el abastecimiento es incierto, la cuenta de resultados de la planta se mueve con fuerza. 

Y ahí entra el Estado: el Plan Gas organiza incentivos, contratos y pagos. Es decir, decide quién se queda con que parte del gas que llega desde la cuenca neuquina y, en menor medida, desde la cuenca austral, por la red troncal de gasoductos que también controla el Estado. 

Las empresas del complejo agroexportador están furiosas porque además el paquete mayoritario de las acciones de  Adecoagro está en manos de un grupo vinculado a actores del mundo cripto mediante la firma Tether. No hay que explicar la tortuosa relación del mundo cripto con el gobierno de Milei. “Jugada turbia”, sintetizó un actor importante del agro. 

“Adecoagro responde a intereses del sector financiero, muy alejados del desarrollo del país”, agregó a LPO un empresario del sector. 

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