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El Gobierno fijó cambios en las notificaciones a usuarios de tarjetas de crédito

Están relacionados con los resúmenes mensuales de los gastos y los canales de comunicación válidos para enviarlos.

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Están relacionados con los resúmenes mensuales de los gastos y los canales de comunicación válidos para enviarlos. La entidad financiera podrá notificar al usuario a través de una comunicación telefónica, electrónica o similar.

A través del decreto 361/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que no deberá mediar oposición del usuario de las tarjetas de crédito cuando el envío del resumen mensual se realice de forma electrónica.

De esta manera, también indicó que, en el caso de no recibir el resumen, la entidad financiera podrá notificar al usuario sobre sus gastos a través de una comunicación telefónica, electrónica o similar, siempre y cuando se cumpla el cometido.

Desde que asumió la gestión, el oficialismo implementó cambios a los sistemas financieros, por lo que el régimen de las tarjetas de créditos sufrió modificaciones.

De hecho, en el considerando de la norma publicada este viernes, el Ejecutivo menciona que el decreto 70/2023 plantea que “se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”.

En ese sentido, alega que las modificaciones al sistema de plásticos tienen como objetivo “realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándose a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”.

Los cambios aplicados con el mega decreto estaban vinculados a las sanciones que el Banco Central podía llegar a imponer sobre las entidades financieras. A su vez, también estableció modificaciones en el sistema de deudores, conocido como el Veraz, y contempla también la eliminación de la distinción entre tarjetas físicas y virtuales.

De entrada, el artículo 14 del DNU borra nueve artículos de la Ley de Tarjetas que fijaban desde las condiciones de identificación que debe reunir un plástico para ser válido -una habilitación para emitir tarjetas sin titular explícito-, pasando por la forma en que tiene que estar redactado el contrato para la emisión de un plástico nuevo, la eliminación de sanciones para empresas emisoras, la reducción de obligaciones de información y hasta la derogación de la necesidad de informar mensualmente al regulador.

Con respecto al sistema de deudores, se levanta la prohibición de informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” los incumplimientos de sus clientes. De esta manera, el Veraz será de acceso prácticamente libre para los emisores de tarjetas. Cualquier incumplimiento, por pequeño que sea, será conocido de inmediato por toda la industria financiera, lo que podría generar dificultades para los usuarios en caso de querer acceder a alguna otra tarjeta de otro banco.

El mega decreto también modificó la redacción vieja de la Ley que establecía que el emisor era de los plásticos podía ser una “entidad financiera, comercial o bancaria”, mientras que ahora el emisor puede ser “la entidad, de cualquier naturaleza, en tanto se encuentre previsto dentro de su objeto social, que emita Tarjetas de Crédito”. Así, permiten que más jugadores entren al sistema de tarjetas.

En otro punto, el DNU reemplaza el viejo artículo 15 que limitaba las comisiones que pueden cobrar a comercios y que regulaba las diferencias que podía hacer entre comercios del mismo rubro. También, ponía tope a los descuentos que puede aplicar a los comercios que cobran con tarjeta y al plazo en que debían pagarles. Todo ese texto desaparece y se reemplaza por otro que sólo obliga a los emisores a informar la tasa de financiación. Esto es un gran cambio para comerciantes.

El texto modificó también la regulación para los intereses punitorios. La ley establecía un tope del 50% por sobre la tasa de financiación. Ese tope desapareció, ya que los los emisores podrán cobrar los punitorios que quieran a los usuarios. La única condición es que no podrán capitalizar esos intereses.

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La motosierra pasó en abril por el gasto social, las provincias y la obra pública

El rubro más importante, las prestaciones sociales, tuvo un incremento nominal del 221% respecto de igual mes del 2023, pero con una inflación transcurrida del 289% durante el período.

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El rubro más importante, las prestaciones sociales, tuvo un incremento nominal del 221% respecto de igual mes del 2023, pero con una inflación transcurrida del 289% durante el período.

A pesar de que luego de marzo comenzó a haber una mayor ejecución presupuestaria, el Gobierno mantuvo la motosierra sobre el gasto primario. El mes pasado se consumieron $6,5 billones, con un incremento nominal de 197% y una caída real de algo más del 24%.

El principal rubro del mismo, que son las prestaciones sociales, alcanzaron los $3,85 billones, lo que implicó un crecimiento nominal del 221,5% respecto de igual período del año pasado. Esto marcaría una caída real de más del 25%. Hya que recordar que, de acuerdo con el INDEC, la inflación transcurrida en los últimos 12 meses fue de 289,4%.

Por otro lado, el rubro gastos de funcionamiento registró erogaciones por algo más de $1 billón, con un incremento nominal de $220,1%, mientras que el tercer capítulo de mayor importancia, los subsidios económicos, tuvieron gastos por $952.583 millones, una cifra que es superior nominalmente en 220,1%.

En cuarto lugar. aparecen las transferencias a las universidades, en un mes donde hubo una crisis y denuncias de retiro del financiamiento a la educación superior. El Gobierno destinó $215.956 millones, lo que marcó un incremento nominal de sólo el 182%, y resultó ser uno de los más impactados por el recorte.

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